El miércoles se vivió en el Congreso de los Diputados una de las sesiones más caóticas e imprevisibles que se recuerdan. Final agónico: Junts per Catalunya dejó en manos de Francina Armengol destapar la incógnita sobre cuál había sido el sentido de su voto en los tres decretos ley impulsados por el Gobierno. Resultó, al final, que su manera de avalarlos fue no votarlos. Un error de Gerardo Pisarello en su voto telemático mareó todavía más la perdiz, pero al final dos de estos decretos salieron adelante. Uno lo tumbó Podemos. No obstante, el malestar en el PSOE y el Gobierno se hacía evidente en las malas caras que circulaban por los pasillos del Senado (lugar donde se celebró el Pleno; el hemiciclo de la cámara baja estaba de reformas). Pedro Sánchez celebró este sábado en Quintos de Mora un team building con sus ministros para redirigir su estrategia y rehacer la gestión del pacto con Junts per Catalunya, aguantar los embates de los independentistas y trabajar por una legislatura duradera.
Es la primera negociación de la legislatura en la que Junts no solo pone de manifiesto que sus votos son del todo imprescindibles para aprobar las políticas de Sánchez, sino que el Gobierno no puede relacionarse con esta formación de la misma manera que lo hace con Esquerra Republicana. El jefe del ejecutivo está ahora obligado a reformular su gestión de pactos y alianzas en el Congreso de los Diputados. Tiene la suerte de que el PNV depende de una buena relación con el PSOE si quiere mantener en sus manos el gobierno vasco. Pero no existe ningún matrimonio entre socialistas y juntaires de gran importancia que haya que conservar con uñas y dientes. En Junts tienen cuello abajo que pueden aprovecharse de "no tener el problema de ERC": un diputado de la formación señala a este periódico que no tienen la obligación de tener que aceptar según qué política social por el mero hecho de ser de izquierdas; siempre pueden tensar más la cuerda.
En Ferraz y en la Moncloa tienen que digerir el desbarajuste del miércoles. Incluso el líder del PSC, Salvador Illa, pedía al día siguiente evitar "convertir cada votación" de esta legislatura "en un Vietnam". Desde la dirección del PSOE admiten a ElNacional.cat que hace falta "mejorar" la relación que tienen con Junts per Catalunya. Remarcan la importancia de mantener en el futuro encuentros con los independentistas, como ya han intentado normalizar en los últimos meses. También el barón socialista Emiliano García Page ha dicho la suya; y ha invitado al Gobierno a "reflexionar" en Quintos de Mora "hasta dónde conduce la situación actual" de dependencia con Junts. "Cuando no se sabe dónde acaba, el camino no vale la pena", dijo este viernes. La número dos de los socialistas y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, se pronunciaba igual este viernes: "La confianza no se establece en el plazo de un mes". Pero fuentes de la Moncloa también apuntan a este periódico que a partir de ahora "tendrá que haber menos decretos, más anteproyectos de ley, y trabajar antes las cosas". Es justamente lo que pide Junts: primero negociar y después votar.
Al fin y al cabo, han surgido esta semana dudas sobre la estabilidad de la legislatura. "No duraremos cuatro años", se atrevía a pronosticar este miércoles uno de los diputados vascos más veteranos que hay en el Congreso, en una conversación informal con periodistas. Se le ha hecho varias veces esta pregunta a los ministros del Gobierno estos últimos días. "A Pedro Sánchez le quedan muchos años; muchos más que al señor Feijóo", aseveraba este viernes Félix Bolaños cuando se le preguntaba sobre la esperanza de vida del líder socialista.
El desbarajuste del miércoles
El PSOE no puede permitirse otra vez repetir la misma escena del miércoles. Pedro Sánchez salía hacia las ocho y media de la noche a celebrar la convalidación de dos de sus tres decretos, pero los rostros del equipo que lo acompañaba no hacían señales de alegría. Incluso algunos miembros de la dirección socialista no eran conscientes de qué había votado la formación independentista cuando quedaban pocos instantes para que Francina Armengol anunciara el resultado definitivo de la votación. Durante aquella tarde agónica, desde la cúpula del PSOE enviaban mensajes en que culpaban al PP de una eventual caída de los decretos, por no haberlos convalidado; una estrategia por si Junts había tumbado los decretos y ninguno de ellos no se convalidaba.
El PSOE intenta rebajar el valor de las contrapartidas para Junts
Una vez ya se sabía qué había hecho Junts, el partido emitió un comunicado en el que informaba de qué prestaciones había conseguido por parte del Gobierno a cambio del aval en los decretos. Ni Ferraz ni Moncloa confirmaban ninguna de estas contrapartidas. No lo hicieron hasta el día siguiente, una vez en las portadas ya aparecía que Sánchez había conseguido salvar in extremis dos decretos.
Fue entonces la hora de la pedagogía y de rebajar el valor de las contraprestaciones con Junts. En primer lugar, Bolaños quiso marcarse como victoria que los independentistas aceptaran la retirada del 43 bis de la ley de Enjuiciamiento Civil. Aseguró que nada cambia y que los jueces podrán seguir paralizando la aplicación de la amnistía presentando cuestiones prejudiciales ante el TJUE. Es la tesis que también sostienen expertos juristas consultados por este periódico.
En la estrategia de borrar la imagen de un Pedro Sánchez atado a Carles Puigdemont, también el Gobierno se ha abierto ahora a "replicar" en otras comunidades autónomas la cesión de las competencias en inmigración pactadas con Junts. Y ha hecho grandes esfuerzos por dejar claro que estas competencias, a través del artículo 150.2 de la Constitución, se pretenden "delegar" a la Generalitat; no "transferir".
Sea como sea, toda esta cuestión se tendrá que acabar negociando con el resto de formaciones políticas, en el debate de una ley orgánica. Y fuentes del Gobierno apuntan que hará falta también ver qué acaban haciendo las formaciones de izquierdas socias de Sánchez, especialmente Podemos y Esquerra Republicana, cuando toque votar en el Congreso este traspaso de competencias a la Generalitat.