Salvador Vergés Tejero (Olot, 1976) es, seguramente, la cara más visible de Junts per Catalunya con la sequía y todo aquello que tiene que ver con el primer sector. Esta legislatura se ha estrenado como diputado en el Parlament de Catalunya. En su incipiente trayectoria política, ya forma parte de la dirección política de los juntaires como miembro de la ejecutiva nacional del partido. La tarea parlamentaria la combina con su trabajo de campesino y empresario agroalimentario, una ocupación que lleva con orgullo hasta la cámara catalana. Vergés, ingeniero de puentes y caminos de formación, es crítico con la gestión del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural que encabeza el conseller David Mascort. En una semana marcada por los primeros siete días de emergencia por sequía en el sistema Ter-Llobregat y por las movilizaciones históricas de los campesinos —que han trasladado sus proclamas a Barcelona y que han llegado hasta el mismo Parlament—, ElNacional.cat conversa sobre estas cuestiones con el parlamentario de Junts.
Hace una semana que Catalunya se encuentra en estado de emergencia. ¿Por qué hemos llegado hasta aquí? ¿La fase de emergencia era un paso inevitable en estos momentos?
En Junts no negamos que estamos ante una sequía como no la habíamos visto nunca antes, desde que hay datos. Eso es evidente. Entendemos que no ha habido suficiente diligencia en la manera en que el Govern ha ido gestionando las diferentes fases. Si hubieran sido más eficaces y diligentes, en este momento no estaríamos en una situación tan grave. Evidentemente, la sequía es grave, pero habríamos podido declarar la emergencia más adelante. Nadie sabe cuándo, porque nadie sabe a ciencia cierta cuándo lloverá, pero la habríamos podido declarar más adelante.
El país se encuentra en una situación de sequía desde hace 40 meses. Teniendo en cuenta que el régimen pluviométrico no cambiará a corto y medio plazo, y que será la nueva realidad a causa del cambio climático, ¿qué le puede esperar a Catalunya en los próximos meses?
Podemos tener unos años en los que nos recuperemos, pero volveremos a tener episodios de sequía muy graves. Si hablamos concretamente del episodio que estamos viviendo en estos momentos, no hay previsiones optimistas que hagan pensar que se pueda resolver antes de llegar, como mínimo, al otoño. Por lo tanto, el país se tiene que preparar para unas restricciones que desgraciadamente serán muy y muy severas. E insisto: había mecanismos y maneras de hacer por parte del Govern para no tener que llegar a esta situación tan extremadamente grave o, cuando menos, poder posponerla unos meses. Y estas actuaciones que se podían hacer era básicamente seguir lo que establecimos en la ley de medidas urgentes y extraordinarias por la sequía, que impulsamos Junts en el Parlament, y que fue votada por 99 diputados de 135. Eso venía después del fracaso de la primera cumbre que organizó el president Aragonès y en la cual no se estableció ningún acuerdo. A partir de aquí, aquel día mismo anunciamos que entraríamos una iniciativa parlamentaria que fue en forma de esta ley y en ella es donde se detallan cuáles son las actuaciones a hacer, con qué dotaciones económicas y cómo, es decir, por el procedimiento de urgencia. Por lo tanto, lo que se trataba era de seguir esta ley que nos dotamos todos en este Parlament, a instancias de Junts, y eso entendemos que el Govern no lo ha hecho con suficiente diligencia.
El Govern tenía mecanismos y maneras de actuar para no tener que llegar a esta situación tan extremadamente grave y poder posponerla unos meses
¿Qué opina del acuerdo entre el Govern y el Estado para que pueda llegar agua en barcos que proviene de la desalinizadora de Sagunt, si se necesita?
Es el chocolate del loro. Lo que podamos traer aquí en barcos —y se vio en la sequía anterior— no será significativo. Digámoslo diferente: si tiene que ser significativo, costará un ojo de la cara. Junts per Catalunya ya hemos empezado a pedir al Govern que alguien tendría que hacer los números y explicar a la ciudadanía lo que puede llegar a costar el hecho de traer agua significativa en barcos, sea desde Sagunt o desde Tarragona —ellos han hablado de diferentes lugares—. Por lo tanto, primero, hay un tema de coste estratosférico. Segundo, hay también una cuestión de calidad. Los barcos que llevan esta agua muy probablemente serán barcos que no llevaban agua, sino otros productos. Se tendrá que habilitar sus depósitos y ya la otra vez anterior nos consta que hubo dificultades en la calidad de esta agua. El Govern tiene que explicar cómo piensa garantizar la calidad de esta agua. Además, hay una cuestión de soberanía.
¿Por qué?
Si el Govern se supone que está liderado por un partido independentista, es muy triste no haber sido lo suficientemente diligente con una herramienta como la que teníamos —que era la ley de medidas urgentes y extraordinarias por la sequía—. En lugar de utilizar estas herramientas propias, que es lo que haría un estado, lo que hacen es ir a mendigar a Madrid que por favor les ayuden a solucionar este problema y lleven agua de Sagunt o de donde sea con la cantidad que representa, el dinero que llega a valer y la calidad, que es difícil de poder garantizarla.
Si el agua que se traiga en barcos tiene que ser significativa, nos costará un ojo de la cara. Hay un tema de coste estratosférico y una cuestión de calidad
Lo que pasa es que la situación de sequía será, probablemente, estructural. También se ha anunciado un acuerdo para pagar con fondos europeos las desalinizadoras de Foix y la ampliación de Tordera, pero estarán listas para el 2028 y 2029. Si estas infraestructuras llegan a medio y largo plazo, teniendo en cuenta que el régimen pluviométrico no es nada optimista, ¿qué hacemos a corto plazo?
Hemos sido muy claros. Hemos hecho la ley, y en ella había obras con nombres y apellidos, que eran las grandes infraestructuras de país, y había actuaciones en baja para ayuntamientos —poder tener más pozos, resolver escapes, digitalizar...—. Sobre las grandes infraestructuras del país, las había que tenían plazos de ejecución más largos y otras, más cortos. Había especialmente dos obras significativas: una es la potabilizadora del Besòs, que el mismo president Aragonès —en abril del 2023— dijo que estaría acabada antes de finales de 2023. Esta era la obra que, en un menor tiempo posible, nos daba una cantidad de agua muy significativa: pasábamos de los 100 litros por segundo a 900 litros por segundo, que representa el 16% del consumo del Àrea Metropolitana de Barcelona. Por lo tanto, cuando decimos que si el Govern hubiera sido diligente, en este momento estaríamos en una situación mucho mejor, lo decimos por eso. En estos momentos, esta obra todavía está pendiente de autorizar. El Govern ha perdido un año con una obra absolutamente crítica y estratégica.
Pero la desalinizadora de Tordera sí que tardará más.
Es una obra que ya el verano pasado era licitable. Lo que pasó es que entre los socialistas aquí, los de Madrid, ERC, que si la investidura de Pedro Sánchez, empezaron a discutir si la licitaba Madrid o la licitaba Catalunya. Madrid la acabó declarando como una obra prioritaria. De hecho, todavía ahora en la web del Ministerio, pone "el Estado asume la construcción de...". Dijeron que la pagaban ellos. Tanto es así que se puede ver en la hemeroteca: el PSC pedía al Govern en qué se gastaría los 220 millones de euros que se habían incluido en el presupuesto de 2023 correspondientes a esta infraestructura porque la pagaba España. Ahora resulta que acaba siendo un crédito, que el Estado adelanta un dinero para que Catalunya la pueda sacar adelante y que entonces se irá recuperando la inversión, se irá pagando a través del canon. La Agència Catalana de l'Aigua tiene remanente de tesorería suficiente para poder abordar esta obra y, por lo tanto, no le hacía falta ningún crédito, que encima entendemos que supondrá unos intereses. Por lo tanto, todo ha sido un desbarajuste, tanto a nivel de plazos como de pago —que no lo ha acabado asumiendo de ninguna manera España, como siempre acaba pasando—, y con esta obra también se ha acabado perdiendo unos meses preciosos. De acuerdo que es una obra que tiene unos tres años de ejecución, no es tan rápida como la de la potabilizadora del Besòs, pero se han perdido también unos meses para poder avanzar en este sentido. Necesitamos ser diligentes, eficaces y avanzar tanto como podamos en estas grandes infraestructuras de país.
Una de las opciones que ha habido encima de la mesa era hacer un trasvase del Ebro al sistema Ter-Llobregat. Eso parece que ha sido descartado por el Govern. ¿Cree que se tiene que descartar completamente esta opción?
Es un falso debate. Eso es un debate que ha querido llevar Esquerra Republicana para tapar que ellos no han sido lo suficientemente diligentes al hacer estas obras que explicaba. Si ellos se hubieran centrado en cumplir la ley, al hacerla en los plazos que estaban estipulados y que ellos también se habían comprometido, no debatiríamos esta posibilidad. Es un debate que lo quieren poner ellos sobre la mesa de manera interesada y, en realidad, es a ellos a quienes se les tendría que preguntar por qué se está hablando de esto.
