El mismo día que algunos diarios publican que Pedro Sánchez sabía del espionaje a Pere Aragonès, el presidente del Gobierno ha querido dar la vuelta al calcetín con un nuevo argumento. Era el gobierno de Mariano Rajoy quien utilizaba los organismos del Estado para espiar a los "adversarios políticos". En cambio, con su llegada a La Moncloa, el dirigente socialista ha sacado pecho de haber desmantelado aquella estructura parapolicial para "perseguir rivales" y haber colaborado con la justicia con la desclasificación de documentos sobre estos extremos. Un Sánchez que ha estado especialmente combativo contra "la desgracia de derecha que sufre la democracia española". Más allá de la disputa, el mandatario ha subrayado el "error de seguridad" que permitió infectar su móvil para justificar implícitamente el cese de Paz Esteban, de quien ha reconocido la labor.
Justamente la sesión de control en el Congreso ha tenido lugar ni 24 horas después del cese de Paz Esteban como directora del CNI, un hecho que ha encendido mucho a la derecha. La portavoz del PP, Cuca Gamarra, ha recordado que Pedro Sánchez sabía del espionaje a Aragonès y ha criticado que "negocia la gobernabilidad con aquellos a quien el Estado tenía que investigar". eo ha acusado de representar "la degradación absoluta de la política" y ser el presidente preferido de "Puigdemont, Junqueras y Otegi". En la misma línea, el portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha denunciado que "los condenados por delitos fijan la carrera de los servidores públicos" y que es "una inmoralidad y una indignidad". Se ha puesto a él mismo de ejemplo --fue apartado de la causa del procés como abogado del Estado-- para asegurar que el presidente español deja atrás "una senda de destrucción y cadáveres".
Pero Pedro Sánchez venía con el argumentario de casa, y lo ha ido reiterando durante las diversas respuestas a la cámara baja. "Con este gobierno ni los fondos públicos, ni los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, ni los servicios de inteligencia se van a usar para tapar hechos delictivos ni para perseguir a adversarios políticos fuera de la ley", ha reprochado a los populares. También ha recordado la destrucción "a martillazos" de pruebas por parte de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. En este sentido, ha contrapuesto que cuando él llegó hace cuatro años a La Moncloa, desclasificó documentos sobre "la estructura parapolicial" para ponerlos a disposición de la Audiencia Nacional.
"Hoy la situación no es perfecta, pero hoy se cumple la Constitución en todo el territorio de España y los mangantes no están en el gobierno", ha defendido el presidente del Gobierno. Sánchez ha lamentado que la derecha española no sea moderna, sino que haya una "desgracia de derecha que sufre la democracia española". Tampoco se ha ahorrado los reproches, con ironía, hacia Edmundo Bal: "Debe ser bastante frustrante sentirse tan bueno y al mismo tiempo ser tan poco reconocido cuando se presenta a las elecciones".
Robles vuelve a justificarlo
La ministra de Defensa ya lo justificó ayer y hoy lo ha reiterado: el espionaje a Pere Aragonès y el entorno de Carles Puigdemont estaba avalado por una autorización del Tribunal Supremo con una "motivación detallada". A pregunta del portavoz de ERC Gabriel Rufián, Margarita Robles ha defendido nuevamente que el Gobierno ha actuado "con la máxima transparencia y el máximo cumplimiento de la legalidad", como se demostró en la comisión de secretos oficiales. Y se ha mostrado "satisfecha y orgullosa" de la labor del CNI. El portavoz republicano la ha acusado de representar un "patriotismo tóxico" y le ha advertido que es responsable del escándalo de espionaje con el programa Pegasus, ya sea por acción o por omisión, en tanto que máxima responsable política de los servicios de inteligencia españoles.