Horas después de que la candidata de la CUP, Dolors Sabater, haya considerado "un impedimento" la investigación abierta contra la presidenciable de JxCat, Laura Borràs, para investirla, la líder anticapitalista ha querido hacer unos matices.
"Los hechos se están juzgando en un tribunal que no corresponde, esto es una clara muestra de que forma parte de la causa general contra el independentismo", ha dicho por una parte. "Eso no quita que las presuntas irregularidades tienen una base y que es a la justicia a quien le toca investigarlo, pero no al Tribunal Supremo", ha añadido por la otra.
Sabater se ha expresado así en una rueda de prensa en Barcelona posterior a una entrevista en TVE donde ha expresado sus dudas para investir a Borràs mientras pese sobre ella una investigación. "Sería mejor que se hubiera aclarado el tema, por mucho que ella hace la defensa de que esta imputación que sufre forma parte de una persecución. Para más claridad y tranquilidad de la propuesta política que hacen, hubiera sido mejor", había dicho.
A través de un comunicado y a modo de apagar los fuegos que se hayan podido encender, el partido ha reafirmado "el compromiso contra la corrupción, pero también su solidaridad contra la represión y las causas de estado".
Además, en esta rueda de prensa, Sabater ha querido dejar claro que "el único veto es a un gobierno del 155 y a un gobierno que siga en la parálisis de estos últimos tres años". De esta manera, la cupaire ha cerrado la puerta a pactar cualquier tipo de acuerdo con el PSC de Salvador Illa, como sí que están dispuestos los comunes.
Por otra parte, Sabater, junto con el número 2 de la candidatura por Tarragona, Édgar Fernàndez, ha presentado una propuesta para que la actividad de las empresas energéticas, de agua, internet y de transportes pase a manos de la Generalitat.
El caso Borràs
El Tribunal Supremo abrió en 2019 la investigación contra Borràs por supuestas irregularidades en adjudicaciones cuando estuvo al frente del Institut de les Lletres Catalanes entre 2013 y 2018.
Borràs se negó a declarar ante el Alto Tribunal y siempre ha denunciado una persecución política. El pasado mes de octubre, el juez ordenó una batería de diligencias solicitadas por la Fiscalía sobre su gestión al frente de la Institución de las Letras Catalanas (ILC) entre 2013 y 2017.