En noviembre de 2018 el Tribunal de Cuentas condenó a pagar 4,9 millones de euros (más impuestos) a los exmiembros del Gobierno Artur Mas, Joana Ortega, Francesc Homs, Irene Rigau y los altos cargos de la Generalitat Lluís Bertrán, Josefina Valls, Ignasi Genovès, Jordi Vilajoana, Jaume Domingo y Teresa Prohías por la organización del 9-N. Siete años después de la consulta, los responsables todavía pagan las consecuencias, con bienes embargados y una vida detenida por las inhabilitaciones.
En una entrevista este martes en TV3, la exconsellera Irene Rigau ha relatado la dureza de estas sentencias para ellos y sus familias y ha asegurado que forma parte de la estrategia del Estado para intentar "bajar la llama del independentismo". Nos hemos hipotecado. Sáenz de Santamaría ya avisó de que lo pagaríamos. Quieren asustar a las familias para que nadie se implique en política y la gente deje de sentirse implicada en este proyecto. Es un aviso para navegantes", ha lamentado.
La Caixa de Solidaritat ha pagado unos dos millones de la condena y el resto ha sido aportado por bienes de los condenados. La sentencia detalla que, más allá de que Mas sea el responsable último por los casi cinco millones, cada uno de los condenados es considerado responsable directo de determinadas cantidades en función de las atribuciones y responsabilidades que asumieron con motivo del 9-N. En este sentido, Rigau ha hecho un llamamiento a seguir llenando la Caixa de Solidaritat, que también ha cubierto buena parte de las sanciones de los presos políticos del 1-O.
"Hemos de estar muy agradecidos a todos los servidores públicos que pisan terreno que no es firme y toman responsabilidades", ha indicado.
Imagen: Irene Rigau, Artur Mas y Joana Ortega / Sergi Alcàzar
"Venganza"
El Tribunal de Cuentas persigue varios casos relacionados con responsables del procés y Rigau ha avisado de que forma parte de las herramientas del Estado para perseguir el independentismo. A su entender, utiliza "entidades afines" como Sociedad Civil Catalana o Abogados por la Constitución para atacarlos y lo seguirá haciendo contra los actuales políticos. "El Estado decidió actuar contra nosotros y activó todos sus recursos. Organizar un proceso participativo era competencia nuestra, pero no les gustó el resultado, porque fue mucha gente. Yo no recibí ninguna notificación, pero el Estado lo activó todo. Es la representación del A por ellos", ha asegurado.
Recurso a la sentencia
Los condenados recorrieron la sentencia al Constitucional al considerar que la decisión del tribunal estaba "muy lejos de la imparcialidad" y pretendía ser, por una parte, "un escarmiento" para todos aquellos que llevaron a cabo el proceso participativo del 9-N y, de otra, "un aviso para navegantes" para futuras ocasiones. De momento, sólo se ha resuelto el recurso de Francesc Homs, que ha sido rechazado. De esta manera se agota el recorrido judicial de Homs en España y se abre la puerta al recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), donde previsiblemente llegarán todos los condenados.
Imagen principal: Irene Rigau, Artur Mas y Joana Ortega / Sergi Alcàzar