Algunos organismos han expresado sus dudas, como el mismo Consejo de Estado en un informe solicitado por el Gobierno. También algunos socios de La Moncloa, como el lehendakari Íñigo Urkullu. Pero Pedro Sánchez insiste en su "intención" de no prorrogar más el estado de alarma una vez decaiga, después de seis meses, el próximo 9 de mayo. El presidente del Gobierno ha defendido que hay "herramientas jurídicas" suficientes para hacer frente a la nueva etapa, situando el centro de decisión en el Consejo Interterritorial. Si decae el estado de alarma, como está previsto, las restricciones a la movilidad y a los derechos fundamentales recaerán en los gobierno autonómicos y en la interpretación que hagan los diferentes tribunales superiores de justicia
Primero fue el Consejo de Estado, que advirtió al Gobierno en un dictamen que no existe un plan jurídico alternativo al estado de alarma porque la legislación sanitaria es demasiado "genérica" y requiere de modificaciones para poder hacer frente a pandemias con seguridad jurídica. Ayer se sumó el lehendakari Íñígo Urkullu, que exigió una prórroga, porque "las comunidades autónomas tenemos que trabajar con las garantías jurídicas en la aplicación de medidas para intentar mitigar los efectos negativos de la pandemia y atajar la transmisión comunitaria". Este martes en el Congreso se han unido a los recelos y exigencias la mayoría de partidos políticos, tanto los aliados como los de la oposición.
En la comparecencia desde La Moncloa después del Consejo de Ministros (por segunda semana consecutiva), Pedro Sánchez ha reiterado que el Gobierno "trabaja con la intención" de que no haya más prórrogas cuando expire el plazo del 9 de mayo. Ha subrayado que hay "suficientes garantías jurídicas" para responder a la pandemia sin el estado de alarma. En este sentido, ha situado el "núcleo de decisión" en el Consejo Interterritorial de Salud, que reúne a la ministra de Sanidad y los consejeros autonómicos. Ha remarcado que sus decisiones son "de obligado cumplimiento" como han dejado claro los tribunales ante los recursos presentados.
Además, el presidente del Gobierno ha señalado que el proceso de vacunación "se ha intensificado y se intensificará más" durante las próximas semanas, un hecho que deja un panorama completamente diferente al del pasado verano. Como dato, que se están poniendo "medio millón de dosis al día". Por otra parte, ha defendido como, durante estos meses, se ha reforzado la llamada "cogobernanza". Y ha concluido sobre la controversia jurídica: "Hay suficientes herramientas jurídicas para responder a este estadio de la pandemia".
Ayer fue el lehendakari Íñigo Urkullu. Hoy ha sido el PP quien ha insistido en pedir un "plan B jurídico". También lo han pedido otras formaciones al Congreso, como el PDeCAT, EH Bildu o Más Madrid que reclaman más claridad, después de las interpretaciones judiciales contradictorias vividas el verano pasado.