La exconsellera de Ensenyament y, como se define ella, docente desde los años setenta, Irene Rigau (Banyoles, 1951) nos atiende cerca de su casa en Barcelona, en una cafetería donde dos conocidas se le acercan y le dicen que la vieron el otro día en la televisión y que "gracias por el trabajo". Se refieren a las últimas gestiones que ha hecho Rigau en materia por la lengua, y es que ha sido una de las principales impulsoras del acuerdo entre PSC, ERC, Junts y comuns para modificar la ley de política lingüística con el objetivo de parar el golpe de la obligatoriedad del 25% del castellano en las aulas. Una reforma que se tiene que aprobar previsiblemente a finales de este mes de abril, y que ha despertado críticas principalmente entre los movimientos sociales porque se reconoce el castellano como lengua de uso. Un reconocimiento que Rigau recuerda que siempre ha existido, y que la voluntad de la modificación de la ley no es otra que preservar el modelo de escuela catalana, y hacerlo con una modificación de ley adaptada a una nueva realidad marcada por la injerencia de los tribunales: "Quise hacer un acto de servicio a mi gente, que son los docentes", asegura, y en la entrevista explica la necesidad de preservar la escuela como espacio de convivencia y hacerlo con un máximo consenso político, con el fin de asegurar el modelo de escuela hoy, pero también en el futuro.
¿Después de unos años fuera de la primera línea política, qué la mueve a implicarse en el modelo de escuela catalana?
Soy docente desde el año 70, y me mueve el hecho de ser docente y no el de exconsellera de Ensenyament. Una docente que siempre tuvo una implicación en la enseñanza del catalán y en catalán, tanto en los últimos años del franquismo como también, y de manera especial, los primeros años de la recuperación. Ahora pues he actuado como docente preocupada por la lengua, con una experiencia ampliada de haber sido consellera que me parecía que podía poner al servicio del país. Pienso que existe un desconocimiento profundo de cuál es la situación legal de la lengua catalana en nuestra escuela.
¿En qué sentido?
Se habla como si tuviéramos por ley garantizado que el catalán es la única lengua del sistema educativo, cuando nunca ha sido así. Desde los inicios, con la ley de normalización lingüística del 83, el catalán se consideró la lengua normalmente utilizada, que no exclusiva. Después llegamos al 2006 y nos animamos a hacer una mejora en autogobierno y aprobamos que el catalán es la lengua propia y preferente de Catalunya, pero la sentencia del TC del 2010 anula la condición de preferente y dice que las dos lenguas tienen que tener el mismo trato, lo que quiere decir un 50-50%. En lenguaje pujoliano, fue un autogol. Quisimos dar un paso más y perdimos posición. Poco antes, en el Parlament hicimos una apuesta consensuada entre el PSC, ERC, ICV y CiU para elaborar la ley de educación de Catalunya (2009), para poner que el catalán es la lengua normalmente utilizada y sin excluir el castellano de manera implícita. Esta experiencia de haber trabajado en el consenso es importante tenerla en cuenta en el momento actual. En paralelo a todo ello, fuimos haciendo y llegó el PP y la conocida ley Wert, que obligaba a que toda la enseñanza se tenía que recibir en castellano y también establecía que las administraciones tenían que garantizar enseñanzas en castellano y, si no lo hacía, pagar 6.000 euros a los padres porque tienen derecho a escoger la lengua...
El derecho a escoger la lengua...