El debate sobre el trasvase del Ebro lo ha querido poner interesadamente Esquerra Republicana para tapar que no han sido diligentes con la sequía
La última gran infraestructura que se construyó es la desalinizadora de El Prat, del 2008. A lo largo de estos años, ha habido paralización de proyectos, y era la tradición política de la cual viene Junts quien tenía las responsabilidades. Se descartó, también, un trasvase del Ródano. Sabiendo todo esto, sabiendo que el cambio climático sería una realidad en estas décadas que vienen, ¿por qué se hizo esta paralización del 2008 al 2022?
El tripartito, del cual formaba parte Esquerra Republicana, los comunes y los socialistas, dejó una deuda de 1.500 millones de euros a la ACA. El Govern que llegó en aquel momento se encontró este agujero y tuvo que trabajar en diferentes medidas. Lo tuvieron que hacer los consellers Recoder, Rull y Calvet. A lo largo de esta trayectoria, con diferentes medidas —por ejemplo el canon del agua y otros—, consiguieron quitar esta deuda y dejar a la ACA con un remanente de tesorería positivo de 500 millones de euros y con una cantidad de 1.000 millones en infraestructuras planificadas, entre las cuales había la desalinizadora del Tordera. Este fue el proceso que siguieron con aquello que se encontraron del tripartit que se había encomendado a la Moreneta. Por lo tanto, cuando ERC quiere hacer política de retrovisor y pasar el muerto a los que habían gobernado antes, hay que decir que los números son muy claros. El problema es que no han hecho el trabajo, a pesar de tener avisos ya desde el inicio de legislatura que la sequía que teníamos en frente era extremadamente grave.
¿Son inevitables los ERTE o los ERE en sectores como la industria o el primario?
Desgraciadamente, tanto la industria como el mundo rural en general, la agricultura y la ganadería, están sufriendo unas restricciones que hacen muy difícil poder continuar su actividad con normalidad. Por lo tanto, es evidente que sí, que habrá que hacer ajustes. Es triste porque hay muchas medidas que, si el Govern se sentara más a escuchar a los diferentes sectores, son los que mejor conocen cómo gestionan el agua en sus procesos. Tienen muchas medidas alternativas y propuestas técnicas muy válidas que entendemos que el Govern tendría que escuchar y no hacer una política de café para todos, en el sentido de aplicar unas restricciones generalistas, sino entrar más al detalle, hacer más política fina y particularizar estas restricciones dependiendo de cada sector. Nosotros nos vamos reuniendo con todos. Hace poco estábamos sentados con el sector deportivo catalán, y ellos lo que defienden es que les digan cuál es el porcentaje que tienen que reducir de consumo de agua, que les dejen proponer algunas medidas que no serían tan lesivas para su actividad. O ya no hablemos de los ganaderos, con una restricción ahora en fase 1 de emergencia del 50% de agua. Eso prácticamente quiere decir que tienes que sacrificar el 50% de la cabaña. Es imposible poder seguir produciendo lo mismo, con el 50% de agua. Sí, habrá sectores que sufrirán muchísimo y que tendrán que aplicar ERTE y lo que haga falta. Y aquí, evidentemente, el Govern tendrá que estar detrás y poder ayudar con medidas económicas para intentar que estas industrias, empresas, campesinos puedan sobrevivir a este episodio de sequía y poder volver a levantar el vuelo.
En el caso del turismo, los comunes o la CUP reclaman medidas específicas y que se ajusten más el cinturón. ¿Qué posicionamiento tiene Junts? ¿Tienen que tener más restricciones o flexibilización?
Nosotros entendemos que no se puede encender un debate populista. Todos los sectores en Catalunya son necesarios y lo que hace falta es equidad. Yo creo que el sector turístico quiere que el sector rural sea fuerte y salga adelante, y el sector rural también quiere que el sector turístico salga adelante porque hay una simbiosis que unos consumen los productos de los otros. Por lo tanto, lo que tenemos que conseguir son unas medidas que de forma equitativa puedan ayudar y salvar a todo el mundo. Todo el mundo está haciendo su trabajo, sus deberes. Sí que es verdad que, con el plan especial de sequía que tenemos, quien ha sufrido más que nadie es el campesinado, con unas restricciones de agua a un colectivo que ya viene de años de precios bajo coste, de años de plagas de fauna, de exceso de burocracia, de tener que sufrir competencias desleales porque entran productos en la Unión Europea a los cuales no se les piden los mismos requisitos ambientales que los que se producen aquí, etcétera. Por lo tanto, un sector que ha estado muy tocado y ahora le llega la gota que colma el vaso, que es la sequía. Se entiende que se mire qué restricciones se están aplicando a los otros, pero eso no quiere decir que tengamos que ser tajantes y decir: cerremos el grifo al turismo. No, porque el turismo también supone para Catalunya muchos beneficios indirectos que también van a los otros sectores, y todos los sectores son conscientes de ello.
