En el debate electoral, Pedro Sánchez se comprometió a "traer a Puigdemont a España" para ser juzgado. Lejos de retractarse, el candidato del PSOE se ha reafirmado este miércoles: "Lo estamos haciendo ya". En este sentido, el presidente español en funciones ha reivindicado su control sobre la Fiscalía, que es la que ha pedido al juez instructor Pablo Llarena la reactivación de la euroorden contra el presidente en el exilio. "Estamos a la espera de la decisión final de la justicia belga", ha afirmado. Durant el juicio insistió en que no podía dar órdenes al ministerio fiscal.
En una entrevista este miércoles por la mañana en RNE, el dirigente socialista ha insistido en que ya están haciendo los trámites para extraditar a Puigdemont. "No sólo el juez Llarena, sino también la Fiscalía General del Estado, que pidió la activación de la euroorden," ha señalado. ¿La Fiscalía de quién depende? Pues ya está", ha lanzado al entrevistador. Ha deseado que "más temprano que tarde" el presidente en el exilio "dé explicaciones" ante el Tribunal Supremo. Sin embargo, la decisión debe tomarla un juez belga, no un fiscal español.
Escucha a Pedro Sánchez hablando sobre la extradición de Carles Puigdemont
Por otra parte, Pedro Sánchez ha justificado su promesa de volver a penalizar la convocatoria ilegal de referéndums, despenalizada por el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Según el presidente en funciones, las circunstancias han cambiado. "Están diciendo que lo volverán a hacer", ha criticado. "La celebración de referéndums ilegales es un elemento de discordia y estamos ante una crisis de convivencia", ha añadido en esta línea.
En cuanto a la jornada electoral del 10-N, Sánchez ha señalado que "todas las instituciones debemos garantizar" que se produzca sin incidentes. En este sentido, ha recordado que "las responsabilidades penales que se pueden dirimir de poner en cuestión la jornada electoral son bastante contundentes".
El presidente en funciones ha concedido la entrevista desde el Palacio de la Moncloa, a pesar de la advertencia de la Junta Electoral Central sobre el uso electoralista de las instituciones.