Josep Rull, Jordi Turull y Jordi Sànchez han presentado esta mañana los escritos para recurrir la decisión que ayer tomó el Tribunal Constitucional en el pleno que admitió los recursos para estudiar la sentencia del juicio al procés, pero que desestimó que mientras se resuelven puedan salir de la prisión.

Insisten en que es necesaria la suspensión de la ejecución de la pena, que va de 9 a 12 años de prisión por el delito de sedición.

En sus escritos, las defensas piden que se aplique el mismo criterio que el TC tuvo con los ultras que asaltaron la librería Blanquerna (que todavía no han entrado en prisión). No actuar igual con los presos políticos y mantenerlos en la prisión, recuerdan, les podría producir un perjuicio irreparable en el caso que se resolviera a su favor en un futuro.

Este miércoles el pleno del Tribunal Constitucional —reunido de manera telemática— acordó admitir a trámite los recursos de todos los presos independentistas menos los de Oriol Junqueras y Raül Romeva. En vez de resolver también las medidas cautelares que pedían para la suspensión de la condena mientras no haya resolución, decidieron abrir una pieza separada sobre esta cuestión aduciendo que no se da el caso de urgencia excepcional que invocan las defensas.

Los escritos de Sànchez, Rull y Turull reclaman al TC que revise este criterio y recuerdan que hace más de dos años y medio que están en prisión y argumentan que si no se suspende la aplicación de la condena mientras no se resuelven los recursos, se podría dar el caso de que el Constitucional les diera la razón cuando ya hubieran cumplido una parte importante de la prisión y la inhabilitación impuestas.

En este sentido, recuerdan que el TC ha tardado aproximadamente dos años en resolver los otros recursos de amparo presentados, que eran menos extensos que los actuales y, por lo tanto, "es muy probable que la resolución del presente recurso se extienda mucho más allá de dos años más", hecho que situaría una resolución en firme una vez ya hubieran cumplido como mínimo cuatro o cinco años de prisión.

Eso, según las defensas, no sólo vulneraría el artículo 56.6 de la Ley Orgánica del TC, que establece que hay que adoptar medidas cautelares cuando la ejecución de la condena pueda hacer perder la finalidad del recurso, sino que también afectaría al derecho político porque "les impediría presentar su candidatura a cualquier proceso electoral".

Recuerdan que el Tribunal Constitucional sí que tuvo en cuenta el artículo 56.6 cuando suspendió la aplicación de las penas de prisión impuestas a los ultras que asaltaron violentamente las dependencias de la Generalitat de Catalunya en Madrid. En aquella resolución el TC suspendía la ejecución de la pena porque "la libertad constituye un derecho de una naturaleza que convierte el perjuicio en irreparable en caso de que se estime el amparo una vez cumplido parcial o totalmente la pena".

Según las defensas de los presos independentistas, "de la misma manera que en aquella resolución el TC ponderó favorablemente las circunstancias de los demandantes", es preciso que "se valore ahora la posibilidad de causar un eventual perjuicio irreparable".

Además, recuerdan que la suspensión de la condena no supondría ninguna perturbación de ningún interés constitucionalmente protegido ni de los derechos o libertades de otras personas, y piden también que se tengan en cuenta las circunstancias excepcionales del estado de alarma, que impiden, además, cualquier posibilidad de huida.

"Cada día adicional de privación de libertad y de inhabilitación ocasionan un daño que ya es en sí mismo irreversible e irreparable", advierten, y no liberar a los presos supone "una flagrante conculcación del derecho a la tutela judicial efectiva".

Las defensas van más allá y advierten al Tribunal Constitucional que si no adopta esta decisión de liberar a los presos, estará vulnerando los artículos 5, 6, 13 y 18 del Convenio Europeo de los Derechos Humanos. Alertan que la dilación en la resolución de los recursos por parte del mismo tribunal que "no ha dudado en otras ocasiones en reunirse en plazos sorprendentemente breves" para resolver a favor del Gobierno. Al fin y al cabo, apuntan, se puede interpretar como una estrategia para "retrasar su acceso al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos".