Primero llegó el no de Esquerra Republicana, que descolocó al Gobierno. Desde La Moncloa confiaban en poder salvarlo de la mano de Ciutadans, pero tampoco ha podido ser. Y, en un efecto dominó, el ejecutivo de Pedro Sánchez ha ido perdiendo socios importantes para el decreto que regula los 140.000 millones de euros de fondo europeos que llegarán a España. De hecho, si lo podrá salvar esta noche en el Congreso de los Diputados, será gracias a la abstención de la extrema derecha de Vox. Se lo dicen a Carmen Calvo antes del pleno y no se lo cree. Todo el independentismo sin fisuras, desde de ERC y Junts hasta el PDeCAT y la CUP, votará en contra. Es la primera ruptura de los republicanos después de la aprobación de los presupuestos del Estado. La mayoría de grupos han criticado las carencias de la norma. La mayoría de grupos han criticado las carencias de la norma, empezando por la ausencia de mecanismos de control y la concentración de poder. La sombra de la derogación ha planado sobre el hemiciclo toda la mañana, pero finalmente será convalidado.
El debate se ha producido este jueves por la mañana en el Congreso de los Diputados y ha servido para evidenciar la falta de apoyo del gobierno de Sánchez e Iglesias. Uno a uno, los principales grupos han ido anunciando su voto en contra: primero el PP, pero después ERC, Ciudadanos, Junts, el PDeCAT, la CUP, el BNG. Sólo la abstención por sorpresa de los 52 diputados de Vox ha permitido respirar aliviada a Carmen Calvo, encargada de defender el decreto delante de la cámara baja. Solo así saldrán los números, aunque algunos diputados ultras ya habían votado telemáticamente en contra. Lo han acabado permitiendo porque es "decisivo" para impulsar la recuperación. Los partidos vascos se han mantenido al margen: tanto el PNV como EH Bildu votarán a favor.
Después de debatir el decreto, Carmen Calvo ha salido al patio a cargar contra los que han anunciando el voto en contra, especialmente el PP, y agradeciendo "muy especialmente" a los grupos que "han ayudado a su país". No ha citado explícitamente a Vox, ni tampoco ha respondido a las preguntas sobre si ha habido algún tipo de negociación con la formación de Santiago Abascal. Es un hecho que, a media mañana, el Gobierno no disponía de los votos necesarios y que la extrema derecha también se decantaba inicialmente por el no. El portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, ha negado que haya habido negociación.
Inconcreto y con carencias
ERC fue el primero a anunciar, ayer, su voto negativo. ¿Por qué vota en contra? Por una parte, lamentan que el plan de recuperación del Gobierno "no especifica el destino de los fondos, ni tiene presentes las pequeñas y medianas empresas y otros espacio de la economía productiva". Alertan de que esto puede facilitar que se acaben aprovechando "las grandes empresas del Ibex". Por otra parte, los republicanos critican que el decreto es "poco transparente" porque no concreta los mecanismos que tienen que garantizar una "distribución auténticamente territorial". Gabriel Rufián fue fuerte: "Su autor real es la CEOE".
La portavoz de Junts en el Congreso, Laura Borràs, también ha cargado durante el pleno. La candidata a la Generalitat ha cargado contra lo que considera una distribución de los fondos "opaca y no competitiva" que beneficiará a las grandes empresas del Ibex 35. "Ustedes seguirán beneficiando a sus amigos de siempre", ha criticado Borràs. Ha lamentado que se trata de un "plan|plano centralizado" que se puede convertir "en un festival del favoritismo". Mireia Vehí, de la CUP, ha acusado a La Moncloa de premiar a la "oligarquía económica y política" regalando los fondos a "Agbar, Repsol o Iberdrola".
Agilización de trámites
El decreto asienta las bases para la ejecución del plan de recuperación a través de los PERTE (proyectos estratégicos para la recuperación), una fórmula de colaboración publicoprivada que permitirá absorber los 140.000 millones de euros que llegarán de la Unión Europea durante los próximos años. Centrado en dos grandes ejes --la transición digital y verde--, la norma permite la puesta en marcha "de inversiones, transformaciones y reformas estructurales" agilizando la burocracia habitual. Se tramitará como proyecto de ley para que los grupos puedan presentar enmiendas.