La revisión de la sedición ha sido uno de los asuntos más candentes pero el ministro de Justicia ha pasado de puntillas. En su comparecencia este lunes ante la comisión del Congreso de los Diputados, Juan Carlos Campo ha defendido la reforma integral del Código Penal, utilizando los mismos argumentos que hasta ahora. Más allá de eso, se ha limitado a negar que esta reforma responda a "un compromiso con un partido", en referencia a ERC, por lo que hace referencia a los términos. Y aquí lo ha dejado. No ha puesto ni siquiera un calendario encima de la mesa, como sí que ha hecho con la modificación de la ley de enjuiciamiento criminal.
Ha sido ya en el turno de las respuestas a los grupos parlamentarios cuando se ha referido. El ministro socialista ha asegurado que esta revisión del Código Penal se hará "con el más amplio debate" y el máximo consenso, siempre que sea posible. Ha defendido que también se revise la rebelión y la sedición. "¿Alguien duda que le tenemos que dar una vuelta a estos delitos para ajustar los ataques en la Constitución que se pueden dar en una situación nueva?", ha preguntado. En todo caso, ha dicho que "los términos" de la revisión ya se analizarán, después de discutirlo ampliamente y contar con la opinión de expertos.
Más allá de la reforma del Código Penal, Juan Carlos Campo también se ha visto obligado a defender el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado. Ha sido un ítem recurrente en las intervenciones de los grupos. El ministro ha respondido aferrándose a la legalidad: "El mandato constitucional está claro: español, jurista de reconocido prestigio, con más de 15 años de ejercicio efectivo de su profesión".
Sólo empezar su comparecencia ante la comisión, Juan Carlos Campo ha hecho una "petición" a todos los grupos, que será "eje" de su acción de gobierno: "No dejemos que un mal entendido partidismo impida que llegamos a un acuerdo". Ha dicho que intentará "colocar el ámbito de la justicia en en lugar que se merece", que sea un "servicio público de calidad". Para ello habrá que saber "todo lo que hay a mejorar, cambiar y fortalecer". Por delante tiene retos importantes, como la reforma del Código Penal o la renovación del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional.
El ministro de Justicia se ha comprometido a venir cada tres meses a la comisión de Justicia para "rendir cuentas" sobre los compromisos adquiridos, sobre "por qué se han hecho y por qué no".
El independentismo exige mano izquierda
En nombre de ERC, la diputada Carolina Telechea ha vuelto a exhibir guante de seda con el Gobierno, a la espera de concretar la mesa de diálogo. Eso sí, le ha reprochado que la cúpula judicial se mantenga en funciones y que haya un "poder judicial que no representa la sociedad a la que tendría que dar respuesta". También ha reclamado la "supresión" de la Audiencia Nacional, una institución "impropia y heredera del franquismo". En este punto, el ministro le ha respondido que es necesaria porque algunos actos desbordan territorios. "Si no existiera, quizás se tendría que inventar", ha ironizado.
Por su parte, en representación de JxCat, Jaume Alonso-Cuevillas le ha recordado que la cartera de Justicia nunca habrá tenido tanta "relevancia política" como en esta legislatura. Ha señalado la gravedad de un conflicto político "que nunca se tendría que haber judicializado", una "grave politización de la justicia" con una cúpula que "ha decidido ponerse el uniforme de batalla" y la necesidad de una reforma del sistema judicial para hacerlo más eficiente y transparente. Ha aprovechado para cargar contra la "injusta" sentencia del procés, que "como mínimo es discutible". Ha exigido la derogación de los delitos de sedición y malversación sin apropiación.
La misma exigencia de supresión ha hecho a la diputada cupaire Mireia Vehí, que ha preguntado qué hará el nuevo Gobierno "con la politización de las otras magistraturas del Estado que persiguen políticamente personas que defienden derechos colectivos". Les ha recordado que tienen "margen para trabajar" en este sentido.
Asens, muy crítico
En nombre de Unidas Podemos, ha intervenido Jaume Asens, que ha pronunciado un discurso muy crítico con el poder judicial. Ha cargado especialmente contra unos jueces que pasaron de la dictadura a la democracia sin que se les exigieran responsabilidades, pero también contra el actual CGPJ, "un poder incontrolado que se está saltando líneas que no debería saltarse". En este sentido, ha denunciado que haya seguido nombrando estando en funciones. "Se sitúa fuera de la legalidad y de la legitimidad democrática", ha llegado a decir.
Nueva LECrim este año
Uno de los principales objetivo que se ha fijado el ministro de Justicia es la actualización de la ley de enjuiciamiento criminal (LECrim). Se ha comprometido a presentar un anteproyecto de ley al Consejo de Ministros antes de que acabe el año. Ha recordado que la actual ley es de 1882 y que no basta con "parches". La norma está "desbordada por la realidad procesal". Ha defendido que hace falta una "nueva regulación propia del tiempo y la sociedad que vivimos" para tener un proceso penal "moderno, democrático y plenamente adaptado a los principios constitucionales". La dirección de la investigación pasará a manos de la Fiscalía. Lo ha justificado para equiparar España a los países democráticos de su entorno.