El presidente Pedro Sánchez llegó a defender la supresión de la inviolabilidad del Rey. En una entrevista el pasado otoño, el dirigente socialista defendía "abrir el debate para actualizar la Constitución" y entre los aspectos a revisar situaba la impunidad de los monarcas: "No creo necesaria esa condición para el jefe del Estado". Sin embargo, la misma semana que ha estado en boca de todo el mundo, justamente porque ha impedido la investigación de la Fiscalía contra Juan Carlos I, el gobierno lo ha vuelto a aparcar. Así lo ha verbalizado la ministra de Justicia, Pilar Llop, que ha alegado que no se dan las mayorías para reformar la Carta Magna.
Como estaba previsto, Juan Carlos I no hará frente a ninguna responsabilidad penal. Este miércoles, después de dos años de indagaciones, la Fiscalía del Tribunal Supremo acordaba archivar todas las investigaciones iniciadas en torno a los tejemanejes y posibles corruptelas del rey emérito. Entre estas, las supuestas comisiones por el AVE a La Meca. Los motivos del archivamiento eran variados: desde la falta de indicios o la prescripción hasta la protección de los actos durante su reinado por la figura de la inviolabilidad constitucional. Eso sí, la Fiscalía sí que admitía irregularidades, como la ocultación de dinero en el extranjero no declarados a Hacienda. Pero nada de todo esto podía ser perseguido.
Preguntada justamente este viernes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Pilar Llop ha expresado "absoluto respeto por la investigación y las opiniones de la Fiscalía", remarcando que, como en cualquier otra investigación, se ha enmarcado "dentro de su autonomía e independencia". Frente al tope que ha supuesto y supone la inviolabilidad del Rey, la ministra de Justicia ha recordado que es una cuestión regulada por la Constitución española y que ahora "no se darían las mayorías para abordar ninguna reforma que tenga que ver con eso". Y debate cerrado.
Durante los últimos meses, se ha especulado con un posible retorno del rey emérito una vez se archivaran las investigaciones de la Fiscalía. Tan pronto como se hizo pública esta noticia, el despacho de abogados que representa Juan Carlos de Borbón informó en un comunicado que "en los próximos días" trasladará el contenido de los dos decretos a su cliente. Se hará "eco de las decisiones que pueda tomar Juan Carlos" y las comunicará "oportunamente". Mientras tanto, desde La Moncloa guardan el más absoluto silencio sobre este extremo.
Mensaje en Feijóo
Justamente la pregunta sobre Juan Carlos I le ha servido a Llop para recordar que el Gobierno "cumple la Constitución" y que el principal partido de la oposición tiene que hacer lo mismo, con la renovación de los órganos constitucionales que tienen el mandato caducado. En este sentido, se ha dirigido a quien podría ser el próximo líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, candidato de consenso al congreso del 1 y 2 de abril en Sevilla. "Estamos expectantes, se ha abierto un nuevo escenario", ha defendido la titular de Justicia, que ha subrayado cómo el dirigente gallego ha hablado de sentido de Estado. "Espero que este sentido de Estado lo demuestre en una primera acción: la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que es una cuestión de Estado," ha reclamado Llop. Y ha pedido un "segundo gesto", que "ponga el cordón democrático a la extrema derecha, a Vox", que "es lo que se espera de un partido de Estado".