El Gobierno está convencido que el actual redactado de la ley de amnistía ya protege la totalidad del independentismo. Y que fracasarán los movimientos de algunos jueces para cazar a Carles Puigdemont y Marta Rovira a través de acusaciones de traición o de terrorismo a Tsunami Democràtic y CDR. El propio Pedro Sánchez lo señalaba este jueves desde Bruselas, y empujaba a Junts per Catalunya a hacer un acto de fe con los jueces, confiado en que la justicia española amnistiará "a todos los independentistas" cuando acaben procesos de instrucción como los de Manuel García-Castellón o Joaquín Aguirre. PSOE y Junts están condenados a entenderse. Cuesta, de momento. Y eso hace peligrar la estabilidad del presidente del Gobierno. La ley de amnistía ha quedado congelada en el Congreso cuando el Ejecutivo de Sánchez ya empezaba a pensar cómo aprobaría los presupuestos. Solo hace dos meses que fue investido presidente y ya se pone en duda la legislatura. La Constitución, sin embargo, señala que no puede convocar elecciones hasta dentro de cuatro meses.
"Como todo el mundo sabe, el independentismo catalán no es terrorismo; con esta ley, así lo concluirán los tribunales, serán amnistiados todos los independentistas catalanes; porque no son terroristas". Es el mensaje que quiso dar Pedro Sánchez este jueves. Y que tiene muchas lecturas. Por una parte, se dirige a los jueces. Les recuerda que la voluntad del legislativo es amnistiar a todo el independentismo, y regaña a algunos magistrados porque insiste en que el movimiento no ha sido nunca terrorista. Jordi Turull "valoró positivamente" el gesto del presidente español. Pero Sánchez no afloja la cuerda: a pesar de la insistencia de Junts de modificaciones en terrorismo y traición, el presidente español defendió el redactado actual de la norma, reivindicando que a estas alturas es una ley "valiente, reparadora y constitucional". Además, cuando Sánchez promete que "así lo concluirán los tribunales", empuja a Junts a un acto de fe con la justicia española.
Mientras tanto, fuentes de Junts per Catalunya señalan a ElNacional.cat que "uno no se puede fiar de la justicia española". Afirman que "no tiene ningún tipo de sentido" negar la existencia de terrorismo durante el procés y al mismo tiempo tumbar unas enmiendas para borrar de las excepciones de la ley este delito, aparte del de traición. Lamentan, además, que durante las negociaciones los socialistas no les han dado ningún argumento jurídico ni político para mantener la posición.
No obstante, la comparecencia de Sánchez en Bruselas rebajó los decibelios de los discursos pronunciados 24 horas antes por miembros de su Gobierno. El presidente recetó más calma que sus ministros. María Jesús Montero y Félix Bolaños, justo después del varapalo sufrido por parte de Junts per Catalunya, animaron a la formación capitaneada en Madrid por Míriam Nogueras a "recapacitar", e incluso recriminaron a los independentistas que exijan retoques "inconstitucionales" a la amnistía; quisieron remarcar, además, que el futuro de la legislatura dependerá siempre de Pedro Sánchez, y no de Junts.
Las palabras del líder socialista exponían, de forma más clara, cuál es el discurso del PSOE de puertas adentro. Fuentes de Ferraz señalan con convicción que habrá que negociar para llegar a acuerdos, y que se llegará a ellos. De la misma manera se pronunciaba este jueves el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, convencido también de que la ley se acabará aprobando, porque socialistas y juntaires están condenados a entenderse durante esta legislatura. De momento, en público, el Gobierno mantiene abierta la puerta a seguir "mejorando la ley", sin concreciones.
Hay alguien que ya ha hecho una aportación en la lluvia de ideas. El exdiputado en la cámara baja y negociador de Sumar, Jaume Asens, ha propuesto aprobar la ley de amnistía y después reformar el delito de terrorismo del Código Penal. Pero desde el PSOE insisten en que es temprano todavía para saber cuál puede ser la solución: los grupos tienen 15 días hábiles para negociar; y el equipo de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, remarca a este periódico que estos 15 días son prorrogables. Hay margen para la creatividad, todavía.
El freno de Junts a la amnistía siembra más dudas sobre los presupuestos
Sea como sea, la relación entre PSOE y Junts, repleta de baches en el arranque de esta legislatura, siembra un montón de dudas sobre la estabilidad del Gobierno a lo largo de la legislatura. Y también sobre los presupuestos, que tienen que aprobarse lo antes posible porque ya hay unos prorrogados. Es la pregunta que más se le hace estos días a la vicepresidenta María Jesús Montero, también máxima responsable del departamento de Hacienda. Receta calma, siempre. Pero la pregunta que se le hace a continuación es si Pedro Sánchez tendrá que convocar elecciones a causa de la inestabilidad de la legislatura.
Habría que ver si el equipo de Sánchez encuentra oportuno convocar, con el desgaste que le supone la amnistía, unos nuevos comicios. El caso es que, en primer lugar, todavía no puede. Así lo dice la ley, que no permite a un presidente del Gobierno disolver las Cortes hasta que no haya pasado un año de la última disolución. Es decir, el líder socialista no podría optar a este comodín hasta finales de mayo: el presidente español convocó las elecciones del 23-J al día siguiente de la derrota socialista en las municipales y autonómicas del 28-M. Quedan, pues, todavía cuatro meses para que llegue esta fecha.