No se tendrían que aplicar unas restricciones generalistas y aplicar un café para todos, hace falta cirugía fina y particularizarlas dependiendo de cada sector
También estas formaciones plantean que, vista la situación de sequía, se tendrían que paralizar proyectos como el Hard Rock. ¿Es compatible con la sequía?
Cuando se habla de pistas de esquí, de la Ryder Cup, del Hard Rock, son proyectos que cuando entras a fondo tienen sus sistemas de reducción de agua, de eficiencia, de sostenibilidad. Hay que hablar con propiedad. Necesitamos que el país siga creciendo. Evidentemente, el crecimiento hacia el cual nos estamos dirigiendo como sociedad, seguramente, es más desmaterializado. Pero lo que no se vale es hablar simplemente de decrecimiento, porque estamos engañando. La realidad es que tenemos un país de ocho millones de habitantes y lo que tenemos que hacer es poner las herramientas y generar la economía suficiente para poder dar una vida, unas condiciones dignas y un bienestar a todos nuestros ciudadanos.
La fase de emergencia 1 implica que el consumo por habitante tiene que ser de 200 litros al día. Hemos visto ya antes de la aplicación de esta fase de emergencia municipios que sobrepasan la media permitida y se les han aplicado las correspondientes sanciones. ¿Creen en este régimen sancionador?
Siempre hemos sido muy críticos con las sanciones. Sancionar es, primero, pasar el muerto a los ayuntamientos; segundo, ir contra aquellos que están consumiendo demasiado, pero sin mirar muchas veces el porqué están consumiendo demasiado. Hay muchos ayuntamientos que no es por voluntad, sino por falta de capacidad de poder arreglar sus fugas. Por lo tanto, aquí lo que se tiene que hacer no es sancionar, sino ayudarlos a arreglar sus fugas en las redes. Hay ayuntamientos que tienen detectados quiénes son los pocos individuos que consumen excesivamente, pero en cambio les es complicado poder trasladar esta responsabilidad, poder trasladarla a las multas que reciben. Ellos están recibiendo multas cada mes de unas cuantas decenas de miles de euros. Pueden abrir un expediente y sancionar a uno de sus habitantes que consume excesivamente por un valor máximo de 3.000 euros. Por lo tanto, les es muy complicado a los ayuntamientos poder trasladar esta responsabilidad. También hay ayuntamientos que hasta este momento tenían mezclados los consumos industriales con domésticos, porque eran pueblos pequeños, y ahora se ha hecho aquí un esfuerzo por separar el consumo industrial del consumo doméstico. Se tiene que acompañar mucho más a los ayuntamientos y no ir tanto con la medida fácil, que es la de ir a sancionar. Al final, el Govern no está haciendo el trabajo de poner el agua a disposición, en la oferta; y nadie está sancionando al Govern por eso.
¿La gravedad de la situación no haría oportuno hacer unos presupuestos de país que pusieran más recursos para la sequía, y que hubiera un consenso amplio en el Parlament?
Quien tiene que poner unos presupuestos y llevarlos al Parlament es el Govern. Por lo tanto, si el Govern no está siendo lo suficientemente valiente para definir unos presupuestos de país —estamos ya en febrero— y llevarlos a aprobación, debe ser porque es consciente de la debilidad que tiene con solo 33 diputados y que debe pensar y saber que no los podría aprobar. Eso es una cuestión que tiene que resolver el Govern y que es muy sintomática de qué Govern en minoría estamos sufriendo en este país.
Ustedes han reclamado la convocatoria de una nueva cumbre por la sequía. ¿Por qué motivos?
Hemos reclamado una nueva cumbre cuatro veces en sede parlamentaria. En dos ocasiones nos han dicho directamente que no, en las otras dos nos han menospreciado y no nos han devuelto ni la respuesta. Es patente que el Govern no está haciéndolo bien con la gestión de la sequía. Si no es capaz de coger nuestra mano tendida y aprovechar la ayuda y conocimiento del resto de partidos del arco parlamentario, es triste que lo haga mal y lo quiera hacer solo.
