En mitad de la cruenta batalla por el voto de la derecha, la prisión permanente revisable se erigía hasta hace unos días como uno de los pocos flancos donde el Partido Popular sentía que Ciudadanos no le avanzaría. "En esto estamos solos" decían fuentes de la dirección del PP sobre una polémica medida punitiva aprobada en el año 2015 por el gobierno de Mariano Rajoy y que aglutinaba a la oposición en su contra. Pero pronto la oportunidad se convirtió en el "oportunismo" de Albert Rivera, para un PP molesto por un giro dirigido a atraer el voto de su electorado.
"Es absolutamente legítimo y tiene una cosa muy razonable. No daremos apoyo a esta derogación" decía Rivera en una entrevista radiofónica este miércoles. Las palabras del dirigente de la formación naranja llegaban después de que el pasado 10 de octubre el PNV presentara en el Congreso una proposición de ley para suprimir ese supuesto del Código Penal, gracias al voto a favor de toda la cámara, el no del PP y la abstención de Cs. Eso dio luz verde a la tramitación para la derogación, que primero se tendría que someter a debate en la comisión de Justicia, y después, en el pleno de la cámara baja.
Así las cosas, la formación de Rivera disputa ahora el nicho al PP tras cuestionar en abril del 2016 "la utilidad y constitucionalidad de la prisión permanente revisable", en palabras del diputado Marcial Gómez. El hecho es que Cs propone endurecerla pero usa otra expresión –ya que la medida está recurrida ante el Tribunal Constitucional por la oposición, a la espera de resolución. Por eso, los naranjas han presentado una enmienda a la iniciativa del PNV bajo la idea de hacer más difícil el acceso al tercer grado y a los permisos penitenciarios en casos de delitos graves.
La cuestión es que el giro acusado de Cs encendió la polémica en las filas de un PP que tiene la mirada puesta en los comicios autonómicos y locales del 2019, y las generales del 2020. Los populares repartieron un argumentario donde se recordaba de que el 4 de marzo de 2016 Rivera y el PSOE acordaron derogar la prisión permanente revisable, en el acuerdo de investidura del secretario general Pedro Sánchez. Por eso, el PP hablaba de un "nuevo caso de oportunismo" y el portavoz de Justicia socialista en el Congreso, Juan Carlos Campo, les tachaba "de incoherentes" y de hacer "movimientos en favor del viento".
El hecho es que la prisión permanente había vuelto a emerger en el debate público debido a la tragedia de la asesinada Diana Quer. Eso empujó al PP a reivindicar que se mantuviera y visibilizar su apoyo. En primer lugar, las sedes locales y provinciales de la formación lanzaron una recogida de firmas. El mismo Rajoy y el ministro del Interior Juan Ingacio Zoido asistirán el domingo a un acto en Córdoba con padres de víctimas. En segundo término, los populares presentarán el próximo 13 de febrero una moción en el Congreso donde instan a la oposición a retractarse y no derogar la medida.
Ante ese escenario, el PSOE se opone de lleno y tacha la prisión permanente de "cadena perpetua encubierta". El diputado Campo denunciaba las acciones de PP y Cs, ya que la medida "sintonizaba" con un sector de la población "muy mayoritario" que quería "una mayor dureza" en las penas de prisión ante el horror del crimen. El socialista pedía que ante todo se garantizasen "unos parámetros constitucionales de castigo al culpable pero también de resocialización, aunque sea dentro de muchísimo tiempo", como había avalado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.