El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá finalmente el jueves 26 de mayo en el Pleno del Congreso para informar de la crisis política motivada por el espionaje con el sistema Pegasus, con el que se espió a políticos y líderes independentistas en el marco del CatalanGate, y también a miembros del Ejecutivo, incluyendo al propio jefe del Gabinete, la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska. Este espionaje provocó la destitución de Paz Esteban como directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), aunque la decisión molestó a la derecha, porque entienden que el presidente del Gobierno asumía así las exigencias del independentismo, mientras que desde Catalunya se veía la cabeza de Esteban como un cortafuegos del todo insuficiente. Hoy, el portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Héctor Gómez, ha detallado que se ha escogido esa fecha y no el miércoles de la víspera porque Pedro Sánchez no podía acudir el día anterior al Congreso debido a su participación en el Foro de Davos.

Se trata de una comparecencia que había exigido la oposición y el independentismo y salió a delante en la Junta de Portavoces la pasada semana al quedarse en minoría los dos partidos que componen el Gobierno, el PSOE y Unidas Podemos. Será además un debate monográfico, como pedían los demás grupos. Despejada esa fecha, el Congreso tendrá que fijar al menos otros dos plenos con Sánchez antes del verano, uno para el prometido Debate del estado de la Nación y otro para informar de las consecuencias de la decisión del Gobierno de apostar por el plan marroquí de autonomía para el Sáhara, además de la sesión informativa del próximo Consejo Europeo que ponga fin al primer semestre de presidencia europea. Por ello, desde el PSOE ya han deslizado que el Debate sobre el estado de la Nación podría desplazarse al mes de julio.

Querella de ERC 

En Catalunya, el último movimiento sobre Pegasus y el CatalanGate lo ha hecho ERC y siguiendo los pasos de Òmnium, la CUP y la ANC. Este martes el abogado Andreu Van den Eynde ha presentado una querella por el espionaje en nombre del presidente del grupo parlamentario, Josep Maria Jové, y de la eurodiputada Diana Riba. Lo ha hecho en el juzgado de guardia de Barcelona, con requerimiento que las causas se remitan y se acumulen a las ya abiertas al juzgado de instrucción número 32, también de Barcelona. Van den Eynde ha presentado también una querella en nombre propio, ya que él mismo ha sido víctima del espionaje.

Los republicanos han decidido ampliar la acción legal contra la empresa NSO, solicitando que la investigación se centre en el CNI. Las querellas remarcan la gravedad de un espionaje de carácter político que atenta, no solamente contra los derechos fundamentales al secreto de las comunicaciones y a la intimidad, sino también a los derechos inherentes al secreto profesional de los que disfrutaba el abogado y a la inmunidad parlamentaria que asistía a la eurodiputada. El objetivo es el de permitir descubrir los hechos ocurridos en su integridad (el alcance de la información sustraída a las víctimas, la finalidad con la que ha sido tratada y donde se almacena), así como averiguar la identidad de los autores. Todo "para evitar la impunidad de los hechos y para asegurar el resarcimiento de los daños y perjuicios causados a las víctimas".