El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, han sellado el acuerdo para los presupuestos generales del Estado para el próximo año. El pacto incluye, entre otros acuerdos, el incremento del salario mínimo interprofesional a 900 euros y un incremento del presupuesto del plan estatal por la vivienda con mayor protección a los inquilinos y posibilidad de que los ayuntamientos regulen los precios del alquiler.
Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se han reunido esta mañana en el palacio de la Moncloa, donde han sellado el acuerdo. La reunión, previa al Consejo de Ministros —que se adelanta al jueves porque el viernes es festivo— ha servido para cerrar el acuerdo. Durante el Consejo de Ministros se tratarán las líneas generales de los presupuestos que el Gobierno deberá mandar a Bruselas antes del día 15 de octubre. En todo caso, Sánchez no tiene suficiente con los votos de Podemos para aprovar los pressupuestos.
El acuerdo también contempla que la subida del IRPF afecte a las rentas superiores a 130.000 euros. De esta forma el ejecutivo español ha rebajado su propuesta inicial de subir el IRPF a las rentas de más de 140.000 euros, al tiempo que Podemos ha elevado la suya superando los 120.000 euros que pedía inicialmente.
El texto también incluye el incremento de un 1% del impuesto de patrimonio a las fortunas de más de 10 millones de euros.
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— La Moncloa (@desdelamoncloa) 11 d’octubre de 2018
El presidente del Gobierno, @sanchezcastejon, se reúne en La Moncloa con el secretario general de Podemos, @Pablo_Iglesias_ https://t.co/8NdU51j2Tc
El pacto prevé el desarrollo del modelo de transición energética y revisar los beneficios de las eléctricas, un aumento significativo de las ayudas a la dependència, apoyo a la ley de violencias sexuales propuesta por Podemos y permisos de paternidad y maternidad iguales e intransferibles y remunerados por ley.
También incluye un acuerdo para mejorar las becas y reducción de las tasas universitarias, la reforma de la ley electoral con regulación de mailing conjunto y listas cremallera obligatorias y la erogación del artículo 315.3 del Código Penal que perseguía a los sindicalistas. Además recoge la autorización a los ayuntamientos para gastar su superávit en asegurar escuelas infantiles de 0 a 3 años.