Saco de sorpresas en el Congreso de los Diputados: Pedro Sánchez ha conseguido a última hora el aval de Junts per Catalunya a los decretos. Pero solo ha podido convalidar dos (ómnibus y anticrisis): Podemos ha tumbado el decreto de subsidio de paro, que depende del Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz. Ha sido una jornada cargada de hechos imprevisibles. La formación independentista ha optado en un primer momento por no votar en las votaciones, cosa que permitía la aprobación de los decretos por mayoría. Pero un error del diputado de los comuns Gerardo Pisarello —no ha confirmado su voto en la plataforma web del voto telemático— ha producido un empate en uno de estos decretos, el ómnibus. Esto ha provocado que una hora más tarde se repitieran las votaciones. Junts ha optado entonces por abstenerse; y los dos decretos han salido así adelante. La repetición de las votaciones también ha permitido aprobar dos votaciones que habían quedado encalladas en el empate: los acuerdos sobre los objetivos de estabilidad y el plan de recuperación. Importante: el Congreso ha decidido que el decreto ómnibus, además de aprobarse, se registre en el Congreso como proyecto de ley. Esto abre la puerta a presentar enmiendas para que desaparezca del mapa (o se modifique) el punto que puede lapidar la aplicación de la ley de amnistía.
¿Cuál es la contrapartida que ha hecho posible que al final Junts per Catalunya haya avalado los decretos? Según explica la formación independentista —el ministro Félix Bolaños se negaba a confirmar nada al salir del hemiciclo—, se ha llegado a un acuerdo para mejorar el autogobierno. Junts destaca la delegación de las competencias sobre inmigración a la Generalitat a través de una ley orgánica específica para Catalunya. La formación comandada en Madrid por Míriam Nogueras también confirma un acuerdo para suprimir el famoso punto que puede laminar la amnistía; además de publicar inmediatamente los datos para calcular las balanzas fiscales, la reforma de la ley de sociedades de capital para que vuelvan las empresas a Catalunya, suprimir el IVA del aceite, multiplicar por cinco los fondos previstos para digitalizar la administración de justicia, reconocer los derechos históricos de Catalunya en materia de régimen local, y que el Estado asuma la totalidad del coste sobre los descuentos y las bonificaciones del precio del transporte público.
Paralelamente, Esquerra Republicana también defiende las contraprestaciones que ha conseguido por su 'Sí' a los decretos leyes. Celebra que se hará universal la posibilidad de acumular lactancia para alargar los días libres, la prioridad de los convenios colectivos autonómicos por encima de los estatales, prorrogar la prohibición de despidos por causas como el incremento del precio de la energía, prórroga en la suspensión de desahucios a personas vulnerables, revalorización de las pensiones, traspaso a Catalunya de la gestión del Ingreso Mínimo Vital, gratuidad de Renfe, o la inversión y ejecución de infraestructuras ferroviarias.
Ha habido durante el día varias pistas que indicaban que Junts per Catalunya podía acabar llegando a un acuerdo con el PSOE. Fuentes del partido independentista han explicado a ElNacional.cat que Jordi Turull se reunió con la dirección del PSOE este martes por la noche en un viaje relámpago en Madrid. Y la jefa de filas juntaires en la capital española, Míriam Nogueras, no ha participado en los primeros debates del día, también sobre los decretos ley del Gobierno. Todo eso decantaba las quinielas en los pasillos del Senado porque había conversaciones de última hora. Una curiosidad: este miércoles, el debate del Congreso se ha celebrado en la cámara alta, porque están haciendo reformas dentro del hemiciclo de la cámara baja.
También ha removido la olla de los rumores y los futuribles, una reunión entre Aitor Esteban y el ministro Félix Bolaños en una sala de la cámara alta. "¿Está actuando como mediador con Junts?", preguntaban los periodistas al líder del PNV en el Congreso de los Diputados; ninguna respuesta por parte del diputado nacionalista vasco. Desde Junts per Catalunya habían insistido en las últimas horas que el partido se situaba en "un 99%" en el 'No'. El 1% restante era lo que este miércoles alimentaba las expectativas de un pacto in extremis.
Este mismo ministro, así como la vicepresidenta primera del ejecutivo, María Jesús Montero, reiteraban por activa y pasiva durante todo el día que seguían "trabajando" hasta "el último minuto" con Junts per Catalunya. "Hace falta altura de miras" porque "nadie entendería politiquerías para perjudicar a los ciudadanos creyendo que perjudican al Gobierno", ha reivindicado el máximo responsable de Presidencia y Justicia.
Precisamente Félix Bolaños ha dado el pistoletazo de salida del debate de este miércoles haciendo una defensa de los tres decretos ley del Gobierno, insistiendo en que tumbarlos sería sinónimo de una patada a los ciudadanos del Estado. "Hoy puede ser el día en que el Congreso vuelva a aprobar recortes sociales, como hace más de un lustro; no es lo que desea la sociedad ni nuestro país", ha argumentado el también máximo responsable del departamento de Justicia desde el atril del Senado.
El polémico punto que puede lapidar la amnistía
Pero, al fin y al cabo, no eran todas las cuestiones sociales las que más molestaban a Junts. Los independentistas denunciaban que algunas de estas cuestiones invaden competencias de la Generalitat, sí, pero lo más preocupante era un punto que aparece en uno de los tres decretos: modifica la ley de enjuiciamiento civil de una manera que permite a la justicia española dejar en standby la amnistía hasta que el TJUE no se pronuncie sobre las cuestiones prejudiciales que se le planteen. Eso podría estropear la norma, ya que un pronunciamiento proveniente de Europa podría tardar, tranquilamente, hasta dos años.
Los tres decretos ley que se votaban este miércoles eran los siguientes: uno por la reforma del subsidio de desempleo, otro sobre la prórroga de medidas anticrisis; y uno de tipo 'ómnibus' que incluye aspectos relacionados con la Función Pública, el Mecenazgo o la Justicia. Es en este último donde aparece el polémico punto sobre la amnistía.
Portazo a "coercer" empresas con sanciones
Paralelamente, el Gobierno también se ha encargado durante la jornada de este miércoles de dar un buen portazo a la última propuesta que ha hecho Junts per Catalunya. Por mucho que los independentistas lo hayan querido desvincular de la aprobación de los tres decretos ley, han exigido sanciones para aquellas empresas que abandonaron Catalunya a causa del Procés y no regresen al país. "Estamos para encontrar un modelo en positivo, nunca desde la coerción", ha manifestado este miércoles el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu. Ha reivindicado, eso sí, que el retorno de empresas forma parte de "la agenda del reencuentro" de la Moncloa.