Hemos escuchado un "que llueva o que dimita" de usted al conseller Mascort. Hablábamos de la posibilidad de que haya ERTE, ERE; que haya fases de emergencia más avanzadas. ¿La evolución de la sequía puede hipotecar o condicionar el futuro de la legislatura?
Lo que dije en la sesión de control es que estaremos muy atentos y vigilaremos que el conseller dé una respuesta adecuada al grito desesperado de los agricultores que se están movilizando con miles de tractores. Si no lo hace, entonces nosotros no tendremos más remedio que decirle que la única solución es, a pesar de no le plazca, que llueva y que dimita. ¿Esto puede condicionar la legislatura? Realmente, cuando se ve si uno vale o no para gestionar un país, una empresa, es cuando las cosas se ponen feas. Se está echando de menos un Govern fuerte y competente.
Esta semana hemos visto movilizaciones inéditas del campo. Hubo una reunión con casi todos los grupos en el Parlament el jueves, en la cual se alcanzaron tres acuerdos: cobro de ayudas pendientes, reducción de burocracia y adecuación de restricciones de agua a cada casuística. ¿Cómo valora el acuerdo? ¿Es suficiente?
Tiene un valor conceptual en el sentido que los campesinos que vinieron al Parlament salieron con un acuerdo, con algo tangible. Salieron con un acuerdo firmado en forma de propuesta de resolución, con el sello de registro del Parlament. Que su esfuerzo de movilizarse estos días, sin dormir prácticamente durante dos noches, viniendo miles de tractores de todos los lugares de Catalunya hacia Barcelona, haya acabado derivando en un acuerdo hace que tenga sentido el porqué salieron a la calle. ¿Es suficiente? Evidentemente que no. Da respuesta a sólo tres puntos, que son clave, pero para ello tenemos convocado a instancias de Junts el pleno monográfico de campesinado el 5, 6 y 7 de marzo, y precisamente allí será la ocasión ideal para poder dar respuesta a todas sus reivindicaciones. Especialmente, para escucharlas, debatirlas y poder llegar a acuerdos concretos que sean muy ejecutivos.
¿El Govern tiene realmente margen para compensar esta flexibilización de las restricciones de agua a cada casuística?
Claro. Lo que no puede ser es que las restricciones por sequía se apliquen como un café para todos, como si valieran lo mismo para cada campesino, se dedique a lo que se dedique y sea de donde sea.
¿Qué consideración le merece que el Govern se reuniera con algunos representantes de los campesinos el miércoles y los emplazaran a una nueva reunión en 10-15 días?
Es muy significativo de la inoperancia de este Govern en minoría. Que el president y el conseller ante una movilización histórica en nuestro país, con miles de tractores en las carreteras y campesinos que llegaron a Barcelona, tan solo fueran capaces de decir que se lo estudiarían y que los emplazaban a una siguiente reunión es un menosprecio y una falta de respeto. En contraposición a esto, al día siguiente los convocamos en el Parlament, y la diferencia es notoria. Es paradójico que el Govern, que en teoría es el poder ejecutivo, acabe siendo mucho menos ejecutivo que no el Parlament, que demostramos que éramos capaces de trazar un acuerdo consensuado y transversal entre el sector y la mayoría de grupos.
¿Y los cambios que ahora Pedro Sánchez anunció que haría en la ley de cadena alimentaria son un buen paso?
Con la movilización histórica que hemos vivido, ahora todo el mundo tiene prisa y todo el mundo corre a hacer anuncios, a intentar poner parches o rebajar esta revuelta campesina. En el caso del Govern, es una falta de respeto que salga el president Aragonès y el conseller Mascort a anunciar que ahora tirarían hacia adelante la ventanilla única. Esta era una de las medidas estrella del documento que consensuamos en julio de 2023 entre sectores, grupos parlamentarios y el propio ejecutivo. Era un acuerdo fruto de la mesa de desburocratización del campesinado. Esta medida ya estaba incluida en ese documento, ya estaba comprometida ahí, y el Govern aún no nos ha convocado a ninguna reunión de seguimiento del acuerdo, como dijo que haría. Que ahora salgan a anunciarlo como si fuera una medida suya y nueva es un menosprecio al campesinado. Sobre los cambios en la ley de cadena alimentaria, son necesarios y hace mucho tiempo que lo denunciamos. El campesinado sigue trabajando con precios bajo coste, y es necesario reformar la ley de verdad para que funcione.