Repóquer de gestos de Pedro Sánchez con Junts per Catalunya. Si este martes se conocían cuatro —retirada del techo de déficit, aceptar una negociación sobre este tema, carta a Europa para reclamar la oficialidad del catalán y reactivación de las comisiones de investigación sobre la operación Catalunya y el 17-A—, este miércoles se ha conocido otro, relacionado con el último de esta lista. Fuentes del Gobierno confirman a este periódico que Pedro Sánchez se ha comprometido a desclasificar informes del CNI sobre los atentados del 17-A. El argumento que utilizan ahora fuentes de la máxima capitanía del Ministerio de Defensa es que quieren desvanecer todas las "desconfianzas" que hay en torno al Centro Nacional de Inteligencia y su papel en 2017. "No hay nada que esconder", afirman las mismas fuentes. Desde la sala de máquinas de la Moncloa apuntan ahora a que existe voluntad de una "total transparencia" en este tema; a pesar de que es una exigencia histórica de la formación de Carles Puigdemont y de que la comisión de investigación sobre los atentados de 2017 está en stand by desde hace meses.
Este jueves se celebrará en el Congreso de los Diputados una reunión de la comisión de investigación, en la que se aprobará el plan de trabajo pactado entre el PSOE y los socios de la investidura. El documento, al que ha tenido acceso este periódico, señala que la comisión "recaudará del Gobierno" todos los "documentos, informes, antecedentes o datos que sean necesarios para investigar, aclarar y analizar las actuaciones e informaciones que constituyen la razón de la comisión". Y, más adelante, se solicita al Consejo de Ministros la "desclasificación de información reservada o secreta" en relación con los atentados de 2017.
La documentación que solicitará la comisión
El documento también detalla qué información se solicitará al CNI. Se menciona el registro de visitas al imán de Ripoll, Abdelbaki Es Satty, en la prisión de Castelló por parte de miembros de los servicios secretos; así como las transcripciones de las entrevistas mantenidas por miembros de la inteligencia española con el cerebro de los atentados del 17-A. También se reclamará el permiso de residencia de larga duración y el expediente de solicitud de residencia del terrorista. Se pedirá, también, una prueba documental fotográfica de la furgoneta blanca que se encontró en Sant Carles de la Ràpita días después de la explosión de Alcanar y que era propiedad del islamista radical; actualmente, se encuentra en el depósito Egara de los Mossos d'Esquadra.
El plan de trabajo también pide la circular policial, en caso de haberla, sobre la advertencia de la aplicación del reglamento europeo sobre precursores de explosivos. Se solicitarán también vídeos y pruebas de voz de testigos, así como los acuerdos de las Juntas de Seguridad Autonómicas sobre coordinación entre policía española, Guardia Civil y Mossos d'Esquadra desde 2011. Y, finalmente, la información que tenían las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado sobre posibles amenazas terroristas entre 2016 y 2017.
Primero el plan de trabajo y después los comparecientes
Este jueves se aprobará el plan de trabajo, pero no será todavía el turno para pactar la lista de comparecientes en esta comisión de investigación; eso llegará más tarde. Además, como la comisión ha pasado tanto tiempo en el cajón, ahora el Congreso de los Diputados tendrá que aprobar su prórroga. Porque las comisiones tienen una duración de seis meses y esta caducaría el próximo mes de octubre.
Más transparencia en el CNI
Precisamente este martes, el Congreso de los Diputados tomó en consideración una proposición de ley del PNV para profundizar en el control político y judicial de las actuaciones del CNI; enésimo gesto del PSOE cuando votó a favor de ello, porque hace prácticamente dos años la misma proposición fue tumbada por los socialistas. La reforma de las leyes que regulan el Centro Nacional de Inteligencia es una propuesta a la que se comprometió Pedro Sánchez en mayo de 2022 como respuesta al Catalan Gate. El compromiso, sin embargo, quedó guardado en un cajón: no está incluido en el 'plan anti-fango' que aprobó el Gobierno la semana pasada.
La proposición de ley se articula en dos vertientes. Por una parte, reforma la ley reguladora del CNI para reforzar su control político, estableciendo una "responsabilidad política y directa" del presidente del Gobierno, para que pase a ser él quien proponga al director y el secretario general del CNI (que hasta ahora dependían del ministro de Defensa) y permitiendo que la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso pueda conocer los medios a través de los que se producen las intervenciones que han recibido autorización judicial".
Por otra parte, modifica la ley orgánica reguladora del control judicial previo del CNI para profundizar el control judicial. Así pues, las autorizaciones judiciales pasarían a depender de un "órgano colegiado compuesto por tres magistrados del Tribunal Supremo", que debería acordarlas por "unanimidad" y "mediante resolución motivada". Actualmente, hay un único juez que se encarga de ello: Pablo Lucas, que hace unas semanas fue candidato a presidir el CGPJ. De hecho, él fue quien autorizó las escuchas con Pegasus a Gonzalo Boye y, al mismo tiempo, participó en casos contra algunos de sus clientes.