El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, han oficializado este miércoles el traspaso de la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV) después de una reunión institucional que ha durado alrededor de una hora en el Palau de la Generalitat, la primera que se produce en el 2024 y siete meses después del anterior encuentro oficial entre los dos mandatarios, que fue el 21 de diciembre del año pasado. La firma del convenio del traspaso, que se negocia desde el 2020, la han escenificado a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, y el conseller de Drets Socials, Carles Campuzano. De esta manera, las personas que soliciten el IMV y también pidan la prestación de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) de la Generalitat no tendrán que hacer dos trámites separados, sino presentar la documentación en una única ventanilla que se espera que se implante en nueve meses. El objetivo es reducir el tiempo medio de resolución de las dos prestaciones a 66 días, lo que tarda ahora mismo la Generalitat para la Renda Garantida.
El conseller Campuzano, que ha comparecido desde el Palau, ha reiterado que se pidió la competencia porque las cuestiones relativas a los derechos sociales y las prestaciones son competencia de la Generalitat y que "no tenía sentido" que hubiera un desdoblamiento con la Renda Garantida que ya había establecido en Catalunya previamente con una misma función: unos ingresos mínimos de subsistencia a la ciudadanía. En este sentido, el titular de Drets Socials ha afirmado que hacía falta una simplificación administrativa para evitar "el infierno burocrático" que había con las dos prestaciones paralelas. Si bien ha admitido que el traspaso será un reto de gestión por parte de la Generalitat, Campuzano ha adelantado que ya se empieza con la contratación de personal para llevarlo todo adelante.
Galicia, País Valencià y Castilla y León también negocian el traspaso
Elma Saiz, por su parte, ha recordado que hace cuatro años se aprobó el IMV al Congreso de los Diputados, sin ningún voto en contra y con la "aceptación de la gran mayoría de la sociedad" y que desde entonces se ha convertido en un pilar fundamental del estado del bienestar para dar respuesta a las personas en situación de pobreza grave, exclusión social y marginalidad para garantizarlos una renta mínima para subsistir. En todo el territorio del Estado, 625.000 hogares lo recibiendo fecha de junio del 2024. 61.000 hogares en Catalunya; casi 200.000 personas, siendo un 45% menores. La titular de Inclusión y Seguridad Social, que afirma que el Estado ha destinado 928 millones por prevenir la pobreza en 81.000 hogares catalanes, ha asegurado que se trabaja para reducir la "brecha de cobertura" en el acceso a las prestaciones, dado que hay altas tasas de personas en situación de carencias graves que no la reciben.
La ministra ha recordado que el País Vasco y Navarra ya asumieron la gestión del IMV —todo el recurso en contra del PP ante el Tribunal Constitucional— y que ahora lo hace Catalunya; como puede pedir cualquier comunidad autónoma mientras respete el "carácter unitario del régimen económico de la seguridad social y el principio de solidaridad". Aparte, Saiz ha anunciado que Galicia, el País Valencià y Castilla y León también han reclamado el traspaso de esta competencia y que el Gobierno ya ha abierto diálogo con estas comunidades para gestionarlo.
Cerrar carpetas antes de un eventual acuerdo de investidura en Catalunya
La reunión se produce justo en el contexto de las negociaciones en Catalunya entre los republicanos y los socialistas para la eventual investidura del líder del PSC, Salvador Illa, como president. La cuestión central de las conversaciones es la de un nuevo modelo de financiación singular para Catalunya, fuera del régimen común del Estado, que reclaman desde de ERC; y sobre el cual los socialistas han expresado reticencias. Los republicanos quieren cerrar un preacuerdo antes de que acabe el mes de julio, tal como explicó a la secretaria general, Marta Rovira, la semana pasada. Después, la militancia de Esquerra tendrá que validar el acuerdo.
Desde hace días, los republicanos reclaman al PSOE que para cerrar un pacto para la investidura primero hace falta abordar los acuerdos pendientes a los cuales llegaron para que Sánchez reeditara el cargo en la Moncloa: el traspaso de Rodalies o la gestión del IMV. La semana pasada, el Departament de Territori y el ministerio de Transportes hicieron público que prevén iniciar en enero del 2025 el proceso para el traspaso de la infraestructura de la línea de Rodalies R1 y anunciaron un "principio de acuerdo" para reforzar la financiación de Rodalies con 1.057,9 millones de euros.
Preguntada por si el traspaso ha sido una moneda de cambio para acelerar el eventual apoyo a una investidura de Illa, Saiz ha esquivado la cuestión alegando que el traspaso se trabaja desde hace años y que otras comunidades que también se ha hecho con otras comunidades. Sobre la investidura de Illa, la ministra ha afirmado que el Gobierno trabaja siempre desde el respeto a la diversidad, la lengua y las instituciones y que el gobierno de Catalunya se decidirá en Catalunya. Por su parte, Campuzano ha descartado que se mezcle una cuestión entre partidos y lo que se ha producido este miércoles, ha apuntado, que ha sido una reunión entre gobiernos por una cuestión diferente.