En representación del Govern llevé este derecho a escoger la lengua al Tribunal Constitucional, y gané. Quedó claro que no existe, aunque algunas asociaciones actualmente intenten pensar y hacer ver que sí. En aquel tiempo también aguanté presiones del ministro Wert, que quería llevar Catalunya hacia un modelo vasco (escuela en euskera, en castellano o bilingües) aprovechando la sentencia del Estatut, y dejé muy claro que en Catalunya había un consenso intocable que era no segregar a los niños por la lengua. No nos lo podemos permitir. Recuerdo que al principio de la inmersión hubo una época en la que se hacía una línea en castellano y la otra en catalán, y a la hora del patio jugaban catalanes contra castellanos. Yo eso no lo quiero ver nunca más. Volviendo al tema, fuimos presentando recursos contra la obligación de hacer enseñanza en castellano, y en paralelo empiezan a aparecer solicitudes de padres que exigían la enseñanza en castellano. Entonces el TSJC, ante el conflicto y la orden del Constitucional de establecer un 50% de la enseñanza en castellano, decidió un mínimo de un 25% en las escuelas que lo pedían mientras la Generalitat no regulaba el porcentaje pertinente. Nos emplazamos, una vez acabado el mandato del PP, a derogar la ley Wert, y mientras tanto aguantar con recursos.
La gran pifia: ¿cómo ERC no exigió durante la negociación con el PSOE de la ley Celaá la retirada del recurso que impone el 25%?
Cae el PP y llega el PSOE al poder, ya pueden derogar la ley
Llega el PSOE, pacta la ley Celaá con ERC y establece que las administraciones educativas garantizarán que los alumnos reciban enseñanzas en castellano. Ya no es toda la enseñanza, como marcaba la ley Wert, y eso da margen de actuación a las escuelas catalanas. Ahora bien, en paralelo a los preparativos de esta nueva ley, el ministerio anterior del PP había interpuesto un recurso contra la Generalitat por inacción legislativa. Dijeron que tendríamos que haber hecho una norma para garantizar las enseñanzas en castellano, y como no lo hicimos, decidieron obligar a aplicar el 25% a todo el sistema. Cambia de color el Gobierno pero el recurso se mantiene vivo, y aquí la pifia: ¿cómo ERC no exigió durante la negociación con el PSOE la retirada del recurso? Es cierto que la nueva ley saca presión en la obligatoriedad de garantizar todas las enseñanzas en castellano, pero estaba el recurso vivo. ¿Se nos puede aplicar una sentencia que viene de un incumplimiento de una ley anterior? Pienso que la prioridad del Govern tendría que haber sido hacer un debate jurídico para negociar con el estado español en la célebre mesa de diálogo esta cuestión. No se hace, veo que este recurso caerá sobre el sistema, y emplazo a trabajarlo.
Irene Rigau en la cafetería Aromas / Montse Giralt
¿Qué escenarios principales se planteaba que podían pasar?
Uno primero muy claro: acatar el 25% y reforzar el 75% restante. Por los silencios que percibí muchas veces del conseller Josep González-Cambray, entendí que esta era una posibilidad más que probable, y completamente indeseable. Segundo, no acatar la sentencia. Y el tercero, regularlo de manera que haga los efectos mínimos. Políticamente y lo que más se adecúa a mi manera de actuar es desacatar, pero el fiscal ya avisó de que iría contra los directores y no contra los políticos. ¿Podemos tener el sistema educativo con esta espada de Damocles encima? ¿Podemos tener a los directores pendientes de cómo la Generalitat no ha regulado la cuestión? Visto el panorama general y después de la experiencia del 155 que todo el mundo cumplió, de las desobediencias anunciadas y no hechas... yo pensé que era necesaria alguna norma para salvaguardar el modelo de escuela catalana y, sobre todo, dar tranquilidad a los docentes y las aulas, que ante todo tienen que ser un espacio de convivencia.
¿Por qué no desobedecer?
Me dicen que pactando la modificación de la ley con el PSOE me he vendido a España. ¿Y qué más? ¡Todavía no tengo la casa embargada porque se olvidaron de poner el número de la calle! (en referencia al 9-N). Si la opción es la resistencia, tenemos que articular una caja de resistencia como la que nos hicieron por el 9-N, y esta tiene que ser para poder pagar la nómina de todos los profesores que se nieguen a aplicar el 25%. ¿Estamos dispuestos a hacer eso? Si la opción es la resistencia, que yo podría estar de acuerdo, pediría que no fuera la resistencia sólo de la escuela, que fuera de todo el país. No seré yo quien pida una huelga de país, pero lo que no puede ser es dejar a la escuela sola.
