Después de que el Gobierno no haya encontrado ningún banco dispuesto a avalar las fianzas millonarias fijadas por el Tribunal de Cuentas a 34 ex altos cargos de la Generalitat, el secretario general de Junts, Jordi Sànchez, ha asegurado que podría ser una entidad extranjera la que lo haga en las próximas semanas.

Esta tarde, Sánchez se ha dirigido a la militancia del partido en una carta, en la que ha asegurado que "la presión mediática y de los organismos del Estado han hecho que las entidades financieras del país no hayan accedido, de momento, a conceder un aval de 5,4 millones, a pesar de disponer de la garantía financiera de la Generalitat".

Solución fuera de Catalunya

En cambio, ha apuntado el preso político recientemente indultado, que la solución se encontrará fuera de las fronteras catalanas, donde esta presión no pueda tener efecto. Por eso "esta operación de aval no se dispondrá hasta dentro de unas semanas y será posible gracias a la profesionalidad que instituciones bancarias de fuera del país muestran, alejadas de la presión política que impone España".

Con todo, sin embargo, aunque Sànchez confía en que este aval llegue, en la carta explica que el gran objetivo ahora mismo es evitar que en los próximos días el Tribunal de Cuentas embargue a las personas encausadas y reconoce que para conseguirlo todavía no "disponen" de los recursos necesarios.

Por este motivo, ha pedido a los militantes que ayuden a la causa y hagan un ingreso para impedirlo: "Entre todos tenemos que evitar el embargo de nuestros referentes políticos", ha sentenciado, en referencia al presidentPuigdemont, el expresident Mas, así como el vicepresident Oriol Junqueras. Sánchez ha reiterado que "ninguno de ellos cometió ninguna irregularidad" y que la decisión del Tribunal de Cuentas es "arbitraria y sin muchos precedentes".

Mañana acaba el plazo

Este miércoles a la medianoche acaba el plazo para que los ex altos cargos de los gobiernos Mas y Puigdemont depositen la fianza de 5,4 millones de euros. La negativa a prorrogar el plazo de pago, un procedimiento habitual, hará imposible que puedan beneficiarse del fondo de riesgo que el Govern de la Generalitat creó ahora hace quince días para cubrirlos.

De momento no hay ningún banco dispuesto a entrar en la operación y el titular del Departament de Economia, Jaume Giró, de quién cuelga el Instituto Català de Finances, que gestiona el fondo, ha decidido "no correr el riesgo innecesario" de "someter a ninguno de los profesionales del ICF a dar curso a una operación que, si tenemos en cuenta los precedentes, provocaría angustia, inquietud y miedo tanto a ellos como sus familias". Con todo, ha garantizado que "el gobierno seguirá haciendo todo lo que esté en su mano".

Bruselas sigue la causa

Esta tarde, el eurocomisario de Justicia, Didier Reynders, ha asegurado que: "La cuestión catalana es un asunto interno en España, pero por supuesto seguimos varios procesos, como las discusiones por el Tribunal de Cuentas". Bruselas ha confirmado que está "siguiendo" la causa del Tribunal por la acción exterior del Gobierno para el 1-O y espera "ver cuál es la decisión final".