“No existe ninguna información contrastada, dato técnico relevante o hecho acreditado que vincule las infecciones con una supuesta quiebra de la seguridad nacional”. La ministra de Defensa, Margarita Robles, descarta tajantemente que las infecciones con Pegasus a los móviles del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de los ministros de Defensa, ella misma, de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, afectaran la seguridad nacional. “Esta ministra no ha tenido conocimiento alguno de que haya existido compromiso alguno de la seguridad nacional derivada de las infecciones citadas”, ha insistido. Y ha señalado qué le hace llegar a esta conclusión: “No hay constancia alguna conocida de que los dispositivos móviles infectados contuvieran información clasificada legalmente como secreta o reservada”.

 

En una comparecencia en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, Robles ha puesto de relieve que, a la vista de esto, “resulta claro que la seguridad nacional no se ha visto afectada”, como “sí se ha podido verse la intimidad y datos personales” de los que eran titulares de esos móviles. Además, ha recalcado lo que se considera la seguridad nacional, a tenor de la legislación vigente: “La acción del estado dirigida a proteger la libertad, los derechos y bienestar de los ciudadanos, garantizar la defensa del estado, sus principios y valores constitucionales y contribuir a la seguridad internacional en cumplimiento de los compromisos asumidos”. “Nada de esto se ha visto comprometido respecto a las infecciones a las que me estoy refiriendo”, ha remachado.

Justo hace un mes, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama reabrió la investigación de este supuesto espionaje tras recibir nuevos datos de Francia sobre una causa en el país vecino. Él mismo había archivado el caso en julio del año pasado por la “absoluta” falta de cooperación de Israel. Sin embargo, a finales de abril el magistrado recibió una Orden Europea de Investigación por parte de Francia que incorpora una causa llevada a cabo en 2021 por múltiples infecciones con Pegasus a personalidades de Francia. Una información que, según el juez, si se compara con los resultados de los análisis del Centro Criptológico Nacional sobre los dispositivos del presidente español y de los ministros, puede permitir avanzar en las investigaciones de ambos países para determinar la autoría: “Es posible establecer comparaciones entre las pistas halladas en los distintos teléfonos infestados para identificar una única fuente de infestación”, esgrimió para decretar la reapertura.

A la espera de la comisión de investigación sobre Pegasus

Estas declaraciones de la ministra de Defensa llegan mientras la comisión de investigación del Congreso de los Diputados sobre el espionaje con Pegasus a líderes políticos, activistas, abogados y periodistas, impulsada por ERC, continúa estancada y paralizada. El Congreso le dio luz verde en diciembre fruto del acuerdo entre los republicanos y el PSOE para votar a favor de Francina Armengol como presidenta de la cámara baja y se constituyó a finales de febrero. Sin embargo, todavía no ha empezado a andar. De momento, lo poco que sabemos son las personas que ERC y el PSOE quieren que comparezcan en la comisión.

Los republicanos piden, entre otros, que se cite a los dos últimos presidentes del Gobierno, Mariano Rajoy y Pedro Sánchez, y al actual presidente de la Generalitat de Catalunya en funciones, Pere Aragonès. Su listado, de un centenar de nombres, también incluye a Meritxell Serret (consellera de Acción Exterior en funciones) y Roger Torrent (conseller de Empresa y Trabajo en funciones), y a diferentes miembros de los gabinetes de Sánchez y Rajoy: por una parte, Carmen Calvo (vicepresidenta primera de 2018 a 2021), Pablo Iglesias (vicepresidente segundo entre 2020 y 2021 y exlíder de Podemos), Nadia Calviño (vicepresidenta tercera de 2018 a 2023), Margarita Robles (ministra de Defensa desde 2018) y Fernando Grande-Marlaska (ministro del Interior desde 2018) y, por otra parte, Soraya Sáenz de Santamaría (vicepresidenta entre 2011 y 2018) y María Dolores de Cospedal (ministra de Defensa entre 2016 y 2018).

Por su lado, el PSOE pide la comparecencia de diez personas, entre las que hay siete cargos policiales de Rajoy, como dos exsecretarios de Estado de Seguridad (Francisco Martínez y José Antonio Nieto), dos exdirectores generales de la Guardia Civil (José Manuel Holgado y Arsenio Fernández) y dos exdirectores generales de la Policía Nacional (Ignacio Cosidó y Germán López).