El gobierno encabezado por Pedro Sánchez estudia ilegalizar la Fundación Francisco Franco en el marco de una reforma integral de la Ley de memoria histórica. Aparte, el ejecutivo estatal estudia modificar el artículo 510 del Código Penal para considerar un delito la apología del franquismo. Es la respuesta que ha dado el gobierno español a preguntas en el Senado del grupo valenciano Compromís.
La respuesta que fecha del 11 de octubre contiene que "se incluirán las modificaciones legales oportunas para que se declaren ilegales asociaciones y fundaciones que realicen apología del franquismo e, igualmente, se está estudiando la modificación del artículo 510 del Código Penal para incluir la mencionada apología como un delito".
En cambio, el gobierno español no responde a lo que preguntaba en concreto la formación, sobre el hecho de que no se hayan presentado las cuentas de la fundación pro Franco del 2008 al 2010, ni del 2002 ni del 2003. El ejecutivo socialista indica que el Ministerio de Cultura y Deportes, competente en materia de Protectorado de Fundaciones, "no puede dar información que afecte a la privacidad de una determinada fundación". Compromís ha criticado esta respuesta por el hecho de que, según afirma, el gobierno de Mariano Rajoy sí había dado información al respeto en preguntas anteriores.
La formación valenciana no ha preguntado sólo por las cuentas de la Fundación Francisco Franco, sino también por las de la Fundación las Hijas de Millán Astray y Capitán Cortés, la Fundación José Antonio Primo de Rivera, la Fundación Yagüe, la Fundación Pro-Infancia Queipo de Pla, la Fundación Blas Piñar, la Fundación Ramiro Ledesma Ramos y la Fundación Serrano Suñer. La respuesta, según indica Compromís, ha estado en todos los casos la misma.