El exconseller de Exteriores Raül Romeva ha asegurado este miércoles al juzgado que en el 2016 aprobó una subvención de 40.000 euros en la Federación de Organizaciones Catalanas Internacionalmente Reconocidas (FOCIR) porque todos los informes técnicos lo avalaban, incluidos dos que avalaban la no concurrencia, es decir, que no había que hacer un concurso abierto porque las actividades subvencionadas sólo las podía llevar a cabo la FOCIR, que no tiene ninguna entidad equivalente a Catalunya.
Según fuentes judiciales, Romeva ha declarado en torno a una hora en el juzgado de instrucción número 18 de Barcelona, que investiga varios gastos de la actividad de Exteriores del Gobierno entre el 2011 y el 2017, a raíz de un informe del Tribunal de Cuentas. En su caso, ha explicado que él no miraba a fondo los expedientes de subvenciones ni se reunió con la FOCIR, tampoco vio las facturas, pero sí que vio que esta subvención contaba con los informes técnicos y de Intervención de la Generalitat pertinentes. De hecho, incluso después de dejar de ser conseller y cuando ya estaba encarcelado, el interventor emitió un informe volviendo a avalar la subvención y asegurando que se había dedicado al hecho indicado, una serie de actividades y charlas.
Por su parte, el ex secretario de Exteriores Aleix Villatoro, que también estaba citado, se ha negado a declarar porque ha alegado que está a la espera de que la Audiencia de Barcelona resuelva el conflicto de competencias entre Instrucción 18 e Instrucción 13, donde él también está investigado por hechos similares.
El juzgado de instrucción número 18 de Barcelona investiga el supuesto desvío fraudulento de fondos públicos para internacionalizar el procés soberanista entre el 2011 y en el 2017 mediante 11 contratos de informes o trabajos académicos que el Tribunal de Cuentas y la fiscalía consideran arbitrarios y fuera de las competencias de la Generalitat. La magistrada reprocha al Gobierno que mientras había déficit público y faltaba presupuesto para pagar los servicios públicos "más típicos" gastara dinero en ciertos aspectos de la política exterior. De hecho dice que "puede resultar censurable y causar rechazo o incomprensión al común de los ciudadanos". Sin embargo, dice que no todo el dinero público que se gasta mal supone una malversación delictiva, sino que forma parte de la autonomía financiera de la administración pública. Ahora, sí que considera que ciertos gastos pueden ser investigados penalmente, y concreta once, por valor de cerca de un millón de euros en total.
El informe del Tribunal de Cuentas consideraba que se sufragaron actividades que no son competencia del Gobierno y que además "interfieren, perturban y condicionan la dirección de la política exterior del gobierno de España". La acción exterior de la Generalitat era competencia del Departamento de Presidencia entre el 2011 y en el 2016, encabezado por Francesc Homs, y del Departamento de Acción Exterior del 2016 en el 2017, encabezado por Raül Romeva.
El caso
La investigación deriva de una querella que la Fiscalía presentó en los juzgados de Barcelona a raíz de un informe del Tribunal de Cuentas de 2019, por los delitos de prevaricación, malversación de fondos y falsedad en documento oficial. En un auto, en que ha tenido acceso Efe, la titular del juzgado de instrucción número 18 de Barcelona ha acordado citar como investigados a los cargos del Gobierno, acusados de desviar fondos públicos de la Conselleria de Exteriores entre los años 2011 y 2017 para "internacionalizar el derecho a decidir", mediante subvenciones y contrataciones de trabajos académicos supuestamente "arbitrarias".
Junto con Romeva, a la misma causa, ha investigado al exsecretario del Diplocat Albert Royo y el secretario de Gobierno, Víctor Cullell, además de otros siete cargos de la Generalitat. Los dos están acusados de malversar fondos públicos para "internacionalizar" el procés.
La jueza que lleva|trae el caso, Carmen García, investiga si contrataron trabajos y estudios para crear las estructuras de una Catalunya independiente. Por todo eso, los cita a declarar por|para los presuntos delitos de prevaricación, malversación de fondos y falsedad en documento oficial. Estos van asociados a elevadas penas tanto de prisión como abundantes multas.
La fiscalía apunta contra 18 actividades supuestamente fuera de las competencias de la Generalitat, pero la magistrada sólo investigará once. Así, por ejemplo, en febrero del 2012 el Diplocat dio una subvención de 50.000 euros a la Federación de Organizaciones Catalanas Internacionalmente Reconocidas (FOCIR) sin concretar el destino ni realizar un seguimiento, subvención que no fue publicitada. La misma FOCIR recibió en el 2016 una subvención de 40.000 euros de parte de Exteriores sin que se justificara la ausencia de concurso público, y fue designada por el Diplocat del 2014 en el 2016 entidad colaboradora para seleccionar destinatarios de subvenciones por valor de 100.000 euros en el 2014, 125.000 el 2015 y 125.000 en el 2016. La FOCIR elaboraba las bases de las convocatorias de subvención y se establecían bases ilegales. En marzo del 2017 el Consejo Catalán del Deporte y la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo dieron 20.000 euros a cada uno a la FOCIR.
En el 2015 el Departamento de Presidencia y el Diplocat contrataron directamente dos informes sobre tratados multilaterales de los cuales forma parte España y sobre los procedimientos que tiene que seguir un nuevo estado para poder entrar en organizaciones internacionales, con los ejemplos de Estonia, Letonia, Eslovaquia, Eslovenia, Kosovo y Montenegro. El encargo se hizo a través de la Fundación Universitària Rovira y Virgilio a un mismo profesor, por|para dos pagos de 17.500 euros más IVA con el fin de eludir el concurso público. Además, según la fiscalía, la temática era "ajena" al marco competencial de la Generalitat y los informes se pagaron por encima del precio real, ya que no contenían conclusiones, propuestas ni bases de datos que exigía el contrato.
También se ha denunciado un informe encargado en el 2015 por Presidencia al profesor a Salvador Cardús sobre varios instrumentos de cooperación internacional entre España y Catalunya en el supuesto de la independencia catalana. El informe costó más de 13.600 euros más IVA. En el 2015 también se contrató un informe sobre la política europea de defensa en una empresa belga de la cual se desconocen los datos, ya que no consta documentación ni el trabajo finalmente realizado. La intermediación la hizo Salvador Cardús y el informe costó 5.000 euros.
El Diplocat también encargó al Instituto Barcelona de Estudios Internacionales un estudio académico sobre el estatus que podría tener en la UE una región que se independizara de un estado miembro. El IBEI propuso hacer el encargo con dos centros europeos por un precio de 196.920 euros, y la subvención se aprobó sin concurso público. El mismo consorcio pagó también 48.230 euros a una productora para que hiciera 20 vídeos promocionando el derecho a decidir durante la consulta del 9 de noviembre del 2014, y 10.000 euros más para pagar el viaje a Catalunya de ocho eurodiputados aquel mismo día. Por último, se acusa el Diplocat de contratar por|para 13.352 euros un espacio de 'coworking' en Bruselas de mayo a noviembre del 2017 sin justificación acreditada.
Aparte de Rómeva, Royo y Culell, la magistrada también ha citado a declarar a Roger Albinyana (ex secretario de Asuntos Exteriores), Teresa Prohias (ex directora de servicios), a Aleix Villatoro (ex secretario general de Exteriores), Roser Clavell (secretaria general del Diplocat entre el 2012 y el 2013), Manuel José Vila Motlló (ex director General de Cooperación al Desarrollo), Gerard Martí Figueras (ex secretario general del deporte) y Antoni Reig (ex director del Consejo Catalán del Deporte).