El economista Xavier Sala-i-Martin ha advertido a los españolistas "iluminados" que ya no podrán utilizar el relato de que España es una democracia modélica. Sala-i-Martin ha hecho referencia así al informe de la revista británica The Economist que afirma que el Estado español es una "democracia defectuosa". "A todos los iluminados que, desde hace años, han argumentado que el poder judicial era independiente porque España era una democracia plena: ¡pues ya no lo podéis decir! Según The Economist, es una democracia defectuosa precisamente por el poder judicial", ha indicado. El estudio analiza 164 países de todo el mundo y ha concluido que más de un tercio de la población vive bajo un régimen autoritario, mientras que sólo un 6,4% disfrutan de una democracia plena. Entre estos, no está España, que este año ha bajado de categoría. Con respecto a la media global, esta se sitúa en un 5,28 sobre 10, casi una décima menos que el año pasado. Para encontrar un descenso tan pronunciado de la calidad democrática global nos tenemos que remontar al 2010, después de la crisis financiera.

Uno de los principales motivos por los que los analistas de la unidad de investigación (EIU) han situado a España en la categoría de democracia defectuosa es el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que sigue sin renovarse. Este hace referencia a uno de los cinco indicadores que se analizan de cada país, el de la independencia judicial. El resto son: procesos electorales y pluralismo, funcionamiento del gobierno, participación política y cultura política democrática. Con esta bajada, España ha retrocedido dos sitios en el ranking mundial, y ha pasado de la 22.ª posición a la 24.ª. El país líder en calidad democrática sigue siendo Noruega con un margen muy amplio: Tiene 9,75 puntos sobre 10. En cambio, la lista la cierra Afganistán, con 0,32 puntos.

El hecho de que España haya bajado de categoría es algo que los analistas del EIU ya habían ido advirtiendo que podía suceder en ediciones anteriores, ya que el Estado hace años que tiene una puntuación muy baja en el indicador sobre justicia. El politólogo Jordi Mas ya advertía en el 2021 que varios organismos y asociaciones internacionales ponían en duda la calidad de la democracia española. "En los últimos años, la controvertida ley mordaza que ha sancionado o enviado a la cárcel a artistas críticos con las instituciones del Estado, se ha perseguido a los que lo denuncian o no permite un debate parlamentario sobre la unidad del Estado o la monarquía, mientras que la sentencia de los tribunales españoles a los políticos catalanes ha causado estupefacción internacional, así como un recorrido jurídico muy corto y con un final diferente en Bélgica y Alemania...", exponía Mas., y añadía la "gran discrepancia entre lo que observan los rankings", que situaban a España por encima de Francia o EE.UU., "y lo que denuncian diferentes sectores, tanto a fuera como dentro del país".