El presidente del gobierno Pedro Sánchez se mantiene dispuesto a ofrecer una alternativa al soberanismo "votando", no un referéndum, sino un marco competencial de mayor autogobierno dentro de la Constitución. La idea podría pasar por impulsar nuevo Estatut de Autonomía, propuesta que el PSOE ha defendido tradicionalmente. Así se vio en medio de las duras críticas del propio Sánchez al Partido Popular por la cepillada de la norma catalana en 2010, como reprochó a Mariano Rajoy durante la moción de censura. De hecho, es la idea de que el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, dejó caer hace unos días.

"La crisis en Catalunya sólo se resolverá votando", pero no "una ruptura" dijo Sánchez este martes ante ell Congreso, en una comparecencia para exponer su plan de legislatura, casi 40 días sin ofrecer una rueda de prensa en España –sólo lo ha hecho desde el extranjero, donde las preguntas que se pueden hacer son menos.

Las palabras no hacían alusión a la autodeterminación, que el nuevo gobierno central ya ha descartado varias veces. "No tiene recorrido" dijo la portavoz Isabel Celaá. "No aparece en nuestra Constitución", zanjó la vicepresidenta Carmen Calvo.

Si bien, al dirigente de ERC en Madrid, Joan Tardà, no le cayó bien la medida. Afirmó que negar el referéndum podría comportar las mismas "consecuencias" que cuando lo rechazó el PP, algo que a su parecer vuelve a situar en el camino de la "desobediencia".

A su vez, el portavoz del PDeCAT, Carles Campuzano, apeló a que la decisión del tribunal alemán de negar la extradición de Carles Puigdemont por rebelión y hacerlo sólo por malversación "era una oportunidad" para que la nueva fiscal general del Estado, Maria José Segarra, "plantee la estrategia judicial y apueste por liberar a los presos políticos", dijo.

El hecho es que el fantasma del Estatut hacía días estaba en el aire en las filas socialistas, también catalanas. "Hay gente que piensa en un referéndum y yo pienso en dos: uno de reforma constitucional y otro de reforma estatutaria" dijo Iceta en una entrevista.

Eso pasa mientras que el Ejecutivo se mantiene en el intento de rehacer las relaciones con la Generalitat, después del encuentro con el presidente Quim Torra, por la vía del levantamiento de litigios competenciales en el TC entre Estado y autonomía.

Para ello, están previstas tres comisiones: la de infraestructuras, donde se abordarán cuestiones como el Corredor Mediterráneo; la de transferencias; y la bilateral, donde se negociará el levantamiento de vetos a leyes catalanas de contenido social, cambio climático y pobreza energética.

Esta última estará presidida por la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, los secretarios de Estado de Hacienda, el de Infraestructuras, el de Relaciones con las Cortes y la Delegada del Gobierno del Estado en Catalunya, Teresa Cunillera. Por el lado catalán, estará el conseller de Exteriores, Ernest Maragall.