El Parlament ha aprobado un salario mínimo de 1.200 euros para los trabajadores de residencias en una votación que se ha caracterizado por la abstención casi general de los grupos de la cámara.
De hecho, la propuesta de resolución sólo ha obtenido 12 votos a favor: los de la CUP (grupo que lo había presentado) y los de Catalunya en Comú Podem. El resto de grupos se han abstenido, excepto los cuatro diputados del PP, que han votado en contra.
El texto presentado por los anticapitalistas pide "incrementar las tarifas y módulos a fin de que el salario mínimo de los trabajadores y las trabajadores sean 1.200 euros brutos por catorce mensualidades".
El diputado de la CUP Vidal Aragonès en el Parlament | Sergi Alcàzar
La propuesta también deja apuntado que el incremento se comunicará a las patronales y los sindicatos más representativos del sector "para que puedan decidir a las comisiones negociadoras de los convenios colectivos de aplicación alguna fórmula diferente de distribución de la masa salarial, si bien tendrá que tener como finalidad el incremento de las retribuciones más bajas."
Ni internalización ni traspaso a los ayuntamientos
Precisamente, esta propuesta del aumento del salario estaba prevista como un paso previo a la internalización pública de la gestión de las residencias, la cual los anticapitalistas habían pedido en otra propuesta que ha sido tumbada por la mayoría de la cámara, sólo recibiendo el apoyo de los comuns.
La entrada de una residencia de gent mayor de Palafrugell | ACN
El Parlament también ha rechazado por una amplia mayoría la propuesta de los cupaires de transferir las competencias de la gestión de residencias, "con la correspondiente dotación presupuestaria", a los ayuntamientos.
Construcción "urgente" de residencias
En cambio, la cámara sí que ha dado su visto bueno a la propuesta de la CUP sobre la "construcción urgente" de residencias públicas de personas mayores y de centros residenciales para personas con discapacidad". La propuesta, que alerta que la construcción de los nuevos centros "en ningún caso se hará con financiación privada ni la propiedad será de empresas privadas", ha recibido el apoyo amplio de la cámara con 94 votos a favor y 40 abstenciones.
Revertir la privatización de la asistencia médica
Por otra parte, el Parlament ha aprobado instar al gobierno de Quim Torra a revertir en dos años la privatización de la asistencia médica a las residencias para que "esta sea asumida por profesionales del sistema público de salud en el marco de la atención comunitaria". La propuesta, del PSC, ha recibido el apoyo de JxCat, ERC, el PSC, los comuns y la CUP, mientras que Cs y PPC se han abstenido.
La cámara también ha aprobado, a propuesta de los comuns, hacer una auditoría "que analice tanto la gestión de las residencias como la gestión hecha, desde el Gobierno, de la crisis sanitaria, así como el impacto que ha tenido la pandemia en estos centros, con el objetivo de transformar al modelo y tomar medidas para minimizar futuras emergencias".