No declara. El ex-secretario general del Diplocat Albert Royo se ha acogido, este viernes, a su derecho a no declarar ante la titular del juzgado de instrucción 18 de Barcelona, que investiga si el Govern de la Generalitat malversó cerca de un millón de euros en la promoción de la independencia de Catalunya en el exterior, adjudicando gastos sin concurso público. Es la segunda vez que Royo ha sido citado, y como hizo el noviembre pasado, ha expresado a la magistrada Carmen García, que ante "la incertidumbre procesal" que hay hacia su persona, el Diplocat, consorcio público-privado, y el Departamento de Exteriores prefiere no declarar. Ha añadido que toda la información sobre la gestión del Diplocat "es pública", y que con las personas que ya han declarado, la jueza puede dictar el sobreseimiento de la causa y archivar el procedimiento.

En su comparecencia, Royo, defendido por la penalista Judit Gené, también ha expuesto a la magistrada que en el procedimiento que tiene abierto el Tribunal de Cuentas, donde él está incluido, se han producido cambios recientes, y la fiscalía ha recortado, y mucho, los gastos que se consideran malgastados por los gobiernos de Mas y de Puigdemont, en la organización del 1-O como en la causa de Exteriores, procedimientos que, además, se han unido y se juzgarán a la vez. Con respecto a la incertidumbre procesal, Royo se refiere a que su defensa presentó un recurso para que el procedimiento de Exteriors se juntara a la causa de la organización del 1-O, realizada por el juzgado de instrucción 13 de Barcelona, donde también es investigado, porque considera que son hechos conexos y que investigarlo por separado lo penaliza dos veces. La Audiencia de Barcelona todavía no ha respondido sobre la competencia de las dos causas.

Acusados

La fiscalía presentó la querella por malversación de fondos, prevaricación y falsedad documental por unos gastos de Exteriors, justo cuando el juzgado de instrucción 13 de Barcelona cerró la investigación a los organizadores del referéndum del 1-O, hecho criticado de las defensas al calificarlo de mala fe por parte del ministerio público, ya que hay tres personas encausadas en los dos procedimientos. En la causa de Exteriores, la fiscalía acusa Royo, que dirigió el Diplocat entre el 2014 y en el 2016, por haber aprobado la adjudicación de forma directa  de subvenciones a la plataforma FOCIR, que agrupa entidades dedicadas a la proyección internacional de Catalunya, que suman unos 770.000 euros. En este sentido, el exconseller de Afers Exteriors, Raül Romeva, también es acusado de una adjudicación de 40.000 euros a la FOCIR.

La mayoría de la decena de investigados en la causa de Exteriors ya han desfilado por el juzgado, como también testigos. El último fue un interventor de la Generalitat, que validó las subvenciones sin concurso concedidas por el exconseller Francesc Homs, investigado en una pieza separada, como la de Exteriors.

Recientemente, la magistrada también ha aprobado dos comisiones rogatorias, una en Bélgica y la otra en Escocia, para interrogar, como testigos, responsables de dos centros de investigación a quienes se les encargó un estudio sobre el estatus que podría tener en la Unión Europea una región que se independiza de un estado miembro. El coste total del estudio fue de 196.920 euros, que en el 2016 concedió de forma directa el Diplocat.