Cuando Quim Torra era president, había castellano en las escuelas
Quim Torra insiste en la vía de la desobediencia
Me supo muy mal su tuit cuando anunciamos la modificación de la ley. Dijo: "No en mi nombre". Y per culpa de este tuit, Junts tembló más de la cuenta y enfrió el consenso al cual habíamos llegado. Yo respeto mucho a los presidents de la Generalitat, a todos. Pero la sentencia del 25% cayó en varios centros cuando presidían la Generalitat Torra, Puigdemont y Mas. ¿Alguno de ellos pidió desobediencia entonces? Ninguno. Cuando Torra era president, había castellano en las escuelas y tampoco hubo acción legislativa. Ahora, pues, hay que reformar el marco normativo de acuerdo con el marco actual y hacerlo con el principal objetivo de preservar el modelo de escuela y dar cobertura a los docentes.
¿Y para hacerlo, había que modificar la ley de política lingüística?
Todavía me pregunto por qué me enredé, visto como ha ido todo... ¿yo que era una heroína del 9-N, ahora soy una traidora? Sólo lo pueden criticar los que desconocen la sentencia al Estatut, o que no saben qué es la inmersión. Yo me moví y pensé la modificación desde la base de que el objetivo final es que al acabar la educación secundaria, se dominen bien tanto por escrito como oralmente las dos lenguas. Era preciso sacar eso del ámbito judicial y trasladarlo al ámbito pedagógico con validez normativa: actuar para que el catalán siga siendo lengua propia y para evitar la represión sobre los centros docentes haciendo que los alumnos alcancen el conocimiento de las dos lenguas. ¿La manera? Sin porcentajes, estableciendo que cada centro tiene que desarrollar programas para alcanzar este objetivo final teniendo en cuenta la realidad sociolingüística, porque la educación es una cuestión evolutiva y acumulativa, y porque cada zona del territorio es diferente.
Si no regulamos nosotros y regulan los tribunales, puede pasar de todo. No podemos mantener la escuela en una situación de ilegalidad permanente
¿Cómo se gestó esta modificación de la ley?
El mes de febrero empecé a hacer encuentros con entidades y grupos políticos para ver si coincidían en unas cuestiones clave que planteé, y así fue: que la lengua catalana está minorizada, que el catalán es lengua propia pero no exclusivamente utilizada, que las sentencias del TC establecen que no se puede excluir el castellano, y que si el problema está en el uso, hay que hacer evaluaciones orales al final de la secundaria, entre otras cuestiones... Hacer política es resolver problemas reales y buscar respuestas que den soluciones a problemas que pueden aparecer en el futuro. Si no regulamos y regulan los tribunales, puede pasar de todo. Había que rehacer el consenso lingüístico en Catalunya teniendo en cuenta el nuevo marco normativo del Estado y las sentencias. No podemos mantener la escuela en una situación de ilegalidad permanente.
Irene Rigau con la libreta donde recogía el resumen de las reuniones que mantuvo desde el mes de febrero / Montse Giralt
¿En la Catalunya postprocés no puede haber consensos en temas fundamentales?
