Hace 1.345 días que los primeros presos políticos entraron en la cárcel. Han pasado más de tres años y medio. Pero finalmente obtendrán la libertad. El mismo Pedro Sánchez lo anunció ayer, hablando de nuevos tiempos en la política catalana y española, y volverá a comparecer hoy. A propuesta del Ministerio de Justicia, el Consejo de Ministros de este martes ha ido al grano y ha aprobado los nueve indultos parciales a los presos políticos independentistas. La medida de gracia llega después de que el presidente español y todo su gobierno hayan dedicado las últimas semanas a preparar al terreno, con la guinda del presidente español en el Gran Teatre del Liceu. Y después que hayan obtenido el aval tanto del nuevo presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, como del exvicepresidente y líder de ERC, Oriol Junqueras, así como del mundo económico, empresarial e incluso eclesiástico. Ahora falta la firma del rey Felipe VI, la publicación en el Boletín Oficial del Estado y la liquidación de penas del Tribunal Supremo para que se abran las prisiones.

El Consejo de Ministros se ha prolongado más de lo habitual, casi cuatro horas y media. Son nueve indultos parciales, como estaba previsto, para Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Jordi Turull, Josep Rull, Carme Forcadell, Dolors Bassa, Raül Romeva y Joaquim Forn. Los decretos eliminan el resto de las penas de prisión tanto por sedición como por malversación, pero mantienen las inhabilitaciones. La medida de gracia afecta a sólo los nueve presos políticos, pero no a los dirigentes en el exilio, que no han sido enjuiciados y por lo tanto no han sido condenados judicialmente. Tampoco a los consellers Meritxell Borràs, Carles Mundó y Santi Vila, que ya han cumplido las penas de inhabilitación. Los indultos también son "reversibles" si se "reincide" en un periodo que va de los tres a los seis años.

Se trata de nueve expedientes individualizados, cada uno con sus argumentos, pero por encima de todo el Gobierno subraya la "utilidad pública" que comporta, uno de los argumentos que la legislación pone encima de la mesa para conceder la medida de gracia. Fuentes del Tribunal Supremo aseguran que no van a demorar su trámite de liquidación de penas.

¿Y ahora se podían revocar? Tal y como ya ha anunciado la extrema derecha, se espera ahora un recurso contra los indultos por parte de Vox, que fue parte en el juicio del procés. Sin embargo, muchos juristas cuestionan que puedan prosperar por la falta de legitimidad de la formación de Santiago Abascal. Sin embargo, para el independentismo es una medida que se queda corta e insiste en la amnistía.

Terreno preparado

La concesión de los indultos llega tan sólo diez días después de la manifestación de la triple derecha a la plaza de Colón, emulando nuevamente la de febrero del 2019 contra la mesa de diálogo. Como la de hace dos años, fue capitalizada por la extrema derecha de Vox, y con una participación todavía menor: la mitad. En paralelo, la campaña de recogida de firmas contra la medida de gracia iniciada por el PP, emulando las mesas contra el Estatut, también queda lejos de las firmas que consiguió en la iniciativa original. Todo esto, una pista de aterrizaje para Pedro Sánchez, que también tiene pendiente la reforma de la sedición. También cómo queda la situación del president Carles Puigdemont y los consellers en el exilio, que evidencia discrepancias dentro del propio Gobierno.

Un día antes incluso de que se conociera el veredicto contrario del Tribunal Supremo, el pasado 25 de mayo, Pedro Sánchez preparó el terreno desde Bruselas, asegurando hasta cuatro veces que "la venganza o la revancha" no se encuentran entre los "valores constitucionales" que él defiende. Desde entonces, se ha prodigado en su "pedagogía" sobre los indultos, a pesar de la revuelta de algunos barones y de la vieja guardia socialista, que ha conseguido sofocar. Preguntado sobre el coste político de la operación, el presidente del Gobierno respondía que "el coste sería dejar las cosas enquistadas".

Desde La Moncloa también esperaban algún gesto de la banda catalana, que llegó el lunes 7 de junio, aprovechando la coincidencia de los presidentes Aragonès y Sánchez en un acto en Foment del Treball. Pocos instantes antes del acontecimiento, Oriol Junqueras remitía una carta al diario Ara y LaSexta avalando la medida de gracia y priorizando la vía negociada sobre la unilateral. Fue bien recibido por el gobierno central. Horas después, era el exministro y actual jefe de la oposición en el Parlament, Salvador Illa, era quien señalaba el camino: "Se tienen que dar los indultos".

Este lunes, desde el Gran Teatru del Liceo, a la Rambla de Barcelona, Pedro Sánchez lo oficializó en un acto con trescientos invitados de la "sociedad civil catalana", sobre todo del mundo empresarial y de la órbita socialista y de los comunes. "Alguien debe dar el primer paso. Mañana podemos cambiar la vida de nueve personas y esperamos que empecemos a cambiar la historia", defendió el presidente del Gobierno desde el escenario. "Sacamos a nueve presos, pero sumamos millones de personas a la convivencia", insistía.

El aliento de Europa en el cogote

La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa debatió y aprobó este lunes un informe que impugna de facto todo el juicio del procés en el Tribunal Supremo. A pesar de las maniobras de los grupos parlamentarios españoles, la resolución aprobada reclama la puesta en libertad de los presos políticos y el fin de la persecución de los exiliados, con la retirada de las órdenes europeas de detención. Ha sido la primera valoración política del juicio que se aborda en profundidad en una institución de ámbito europeo, tan importante que las asociaciones de jueces españoles se han puesto nerviosas. Esta moción se suma al posicionamiento de otros organismos, como el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas, y entidades de derechos humanos como Amnistía Internacional.

Valoraciones políticas del Supremo

Los indultos se conceden, como en muchas ocasiones, con informes en contra. Tanto el de la Fiscalía como el del Tribunal Supremo. En el caso del juez Manuel Marchena, era especialmente demoledor, entrando incluso en el terreno de las valoraciones políticas. El tribunal sentenciador utilizaba términos como "autoindulto", porque los condenados son dirigentes de partidos políticos que "garantizan la estabilidad del Gobierno llamado al ejercicio del derecho de gracia". Por otra parte, defendía la "proporcionalidad" de las penas impuestas, que llegan hasta los 13 años, y remarcaba que no se habían "arrepentido".