“Pertenecer a Europa conlleva privilegios como los fondos Next Generation y también obligaciones como homogeneizar el marco regulador de los 27 estados miembro”. Así ha defendido este miércoles Pedro Sánchez reformar la ley de intercambio de antecedentes penales y permitir de esta manera que 44 exmiembros de ETA se beneficien de ella y se acorten sus condenas. Lo ha hecho después de que Alberto Núñez Feijóo haya crispado un debate en el Congreso sobre inmigración sacando la cuestión de los exmiembros del grupo armado. El presidente del Gobierno ha criticado al líder del PP por haber recurrido a “algunos de sus clásicos” y “los odios del pasado” para desgastar a su ejecutivo: “Hablar de Bildu y ETA”. “No hay una rebaja de condenas, porque lo que se ha hecho es tener en cuenta los años que los presos ya han cumplido en el extranjero”, ha manifestado el líder socialista, aparte de insistir en que la reforma española es una “transposición obligatoria” del derecho comunitario.
El Gobierno, sin embargo, sigue sin valorar por qué es positivo el fondo de esta reforma. Solo un importante parlamentario del PSOE se pronunciaba este martes sobre el tema con los micrófonos apagados: “Antes las cosas se hacían por excepcionalidades; ahora, sin ETA, hay que corregir estas excepcionalidades”. Este miércoles Pedro Sánchez no ha repetido las trampas que hizo este martes Pilar Alegría para justificar la reforma: la portavoz del Gobierno defendió que en 2014 el gobierno de Mariano Rajoy impulsó una norma calcada a la que ahora mismo se encuentra en tramitación en las Cortes españolas. Sí pero no. Porque los populares se dieron cuenta más tarde de las consecuencias de la ley y entonces la enmendaron: se aseguraron de que los etarras no se podrían beneficiar de ella. E hizo una segunda trampa: aseguró que la ley recibió el aval del Consejo de Estado. Sí pero no. Porque este aval llegó antes de que Sumar incluyera las enmiendas que benefician a la cuarentena de exmiembros de ETA.
Este miércoles, Pedro Sánchez ha denunciado la “incompetencia” de Alberto Núñez Feijóo y su grupo parlamentario, porque “la norma ha estado en tramitación parlamentaria durante siete meses y el plazo de enmiendas se ha prorrogado hasta once veces”. Así, el presidente del Gobierno ha acusado a su principal adversario de ser un “hipócrita”.
Feijóo: “Para usted, dignidad son presos por presupuestos”
Aunque Pedro Sánchez ha comparecido en el Congreso a petición del PP para hablar de las medidas para “afrontar la emergencia migratoria”, Alberto Núñez Feijóo ha dedicado buena parte de su tiempo a hablar de ETA. El PP recrudece su ofensiva contra el Gobierno y vuelve a reclamar que se retire la ley que podría beneficiar a presos de la banda armada. Si no lo hace, la Moncloa podrá “disfrutar de esta victoria miserable” y “se quedará para siempre con el aplauso de Otegi y de Txapote”, ha afirmado el líder de los populares desde la tribuna. “Para usted, dignidad son presos por presupuestos”, le ha espetado a Sánchez.
¿Qué implica la reforma de la ley?
A grandes rasgos, la reforma de la ley implica tener en cuenta los años de condena que los etarras han pasado en Francia, y restarlo del tiempo que tienen que pasar en una prisión española. En otras palabras, Javier García Gaztelu —Txapote— podrá salir de la prisión el próximo año y no en 2031; porque se le “perdona” el tiempo que pasó encerrado en Francia entre 2001 y 2007.
Vamos por partes. En 2008, el Consejo Europeo tomó una decisión marco en la que recomendaba a los estados miembros tomar en consideración las condenas que un reo había cumplido en otros países del club continental, y considerarlas propias. El gobierno de Mariano Rajoy obedeció a la Unión Europea y lo aplicó en la legislación española. Pero durante la tramitación del texto se dio cuenta de que eso podría beneficiar a etarras y añadió una disposición adicional a la norma: “En ningún caso se tendrán en cuenta por la aplicación de esta ley las condenas dictadas por un Tribunal de un estado miembro de la Unión Europea con anterioridad al 15 de agosto de 2010”.
Ahora, el Congreso de los Diputados ha aprobado una reforma de esta ley con unas enmiendas de Sumar que eliminan la disposición adicional del PP de Rajoy. No obstante, en 2018 el TEDH rechazó que se produjera una violación del artículo 5.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, y avaló fijar condenas de treinta años (la máxima condena que se podía fijar entonces) para etarras que ya habían cumplido penas en Francia con anterioridad.