Parte de esta modificación y nuevo consenso se gestó en unas jornadas organizadas por el PSC, donde usted fue ponente, y también Sociedad Civil Catalana
No fue fácil, y no me olvidé en ningún momento del 155 y de la persecución de Sociedad Civil Catalana contra mí misma, y es que hacía pocos días había ido a pagar las costas de un juicio que ellos habían ganado y yo había perdido. Ahora bien, ¿en la Catalunya postprocés o del procés, si todavía estamos en ello, no puede haber consensos en temas fundamentales? No puede haber unanimidad, eso lo tengo claro, no he ido a pretender la unanimidad ni con Ciudadanos ni con Vox. Pero el PSC tiene que estar. Desgraciadamente, el independentismo se ha instalado en el frontismo, y en pleno frontismo salimos con una propuesta de consenso y me han dicho que soy una renegada. ¿Renegada de qué? ¿De qué vamos a salvar el modelo de escuela catalana intentando hacer aquello hemos hecho tantas veces los catalanes, el consenso? Hemos ido a hacer una legislación que permita hacer lo máximo posible para que el catalán siga siendo la lengua propia, y que allí donde requiere inmersión se haga tanto como los centros consideren. El ejemplo de eso es la alcaldesa socialista de L'Hospitalet, Núria Marín, que defendió la modificación de la ley y aseguró que en su ciudad habrá que aplicar mucha más inmersión porque el catalán no es tan conocido como el castellano. Y en otra zona será diferente. Lo importante es un objetivo final común: el conocimiento oral y escrito de ambas lenguas, siempre con el catalán como vehicular.
Alerté al PSC de que si se aceptaba el 25%, proliferaría el nacimiento de las escuelas catalanas privadas
¿Pero las alarmas cuando se supo que el PSC se había sumado a este consenso se dispararon automáticamente, valía la pena este consenso?
Soy partidaria de que el PSC esté. El PSC, que desde el inicio había defendido el modelo de escuela catalana, después empezó a votar al lado de Ciudadanos en temas de lengua, y eso se me rompía el corazón. Entonces conseguimos que vengan a nuestro lado, cuando todos pensábamos que darían apoyo a la aplicación del 25% del castellano. Dieron el paso de entrar en el consenso y eso se ha vendido como una gran renuncia en lugar de una gran conquista. Un consenso con el PSC se tenía que reponer, la lengua es de todos, no sólo de los independentistas. Nos interesa que todo el mundo domine el catalán y el castellano, vote lo que vote, y tenga el modelo de estado que tenga. Hay que ampliar la base por el catalán, lo tenemos que ampliar porque si sólo es del lazo amarillo y la sardana, quedaremos siendo cuatro. Quiero que el catalán sea la lengua de todos los catalanes y parece que nos estamos volviendo tribu. Y para el PSC seguro que tampoco fue fácil un pacto con el resto de partidos, pero internamente con ellos tuve unas conversaciones muy claras, y les expliqué que si se aceptaba el 25% del castellano en las aulas, proliferarían en Catalunya las escuelas privadas sólo en catalán para aquellos padres que no quisieran escolarizar a los niños en las públicas, y entonces sí que se perpetraría una grave segregación social y lingüística.
¿Lo hablaron con la comunidad educativa?
¿Qué es la comunidad educativa? Si miramos la ley, dice que es el Consejo Escolar de Catalunya, y sí, se habló con ella. Quizás no tanto con los movimientos sociales como Somescola, pero sí se habló con Òmnium y Plataforma por la Llengua. Los primeros decían que si hay consenso, se sumarían, y los segundos pues si les gusta más el texto de la CUP que habla de exclusividad del catalán, pues no pasa nada, la democracia no es unanimidad. ¿Se podría haber hablado más? Quizás sí, pero es que cuando empezamos a tener materializada la propuesta, estábamos a 10 días de la ejecución de la sentencia. Lo registramos en la Mesa del Parlament un día antes de que acabara el plazo, a fin de que ya tuviera carácter de iniciativa política y tener cobertura contra la imposición de los tribunales. A partir de aquí, ya se puede hacer el periodo de enmiendas anunciado. Sea como sea, lo que está claro es que no podemos salpicar a la escuela con todo esto. No nos podemos permitir guerras en los claustros, lingüísticas, de profesores. La escuela ante todo tiene que ser un espacio de convivencia.
La CUP ha hecho tacticismo puro. Está por la desobediencia y la revuelta, nunca por los consensos
¿Por qué decidieron no negociar con la CUP?
