"No podemos perder ni un solo instante". Así lo ha asegurado la vicepresidenta del gobierno español, Carmen Calvo, después de la reunión del Consejo de Ministros de este viernes. De esta for,ma ha justificado el decreto ley aprobado que da vía libre a la exhumación del cadáver del dictador Francisco Franco del Valle de los Caidos. Lo ha descrito como una "tumba de Estado que exalta" su figura.

"Es urgente porque vamos tarde, pero este gobierno ya no va a ir tarde", ha justificado Carmen Calvo después de las críticas recibidas por el mecanismo del decreto ley. Ha recordado los pronunciamientos de la ONU, pero también los pronunciamientos del Congreso de los Diputados. "Desde 2014, las Naciones Unidas dicen que no es sostenible para una democracia como la española tener la tumba del dictador junto a las víctimas", ha asegurado.

La vicepresidenta ha explicado que el decreto ley aprobado en el Consejo de Ministros será tramitado en el Congreso en un plazo de 30 días, y que tendrá una caducidad de doce meses. Por otra parte, en la próxima reunión del ejecutivo, el 31 de agosto, se acordará el procedimientos para iniciar los trámites de exhumación. Ha indicado que, "con toda seguridad", el proceso acabará antes de acabar el año.

El decreto del gobierno español no está exento de polémica política. El PP ya ha anunciado que recurrirán la decisión ante el Tribunal Constitucional, porque considera que la urgencia no está justificada en este caso. Tampoco votará a favor cuando sea llevado al Congreso de Diputados para su convalidación. Por su parte, Ciudadanos, que ha formulado las mismas críticas, ha anunciado que se abstendrá. No obstante, Sánchez contaría con la mayoría del PSOE, Unidos Podemos y nacionalistas catalanes y vascos.

"Quien no ve la urgencia, no la ve. Quien no quiere suscribir el fondo, no lo suscribe", ha concluido Calvo sobre las críticas. Ha defendido que el real decreto es un instrumento habitual, y que es el ejecutivo quien determina la urgencia.

La familia tendrá quince días

Según ha explicado Calvo, el traslado de los restos de Franco se hará de manera digna. Antes de hacerlo hablarán con su familia, para buscar el lugar donde será llevado el cadáver. Si esta no se pronuncia en un plazo de quince días o se opone, será el gobierno de Pedro Sánchez el que decidirá donde será nuevamente enterrado. Ha garantizado que el Valle de los Caídos cumplirá con lo que establece la ley de memoria histórica.

Por otra parte, ha subrayado que no habrá ningún conflicto con la Iglesia. "Los acuerdos con la Iglesia y con la Santa Sede nos permiten llevar a cabo una acción de este tipo", ha sostenido Calvo.

Después de esta exhumación por decreto, la vicepresidenta ha adelantado que abrirán un diálogo con el resto de grupos del Congreso para dar una "resignificación" al Valle de los Caidos y abordar otras cuestiones, como podrían ser los juicios sumarísimos del franquismo. El objetivo será "mejorar" la ley de memoria histórica.

Lazos amarillos

Preguntada sobre las identificaciones de los Mossos d'Esquadra a grupos que retiran lazos amarillos, Carmen Calvo ha expresado su "preocupación". "No nos parece bien que en ningún sitio, y bajo ninguna excusa, haya elementos que no contribuyen a la convivencia", ha lamentado la vicepresidenta, que ha señalado que los símbolos que "sólo representan una parte" tendrían que circunscribirse al ámbito "privado e individual", no al institucional.

Con respecto a la citación del juez Pablo Llarena por parte de la justicia belga, ha señalado que su defensa corresponde al poder judicial, y no al ejecutivo. "Tiene que recibir el amparo legal y apoyo en el ámbito de su propio poder, el judicial," ha dicho. No obstante, sí que ha precisado que "nos corresponde indicar a cualquier otro Estado que no se puede poner en los procedimientos".

Expulsiones a Marruecos

Finalmente, Calvo también ha sido preguntada sobre la expulsión en el Marruecos de 116 inmigrantes que habían saltado la valla de Ceuta, que ha querido diferenciar del caso del Aquarius. "Hemos acudido al acuerdo con el Marruecos para no aceptar la violencia", ha sostenido la vicepresidenta, que ha denunciado que "no es aceptable el riesgo que corren los cuerpos de seguridad". A pesar de todo, ha querido aclarar que no se han expulsado a los menores de edad y que ninguno de ellos ha pedido el asilo.