El juez de Tribunal Supremo Pablo Llarena abre la puerta a que el expresidente de la ANC, Jordi Sànchez, y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, también hayan cometido un delito de rebelión, que se sumaría al cargo de sedición. Lo apunta el magistrado en el auto en el que decide mantenerlos en la prisión, junto con el vicepresident Oriol Junqueras y el conseller Joaquim Forn. Llarena añade que hay "varios datos de la investigación" que vinculan una aportación de los cuatro "directamente vinculada con el ejercicio de la violencia". También cree que el riesgo de reiteración delictiva "va expresamente unido a las responsabilidades públicas a las que aspiran".

En una respuesta a un argumento de la defensa del presidente de Òmnium, cita que el documento 'Enfocados' recopila una "definición estratégica del procedimiento a seguir para conseguir la independencia" en el que enmarca la concentración del 20 de septiembre, donde "se constató la infiltración de numerosos comportamientos violentos y agresivos, que reflejaban el violento germen que arriesgaba de expandirse" y que, "desde el momento en que algunos fueron impulsados y capitaneados" por Cuixart, "muestran los indicios de responsabilidad que se niegan".

Llarena remarca que todos los investigados "reconocen que todavía mantienen" la aspiración de la independencia de Catalunya y detalla que 'Enfocados' incluye la necesidad de "perseverar en su determinación" en caso de que el proceso desembocara en una intervención por parte del Estado, incluyendo un "plan de actuación para la desconexión forzosa y garantizar el éxito de una eventual vía unilateral".

En este sentido, recoge que el documento prevé una implicación "activa" de la ciudadanía, y que "tendrá que incrementarse el nivel de conflictividad según la respuesta del Estado". Añade que se preveía impulsar gradualmente "una amplia movilización social" y diseñar una "estrategia de manipulación social que facilite conducir de manera efectiva a los diferentes individuos en función de su pensamiento".

"Se contemplaba persistir en el conflicto hasta que al Estado no le quedara más alternativa que la autorización de la independencia", argumenta el juez, que añade que "los propios planes independentistas reflejan que el riesgo de permanencia en el delito existe y que es apreciable en todos los investigados". Este "peligro" de perseverar en el delito, sin embargo, es "diferente en las diferentes aportaciones realizadas por cada partícipe", motivo por el cual justifica que algunos se mantengan en prisión y otros puedan salir pagando una fianza, "aunque todos ellos expresen su voluntad de conducirse en el futuro por la vía legal".

"Explosión violenta"

Así, el juez cree que todos los investigados ofrecen el mismo riesgo de reiteración delictiva, pero considera que no se puede decir lo mismo con respecto a la "lesividad" que eso pueda provocar. Así, diferencia entre los miembros de la Mesa y los consellers y los Jordis. Y en el caso de Junqueras, Forn, Sànchez y Cuixart, sostiene que sus aportaciones al delito "están directamente vinculadas a una explosión violenta" que "de reiterarse, no deja margen de corrección o de satisfacción a quienes se vean afectadas por ella". "Y son diversos los datos de la investigación que vinculan una aportación de estos encausados directamente vinculada con el ejercicio de la violencia".

En el auto de 25 páginas, el juez utiliza en varias ocasiones el contenido del documento 'Enfocados', requisado durante los registros del 20 de septiembre, y se centra más en el contenido de este que en las declaraciones hechas por los consellers destituidos y los Jordis el pasado viernes, más focalizadas en el acatamiento de la aplicación del artículo 155 y en la apuesta por la vía del diálogo.

Llarena recoge que 'Enfocados' sitúa a Junqueras, Sànchez y Cuixart en un "comité estratégico" y añade que "su capacidad de decidir sobre la idoneidad y el momento en el que era conveniente desplegar cada uno de los comportamientos de los procesos supone dirigir las movilizaciones que pusieron en riesgo —o incluso materializaron— la violenta explosión social que contemplamos, habiendo llegado estos encausados a intervenir en su ejecución material". En el caso de Sànchez y Cuixart, por la movilización del 20 de septiembre en el Departament d'Economia, y en el de Junqueras, por asistir a estos "hechos violentos".

Los Mossos "no desplegaron ninguna actuación"

Además, Llarena sostiene que estos "hechos violentos" se propiciaron "porque las fuerzas encargadas del orden público", en referencia a los Mossos d'Esquadra, "lo favorecieron o no desplegaron ninguna actuación" para poner fin a todo ello. Y recuerda que la policía catalana estaba en aquellos momentos bajo la responsabilidad de Joaquim Forn como conseller de Interior.

El juez enumera otras movilizaciones en las que había esta "posición de dominio", como un registro en Unipost, los "cortes de carreteras", las "murallas humanas que defendían de manera activa los centros de votación haciendo en ocasiones retroceder a los cuerpos policiales, tirando piedras a sus vehículos o forzando a los agentes al uso de una fuerza que habría sido innecesaria de otra manera". También hace referencia a los cortes de vías de tren o a los "asedios" en hoteles donde estaban alojados miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, con "amenazas" a los empresarios de los establecimientos.

Por estos motivos, el juez concluye que está la probabilidad de que se reproducen "actos con graves, inmediatas e irreparables consecuencias para la comunidad". "El peligro no desaparece con la formal afirmación que abandonarán su estrategia de actuación y con la determinación judicial de reevaluar su situación personal si sus afirmaciones resultan falsas", afirma, "sino que exige constatar que la posibilidad de nuevos ataques hayan desaparecido efectivamente, o que gradualmente se vaya confirmando que el cambio de voluntad es verdadero y real".

Riesgo de fuga y de destrucción de pruebas

En cambio, el juez no considera que haya riesgo de fuga por parte de los investigados. Por una parte, sitúa la aportación al delito en un "plan de principalidad equivalente" al de Carme Forcadell, y de la otra considera que todos ellos tienen un "arraigo profundo personal, laboral y social" en Catalunya.

Con respecto al riesgo de destrucción de pruebas, Llarena tampoco lo ve y, de hecho, sostiene que la Fiscalía no ha aportado nada que sustente que la documentación requisada por la policía española a los Mossos d'Esquadra en una incineradora de Sant Adrià de Besòs "pueda tener ninguna relación con los hechos investigados" o que su destrucción "fuera ordenada por los que ya han sido destituidos de sus funciones de mando cuando la documentación" fue "intervenida".