Ya sabía que contemplaban una propuesta propia que pasaba por establecer el catalán como lengua exclusiva, y eso no lo ha dicho nunca ninguna ley. Es antiestatutario. Si el Parlament lo aprueba, al día siguiente Pedro Sánchez la congela y lo envía al Constitucional. Esto de la CUP ha sido tacticismo puro, y además han abierto una nueva vía que es peligrosa. El exdiputado de la CUP y abogado Benet Salellas está llevando la defensa de los padres de la escuela de Canet que quieren defender el catalán. No podemos enfrentar maestros contra maestros y padres contra padres. La CUP está por la desobediencia y la revuelta, no está nunca por los consensos. ¿Y que por qué no he hablado con ellos? ¡Si me enviaron a la papelera de la historia!
En esta modificación de la ley sacan el refuerzo en la enseñanza del catalán a personas recién llegadas. ¿Cómo se explica?
Eso ya está superado en la ley de educación lingüística (LEC) de 2009. La ley de política lingüística es del 98, y establece que se tiene que enseñar el catalán a los recién llegados, mientras que la LEC dice que el que no sepa catalán ni castellano tendrá que recibir una atención especial. El motivo es muy sencillo: ahora los recién llegados no vienen únicamente de Murcia, y no saben ninguna de las dos lenguas, por lo cual necesitan refuerzo en las dos.
También se deja en manos de cada centro educativo la aplicación del castellano. ¿No es eso peligroso? Se podría dar la situación que un centro decida aplicar un 80% del castellano...
El artículo primero de la modificación establece que el catalán es la lengua normalmente utilizada. Eso no permite que se haga un 80% en castellano. En la regulación posterior que ha anunciado Josep González Cambray tendrá que quedar claro qué quiere decir 'normalmente', que en el diccionario indica que significa generalmente, y por lo tanto, nunca la presencia de materias en castellano podrá alterar esta normalidad. Sea como sea, yo lo que quiero es que confiemos en la escuela, que confiemos en las personas que enseñan, porque son los profesionales.
Es imprescindible exigir cada vez más nivel de catalán a los futuros docentes
Una preocupación de la sociedad es el nivel de catalán que pueden tener estos docentes, o bien que haya profesores que hagan más uso del castellano que del catalán.
Es imprescindible exigir cada vez más nivel de catalán a los estudiantes que entran en las facultades de educación. Cuando yo era consellera, habilité las pruebas de aptitud personal, que exigen que cualquier estudiante que quiera entrar en Educación Infantil o Primaria tenga que tener una nota igual o superior a un cinco en catalán y castellano. Antes había estudiantes que entraban teniendo un 2 o 3 en la selectividad en catalán, porque finalmente aprobaban las PAU haciendo la media con otras notas superiores de otras asignaturas. Pienso que se tiene que ir incrementando esta cifra. Ahora es un cinco, pues tenemos que pasar a un seis y cada vez más, a fin de que los enseñantes tengan un nivel óptimo.
Junts ha asegurado que sólo acabarán avalando la modificación de la ley si hay consenso social, quizás a partir de enmiendas. ¿Ve mejoras?
Seguro que puede haber margen de mejora por si hay, por ejemplo, elementos repetitivos, pero el redactado es cosa de los partidos, yo hice la puesta en contacto y la reflexión general. Sinceramente, si alguien tiene una idea mejor, que la diga. Que la diga, porque la sentencia se tiene que ejecutar ahora mismo. Sobre Junts, todavía me tengo que reponer después de lo que pasó. No me podía creer que después de haber negociado la modificación con altos cargos del partido, retrocedieran por un tuit. Ahora bien, una cosa esperanzadora: en el último consejo nacional de Junts, los aplausos más calurosos fueron para los tres diputados que abordaron la modificación de la ley: Francesc Ten, Anna Erra y Mònica Sales. Eso me hace ser optimista.
Irene Rigau en la cafetería Aromas / Montse Giralt