La presidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell, será "sin ningún tipo de duda", la primera responsable "tanto jurídicamente como políticamente" si el Parlament "ignora" el aviso contenido en la providencia que el Tribunal Constitucional (TC) dictó para resolver los recursos de C's y PP, que querían suspender la convocatoria del plenario de la desconexión. Con esta contundencia se ha expresado este viernes la vicepresidenta del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, después del Consejo de Ministros, donde se ha debatido la cuestión catalana.

Inmediatamente y sin perder ni un minuto. Así reaccionará el Gobierno español si el Parlament de Catalunya aprueba el lunes que viene la resolución de desconexión. Este es el tipo de expresiones que ha utilizado Sáenz de Santamaría.

El plenario se celebrará este lunes por la mañana y debatirá y aprobará la resolución soberanista.

A continuación, pues, el Consejo de Ministros se reunirá inmediatamente, pedirá el informe previo del Consejo de Estado (que a estas alturas ya debe estar escrito) y presentarán la impugnación al TC, que lo aceptará y, en el mismo acto, suspenderá la declaración de soberanía y, de rebote, todas las actuaciones legislativas y ejecutivas relacionadas con esta resolución. Es decir, todo el proceso de independencia.

Cuando el TC apruebe la petición de suspensión, ha expuesto, “la Generalitat no podrá hacer nada que vaya en contra de esta decisión” y ha puesto sobre la mesa que una vez anulada la declaración, “será como si” no hubiera “existido”.

Sáenz de Santamaría también ha alertado a los partidos soberanistas de que “cada actuación que intenten llevar a cabo tendrá una respuesta por parte del Estado”.

Morenés destituye al general de Podemos

La vicepresidenta ha revelado, por otra parte, que hoy han expulsado del Ejército al exjefe del Estado Mayor de Defensa (JEMAD) en la última legislatura de Zapatero, José Julio Rodríguez, por “pérdida de confianza” y “falta de idoneidad” tras conocer que se presentará como candidato de Podemos por Zaragoza en las elecciones generales.

Este caso ya tiene precedentes. En el año 2006 pasó algo parecido con el ex general jefe de la Fuerza Terrestre, José Mena Aguado, que fue destituido por infringir “el deber de neutralidad en relación con las diversas opciones políticas”, tal y como lo establece la ley del Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas. Este caso todavía fue más allá y el exministro de Defensa, José Bono, ordenó su arresto domiciliario durante ocho días.