A pesar de las declaraciones de intenciones, los presupuestos de Pedro Sánchez dicen otra cosa: el Estado no cumplirá con la disposición adicional tercera del Estatut. Concretamente, Catalunya recibirá el 16,8% de las inversiones totales del Estado en el 2019, según los presupuestos del gobierno socialista. El porcentaje todavía se sitúa por debajo del 19,2% que Catalunya aporta al PIB español.

La disposición adicional tercera establece que el Estado invertirá en infraestructuras en Catalunya en un porcentaje equivalente a la aportación catalana al PIB del estado español. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del viernes pasado, la ministra María Jesús Montero aseguró que el proyecto "cumplía con el Estatuto", y lo ha reiterado este lunes en el Congreso de Diputados.

La realidad, sin embargo, es ligeramente diferente. El total de las inversions en infraestructuras que recibirá Catalunya se sitúa en 1.875 millones, aproximadamente un 18% del conjunto de las comunidades. Ha subido 681 millones respecto al año pasado.

A pesar del aumento sustancial respecto a los años anteriores, Catalunya recibirá en forma de inversiones 2.051 millones de los 12.182 que recibirán el conjunto de comunidades. A esta cifra hay que añadir 200 millones de euros del Ministerio de Fomento que el Estado destinará a Catalunya en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Supremo. Eso incrementa el porcentaje hasta el 18,5%, cifra a la cual se ha aferrado la ministra Montero que, aunque lejos del 19,2%, dice que son "cifras similares" y la da por buena.

Las cifras globales y relativas, sin embargo, sí que suponen un aumento respecto de los gobiernos de Mariano Rajoy durante los últimos años. En el 2018, el Estado invirtió en total 1.349 millones (13,3%); en el 2017, 1.149 millones (13,4%), y en el 2016, 1.181 millones (10,7%). Así, Sánchez mejora los porcentajes del PP, pero no llega a cumplir promesas.

Catalunya es el segundo territorio que recibirá más inversión, por detrás de Andalucía con 2.132 (17,5%). A continuación van Madrid, con 1.249 millones (10,3%) y el País Valencià con 1.189 millones (9,8%). En infraestructuras será el primero.

Promesas rotas

Los presupuestos de este año prevén un incremento principalmente con respecto a las inversiones en infraestructuras, a las prestaciones sociales y en las comunidades autónomas, pero los números no cumplen las promesas con Catalunya.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha seguido asegurando en rueda de prensa que "las cuentas cumplen perfectamente con Catalunya", pero las cifras no dicen lo mismo. El último PIB contabilizado en el INE muestra que la aportación catalana al PIB español fue del 19,2% en el 2017. Con todo, las cifras de las inversiones reales en infraestructuras para las comunidades autónomas todavía no son de dominio público y no se sabrán hasta esta tarde.

Preguntada sobre esta diferencia entre el último dato del PIB y la inversión en infraestructuras, Montero ha quitado importancia: "18,5% o 19%, son cifras similares".

Los presupuestos del gobierno español han llegado este lunes al Congreso sin contar todavía con los apoyos necesarios para su luz verde. Sánchez necesitará de los votos de los partidos independentistas para que salgan adelante.

"Cuentas magníficas para Catalunya"

La ministra de Hacienda ha instado a los partidos independentistas —pero también a Ciudadanos y el PP por si los planes fallan— a aprobar las cuentas públicas. "No he hablado con el PDeCAT y ERC, pero verán que son unas cuentas magníficas para Catalunya", ha defendido Montero en este sentido. Ha asegurado que "siempre hay margen de diálogo dentro de los espacios constitucionales".

Como ya hizo el viernes pasado, María Jesús Montero ha defendido que el proyecto de presupuestos para el 2019 representan un "cambio de rumbo necesario" después de años de políticas de austeridad del Partido Popular. Sin ir más lejos, destinan el 57% de su gasto a políticas sociales.

La ministra también ha hablado de las cuentas públicas como un "dique de contención" contra la extrema derecha. "Fortalecen el estado del bienestar ante quien busca debilitarlo, defienden la igualdad delante de los que quieren volver a traer épocas oscuras, defienden la recuperación económica y los colectivos más castigados durante la crisis delante de los que se habían olvidado de ellos", ha sostenido.

Los 200 millones pendientes

Los 200 millones pendientes fueron acordados por la comisión bilateral Estado-Generalitat, en cumplimiento de la sentencia del Supremo del 2 de noviembre del 2017 sobre la adicional tercera. La sentencia fijaba una compensación de 759 millones de euros, que los dos gobiernos acordaron el retorno en los próximos ejercicios hasta el 2022.