El exconseller de Acción Exterior Raül Romeva defiende que la causa del Tribunal de Cuentas (TdC) por la política exterior de la Generalitat entre el 2011 y el 2017 "no es una cuestión de cantidad sino de legitimidad y principios". Así se ha expresado en una entrevista a El Matí de Catalunya Ràdio después de que la fiscalía del TdC haya rebajado de 9 a 3,4 millones de euros la responsabilidad de los ex altos cargos del Govern por el 1-O y la acción exterior. "Hemos llegado a un momento de tal magnitud de represión que parece que si te pegan un poco menos te tienes que sentir aliviado. Sólo faltaría, de ninguna de las maneras", ha añadido para después avisar del riesgo de "banalizar la represión". Y es que, según Romeva, la causa en el TdC "no está justificada".

Romeva defiende que los independentistas no se tienen que dejar engañar por una "situación injustificada" porque, si no, "habrá un momento que banalizaremos la represión", ha alertado. Y es que, según el exconseller, la causa en el Tribunal de Cuentas no es un hecho aislado sino que forma parte de una estrategia del Estado para intentar "desactivar una ideología" con todas las herramientas: policía, jueces y represión económica. Y, ante esta situación, ha defendido que el independentismo no puede claudicar. "Sería el colmo que me tuviera que aliviar porque me acusan de haber malgastado 3 millones de euros", ha dicho. La fiscalía del TdC ha rebajado de 9 a 3,4 millones de euros la supuesta responsabilidad contable contra los 35 ex altos cargos de la Generalitat por la organización del 1-O y de la acción exterior de los gobiernos de Artur Mas y Carles Puigdemont. La acusación deja al margen actos culturales y viajes al extranjero donde se defendió el derecho a la autodeterminación.

 

El tercer grado de los asaltantes de Blanquerna

Con respecto al tercer grado de los encarcelados por el asalto a la Blanquerna, Romeva ve una "evidencia" que hay delitos de odio y de vulneración de derechos fundamentales que en el Estado se tratan con "ligereza". Y lo ha contrapuesto con la "defensa de derechos democráticos sin violencia" que él ha pagado con una pena de 13 años de prisión. Siete de los ocho ultraderechistas encarcelados por el asalto a la librería Blanquerna de Madrid en septiembre del 2013 están en tercer grado, menos de cuatro meses después de haber ingresado en centros penitenciarios para cumplir penas de poco menos de tres años, según ha informado TV-3. En noviembre la Audiencia de Madrid les dio un mes para ingresar en centros penitenciarios y el Tribunal Supremo se opuso a los indultos. En las siguientes semanas, algunos de los 14 condenados ingresaron en la prisión, otros pidieron aplazamientos y otros tienen recursos pendientes. Casi todos los encarcelados ya han conseguido la semilibertad y sólo tienen que dormir en la prisión de domingo a jueves.

El caso Blanquerna dio muchas vueltas por los tribunales, pero hay sentencia firme del Tribunal Supremo desde el 23 de julio del 2020, desde hace casi dos años. Llegó después de que el Tribunal Constitucional obligara al Tribunal Supremo a volver a redactar la sentencia, haciendo suprimir el agravante por discriminación ideológica. Esta supresión supuso una rebaja considerable de las penas para los catorce condenados: ahora van de los dos años y siete meses a los dos años y nueve meses de prisión por un simple delito de desórdenes públicos. El mismo tribunal que les juzgó en segunda instancia, el Tribunal Supremo, también rechazó la petición de indulto. Ya han pasado ocho años desde que los ultras irrumpieron violentamente en la delegación de la Generalitat en Madrid para sabotear los actos la Diada del 2013.