La exconsellera de Justicia e Interior de la Generalitat Valenciana, Salomé Pradas, ha reaccionado con un comunicado a la decisión de la jueza de imputarla por la gestión de la DANA del País Valencià. Salomé Pradas asegura que se ha enterado de la citación por los medios de comunicación, y dada la trascendencia de la situación, ha decidido personarse en la causa. La exconsellera ha señalado que siempre ayudará a hacer que se conozca "toda la verdad", en unos momentos en los cuales, defensa, atendió las funciones institucionales que le correspondían "desde el primer minuto hasta el último".

En el texto, Pradas informa de que se personará en el procedimiento que sigue el juzgado de Catarroja, que instruye la investigación sobre la gestión de la DANA en el País Valencià, y que hoy ha citado a declarar como investigados a la exconsellera de Justicia e Interior y el exsecretario autonómico de este departamento Emilio Argüeso, pero ha rechazado hacerlo con el president de la Generalitat, Carlos Mazón, "sin perjuicio a que él lo pida voluntariamente". En cuanto a Salomé Pradas, la jueza señala que tenía atribuido como máxima autoridad "el proceso de adopción de medidas de autoprotección de la población" y con respecto a Argüeso apunta que es necesaria su declaración dada su "relevancia orgánica y, por lo tanto, decisoria".

Pradas ha defendido que "siempre estará en disposición de poder ayudar al hecho a que se conozca toda la verdad sobre las circunstancias que rodearon la gestión de la emergencia de la catástrofe natural", unas horas y unos días, en que dice, que "me mantuve, desde el primer minuto hasta el último, atendiendo las funciones institucionales que me correspondían según la normativa aplicable". La exconsellera señala que sus abogados y su procuradora procederán a la personación en el procedimiento, para conocer la instrucción y las resoluciones dictadas durante varios meses y hasta esta fecha, "con el fin de hacer valer los derechos que la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico me confieren", indica el comunicado. Quien era la segunda de Mazón en el momento de la DANA ha anunciado que no hará más pronunciamientos hasta su declaración en sede judicial "por respeto a las víctimas, a los damnificados y a la instrucción judicial".

Imputada como "máxima autoridad responsable"

La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, ha citado a declarar a Salomé Pradas como investigada por los presuntos delitos de homicidio y de lesiones por imprudencia y será el primer cargo político del Gobierno valenciano que tendrá que ir a los tribunales a dar explicaciones sobre la gestión del temporal. La providencia la presenta como "partícipe en el proceso de adopción de medidas de autoprotección de la población" y como "máxima autoridad" en el momento de enviar la alerta a los móviles. Asimismo, la magistrada también cita al exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, por su "relevancia orgánica y decisoria".

La jueza insiste en que el aviso masivo en la población, que se envió a las 20.11 horas del 29 de octubre, fue "tardío y erróneo" ante un fenómeno meteorológico que "no fue imprevisto", sino que estaba anunciado por la AEMET "hasta el punto que la Universitat de València acordó la suspensión completa de sus actividades". En opinión de la magistrada, las previsiones habrían tenido que llevar a convocar el CECOPI (el Centro de Coordinación Operativa Integrada) la mañana para "como mínimo, avisar la población". "La convocatoria del CECOPI se llevó a cabo con una gran demora, y se tiene que sumar que la toma de decisiones por la Administración autonómica destinada a alertar la población se produjo con un retraso todavía mayor", lamenta la providencia, que recuerda que los anuncios sobre la "gravedad de la situación" se produjeron en "varios ámbitos" y con una "antelación suficiente".

Además, la jueza rechaza de lleno las múltiples y repetidas acusaciones del PP que faltaba información: "El problema debió residir no en la ausencia de información, había de sobra y por innumerables medios en tiempo real al alcance de los responsables, ni si la información venía de órganos dependientes de la Administración central o autonómica, sino en el hecho de que se ignorara la información, no se comprendiera el alcance (lo cual resultaría igualmente grave), no se supiera por dónde pensaba el Barranco de Poio y la situación del resto de poblaciones no relacionadas con el mencionado barranco o no se tomaran las decisiones pertinentes por quien tenía el poder de decisión", esgrime la magistrada.