El abogado de los consellers Josep Rull y Jordi Turull, Jordi Pina, ha pedido a la Audiencia Nacional española que archive la causa por rebelión y sedición contra sus clientes, al considerar que no hay pruebas contra ellos. Además, ha pedido que el caso sea investigado por un juzgado de Barcelona o, en todo caso, sea la justicia europea quien determine si la Audiencia Nacional es la competente.

El letrado reitera el argumento que la Audiencia Nacional no es el órgano competente para juzgar los delitos de rebelión y sedición, según la Ley Orgánica del Poder Judicial, ni con el Código Penal de 1973 ni con el de 1995, sino que tendrían que ser juzgados por un juzgado de Barcelona.

Además, recuerda que en 2008 el pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional se declaró incompetente para juzgar la rebelión de 1936. Por eso, el abogado considera que si ahora se cambia el criterio, se elevará el recurso hasta los tribunales internacionales de protección de los derechos humanos. Si la Audiencia no traslada el caso a los juzgados de Barcelona, el abogado le exige que plantee una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la materia.

Por otra parte, el abogado considera que sus clientes no han cometido ningún delito de rebelión, sedición ni malversación de fondos públicos. Sobre la sedición, dice que la aprobación de leyes o resoluciones no suponen ningún alzamiento público y violento, ni tampoco las movilizaciones pacíficas de protesta. Así, dice que la convocatoria de un referéndum ilegal no es delito desde el 2005 y que los incidentes aislados en hoteles donde residían policías no fueron violentos ni se pueden atribuir a los dos consellers en el marco de un "plan común orquestado para conseguir la independencia de Catalunya".

Por último, Rull y Turull recuerdan a Lamela que el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena desestimó la petición de imponer una fianza civil preventiva de 6,2 millones de euros a los miembros soberanistas de la Mesa, como solicitaba la fiscalía, y por eso consideran que la Audiencia Nacional también lo tendría que revocar. Adjuntando el auto del Supremo, el abogado añade que la cifra de 6,2 millones se calculaba con argumentos "genéricos" y no se centraba en las circunstancias concretas de la causa judicial.

Además, recuerda otra vez que el hecho de que los 6,2 millones alegados por la fiscalía fueran presupuestados y anulados por el Tribunal Constitucional, no significa que se acabaran utilizando. Igualmente, asegura que ni Rull ni Turull tenían capacidad de gestión de esta partida y que el propio ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, afirmó que la intervención de las finanzas de la Generalitat impedía utilizar ningún euro para el referéndum del 1-O. Además, se ha aportado un certificado de la Intervención General de la Generalitat que niega haber utilizado esta partida presupuestaria.