El Juzgado de Primera Instancia número 98 de Madrid ha citado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a un acto de conciliación con Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. El líder socialista está citado el 12 de febrero; el empresario le reclama una indemnización de 100.000 euros por unas declaraciones en las que lo tachó de "delincuente confeso". El jefe del ejecutivo español no está obligado a hacer acto de presencia. Pero si no va, se presentará una querella contra él. González Amador considera que Sánchez podría haber cometido un delito de vulneración al derecho al honor. También podría ir por la vía penal y acusar al presidente español de injurias y calumnias. Si Pedro Sánchez opta por no presentarse, sí que puede acudir su representación legal, que en este caso es la Abogacía del Estado.
Todo este caso tiene que ver con la filtración de unos correos electrónicos de González-Amador en los que reconocía haber cometido fraude fiscal. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha encontrado "cero mensajes" en aplicaciones de mensajería instantánea del móvil del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, entre el 8 y el 14 de marzo, periodo en que se filtró presuntamente esta información. En este informe la UCO también indica que en su ordenador se han encontrado dos archivos que contienen la copia de dos correos electrónicos enviados por una cuenta corporativa de la Fiscalía con el asunto "Denuncia Maxwell Cremona". Se trata de una "cadena de correos" entre el abogado del empresario Alberto González Amador, pareja de Ayuso, y el fiscal de delitos económicos, Julián Salto, en que el empresario admitía al fiscal haber cometido dos delitos contra Hacienda con el objetivo de llegar a un pacto. Por otra parte, se han encontrado 45 correos más "sin interés" para la investigación por presunta revelación de secretos.
Horas más tarde, en una rueda de prensa desde Bruselas, Pedro Sánchez reaccionó al informe de la UCO. "¿Quién pedirá perdón al fiscal general del Estado? ¿Quién lo hará?", se preguntó el presidente del Gobierno, que también recriminó que mucha gente haya pedido su dimisión "sin pruebas, con falsas acusaciones, con noticias falsas y desinformación". "Y ahora estamos viendo que, en el informe de la Guardia Civil, lo que se comprueba es que no hay ningún mensaje". El líder socialista descartó la posibilidad de que estos mensajes hayan sido borrados.
La UCO apunta que la Moncloa tenía el correo de la pareja de Ayuso antes que los medios
Ahora bien, la UCO también apunta a que la Moncloa tuvo acceso al correo electrónico entre la defensa de la pareja de Ayuso y la fiscalía antes de que se publicara en la prensa. Los investigadores sostienen que el correo íntegro entre el abogado de Alberto González Amador y la Fiscalía "no había sido publicado a los medios de comunicación a las 8.29 horas" del día 14 de marzo, momento en que ya estaba "en el poder" de la asesora de Moncloa, por lo que concluyen que "su procedencia no puede ser la publicación en medios".
Además, la UCO señala a otros altos cargos que habrían accedido al intercambio de correos: el entonces secretario de Estado de Comunicación, Francesc Vallés, la directora de comunicación de la ministra de Vivienda, Laura Sánchez Espada, y el exdirector de comunicación del PSOE Ion Antolín, actual secretario de Estado de Comunicación.