El líder de la oposición en el Parlament, Salvador Illa, ha considerado que los fondos para las fianzas para ayudar a los ex altos cargos de la Generalitat encausados por el Tribunal de Cuentas se enmarca dentro de la legalidad. De esta manera, el líder socialista cambia de opinión con respecto a la medida impulsada por el conseller de Economia, Jaume Giró.

Illa ha modificado su posicionamiento después de recibir la información sobre la legalidad de los fondos que había solicitado a los equipos jurídicos de su grupo parlamentario. "La información que tengo hoy, según los equipos jurídicos de mi grupo parlamentario y otros con los cuales he contactado, es que es un decreto que está muy ajustado a la legalidad", ha expuesto en una entrevista a RAC1.

A las puertas del Consell de Garanties Estatutàries

El grupo parlamentario del PSC ha solicitado al Consell de Garanties Estatutàries (CGE) que dictamine si el decreto ley aprobado por el Govern se ajusta al Estatuto de Autonomía y a la Constitución Española. Una solicitud que también quieren hacer Ciudadanos y el Partido Popular.

Salvador Illa ha justificado la acción de su partido asegurando que, aunque los informes de este organismo catalán no son vinculantes, sí que tiene un valor político, el cual podría acabar con el alboroto que se ha generado en torno al Fondo Complementario de Riesgos de la Generalitat de Catalunya (FCRCAT). Illa ha insistido en decir que no quiere que haya ninguna sombra de duda sobre el tema.

Por su parte, PP y Cs necesitan coordinarse para pedir el dictamen al Consell de Garanties Estatutàries, ya que para hacerlo se necesitan 14 diputados o dos grupos parlamentarios.

Protección a los funcionarios de la Generalitat

El decreto ley pilotado por la Conselleria de Economia pretende proteger a los funcionarios de la Generalitat de posibles represalias del Estado español para hacer su trabajo. Este fondo nace a raíz de la persecución del Tribunal de Cuentas a ex altos cargos de la institución.

Las condiciones para solicitar la cobertura de este fondo son que no exista ninguna resolución judicial firme que declare ilícitas las actuaciones del afectado, que el riesgo no esté ya cubierto por otros seguros de la administración y que la Generalitat no haya iniciado ninguna acción contra la persona encausada. Aquellos que quieran beneficiarse del fondo tendrán que tramitar la solicitud exponiendo si se cumplen las premisas.

En caso de que los afectados acaben siendo declarados culpables, tendrán que devolver el dinero a la Generalitat, aunque el conseller Giró, cuando presentó esta medida, se mostró confiado en el hecho de que eso no acabaría pasando, ya que hasta ahora las instancias europeas han contradicho las sentencias emitidas por la justicia española.

 

Imagen principal: El líder del PSC, Salvador Illa, durante un pleno del Parlament de Catalunya / ACN