El Gobierno registrará este lunes en el Congreso de los Diputados una solicitud de comparecencia a petición propia del presidente Pedro Sánchez ante el pleno de la Cámara para informar sobre la gestión de su Ejecutivo en relación con la DANA, que arrasó las localidades al sur de València y provocó más de 200 muertos el pasado 29 de octubre. Sánchez viajará a Brasil esta semana para asistir a las reuniones del G20, por lo que la previsión es que la Junta de Portavoces del Congreso incluya su comparecencia en el orden del día de la sesión plenaria del próximo día 27 de noviembre, según han detallado desde la Moncloa a la prensa.
Hasta el momento ya han comparecido en las Cortes para informar sobre la gestión del Ejecutivo en relación con los efectos de la DANA el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres —en el Congreso— y la ministra de Defensa, Margarita Robles —en el Senado—, el pasado 13 de noviembre. El próximo miércoles 20 lo hará la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, también en el Congreso.
Más allá de los destrozos materiales y la tragedia humana en València, la comparecencia de Sánchez se da en un contexto político marcado por la crispación, dado que el Gobierno, en manos del PSOE, y en govern valencià, en manos del PP, llevan semanas reprochándose mutuamente fallos en la gestión política del suceso. El president Carlos Mazón ha sido señalado y está en la cuerda floja por su reacción tardía y no haber llegado al Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) a tomar decisiones —como el envío de la alerta masiva a la población— hasta pasadas las 19:30 de la tarde, cuando ya había pueblos anegados, porque estaba en una comida privada con una periodista.
Mazón descarta dimitir y se expulsa responsabilidades
Mazón, por su parte, compareció este viernes en las Corts Valencianes para defender su gestión, en una sesión de más de seis horas en la que se expulsó responsabilidades, justificó su llegada tardía por el mal tiempo y el tráfico, descartó dimitir y alegó que quería liderar la reconstrucción de València. También dijo que había "fallado todo el sistema" y cargó con acusaciones al Gobierno estatal: contra la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), la AEMET y la Delegación del Gobierno en el País Valencià por supuestamente no haber avisado a tiempo, no haber actuado o tomado el control de la situación pese a tener conocimiento de las alertas y no haber movilizado rápido los efectivos estatales.
Desde el Gobierno y las instituciones del Estado, por su parte, se han defendido este fin de semana de las acusaciones de Mazón. A su vez, hace semanas que señalan que la competencia directa y la responsabilidad primera es del govern valencià, de acuerdo con el funcionamiento autonómico. Desde el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico han señalado que el CECOPI y las autoridades de Protección Civil valencianas estaba en todo momento al tanto de las alertas y avisos de la Confederación Hidrográfica del Júcar que avisaban sobre la crecida de los ríos y posibles desbordamientos y rotura de presas, desde al menos las 17:30 horas. La AEMET, por su parte, ha señalado que llevaba tiempo emitiendo avisos por el violento tiempo esperado y que el CECOPI estuvo inoperativo varios momentos de la fatídica tarde por la ausencia de puntual de las autoridades valencianas. La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha salido a defender que se desplegó incluso antes de la petición política oficial en cuando fueron conscientes de la situación.