Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sànchez piden al Tribunal Constitucional salir de nuevo en libertad, amparados ahora en una sentencia reciente que ha dictado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el caso Dermitas contra Turquía que dice que el derecho político es incompatible con la privación de libertad.
Según los abogados, la resolución es "perfectamente equiparable al presente" caso, "ya que la sentencia se ocupa de definir cuáles son los derechos políticos de un cargo parlamentario que se encuentra en prisión provisional y en qué situaciones sus derechos son vulnerados por una prolongada privación cautelar de libertad".
La resolución del TEDH declara que se ha vulnerado el artículo 3 del protocolo 1 anexo en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y dice explícitamente que es "incompatible con el derecho político reconocido en este precepto la decisión de mantener privado de libertad a un cargo parlamentario durante un prologado periodo de tiempo y sin fundamentar por qué no se lo somete a medidas cautelares menos gravosas que le permitan ejercer activamente su función representativa.
Según el Tribunal de Estrasburgo, "el mantenimiento en prisión del Sr. Demirtas durante dos campañas electorales seguidas supone un intento para asfixiar el pluralismo y el debate político, fundamentales en una sociedad democrática, por lo cual Turquía es requerida a ponerle inmediatamente en libertad".
A diferencia que con Demirtas, sin embargo, ninguno de los presos políticos con representación en el Parlament de Catalunya cobra su sueldo de diputado porque se los ha suspendido.
Ante la resolución de Estrasburgo, el abogado Jordi Pina pide que se suspendan las medidas cautelares contra los presos políticos hasta que no haya sentencia firme y que se les devuelva el derecho de ejercer plenamente de diputados.
La petición también recuerda que en el caso de Jordi Sànchez, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ya lo pidió.