Mariano Rajoy no estará políticamente solo si decide consumar la llamada Operación Precinto para impedir que se vote en el referéndum sobre la independencia anunciado por el Govern catalán. El líder del Partido Popular tendrá el apoyo de Albert Rivera, aunque la formación naranja aboga por agotar todas las vías legales antes de aplicar las medidas de coerción más extremas que prevé el plan del presidente español.

"No le dejaremos solo. Ciudadanos siempre defenderá la unidad entre las fuerzas constitucionalistas", manifestaron a El Nacional fuentes de máxima confianza de Rivera, en relación con Rajoy y la culminación del proceso soberanista que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, fijó para otoño de 2017. Las personas preguntadas aseguran que no se les ha consultado sobre el asunto, ni tampoco han conversado al respecto, pese a ser socios de pacto de investidura que quieren garantizar la unidad de la Nación española.

A esas palabras se suman las del portavoz de la formación, Juan Carlos Girauta, en diciembre. Ante el acuerdo transversal del Pacto Nacional por el Referéndum entre JxSí, los Comuns y la CUP, Girauta respondió instando a Rajoy a abandonar los "complejos" y pedir –si hacía falta– las llaves de los colegios a sus directores –vía carta de un juez– para que no colocaran las urnas. Este denunciaba que permitir otro "error" como el 9-N, sólo "engordaba" al nacionalismo. A su parecer, Moncloa "descafeinó" la actuación sobre la consulta, bajo el amparo de que no tenía efectos jurídicos.

Antes de posicionarse sobre el presunto plan duro de Rajoy, el partido de Rivera recuerda que su opción es agotar las demás vías legales. "Hay más pasos, muchas cuestiones que se pueden ir impugnando" dice un colaborador estrecho del político catalán, en una alusión indirecta al Tribunal Constitucional y la maquinaria judicial.

Otra personalidad huye de las incertidumbres, recordando que especular sobre la Operación Precinto es hacer "política ficción". "El referéndum todavía no ha sido convocado. Tenemos que ver si realmente se hace, si no, y cómo se desarrolla la situación", alegan como paso previo para situarse en escenarios futuros de tal magnitud. A su parecer, antes de trasladar el conflicto al Estado, hay que abordar la vía del entendimiento dentro del marco político catalán. "Está la líder de la oposición, Inés Arrimadas, con quien Puigdemont tiene que dialogar primero", defienden.

Precisamente, la deriva Tercera vía y catalanista de Arrimadas quedaría en jaque, de celebrarse el referéndum. La jefa de la oposición en Catalunya se vio entre las cuerdas, nada más salir de la reunión con la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría este miércoles en el Congreso. "Esperamos no llegar a ese escenario", repetía Arrimadas una y otra vez, para evitar posicionarse sobre si daría apoyo a precintar colegios para evitar el referéndum, y aplicar el artículo 155, en caso de que eso sucediera en medio del choque de trenes con la Generalitat.

Otros damnificados por Moncloa serían el PSOE y el PSC. Los primeros votaron a favor de derogar la ley del TC que permitía suspender representantes electos, defendiendo que era una forma de "judicializar procesos inherentemente políticos", como el soberanismo. Entonces el PP puso el grito en el cielo, exigiendo a los socialistas que no jugaran con temas de Estado porque era un "gravísimo error dar oxígeno al independentismo". Sobre el PSC, sus problemas con Ferraz siempre han venido por no querer obedecer cuestiones de sensibilidad en Catalunya, como abstenerse en la investidura de Rajoy.

Así y todo, Ciudadanos aboga por sumarlos a la clásica coalición constitucionalista PP-PSOE-Cs, si es que el jefe del Ejecutivo endurece la acción contra el referéndum. Antes, sin bien, diálogo y TC.