La comparecencia del presidente español, Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados este jueves había generado una importante expectativa. El objetivo de esta solicitud era que diera explicaciones sobre el conocimiento y las medidas del gobierno central en relación con el espionaje a más de sesenta personalidades vinculadas al movimiento independentista, como ya destapó el laboratorio Citizen Lab hace más de un mes. Pero las esperanzas que esta vez el ejecutivo ayudara a aclarar se han diluido rápidamente. Y es que las explicaciones de Pedro Sánchez no han servido de casi nada. De hecho, a pesar de hablar durante más de una hora, el mandatario ha dedicado solo algunos minutos al caso específico del espionaje al movimiento independentista. Y cuando lo ha hecho, ha sido para justificarlo y sacudirse la responsabilidad.
De hecho, Sánchez ha dedicado más rato a atacar al Partido Popular que a permitir poner un poco más de luz sobre el caso del CatalanGate. Su intervención ha arrancado precisamente centrándose en esta temática. El presidente ha acusado a los populares de haber utilizado las instituciones del Estado para poner en marcha una corrupción financiera, pero también una corrupción democrática. Así, ha dicho que la formación que ahora lidera Alberto Núñez Feijóo sigue mirando "hacia otro lado" y que ha trabajado para instrumentalizar los cuerpos de seguridad para hacer seguimiento de los adversarios. Enfrente de este modelo, ha situado el gobierno de PSOE y Unidas Podemos, reivindicando la regeneración democrática que, según él, está llevando a cabo esta coalición, actuando, además, por la transparencia y la colaboración con la justicia y los otros poderes del Estado.
Ha sido después de 20 minutos de esta retórica que Sánchez ya ha empezado a entrar en materia, y lo ha hecho para quitarse de encima inmediatamente cualquier responsabilidad por el espionaje político. "Las acciones se someten a un control, pero no están sometidas a la decisión discrecional del presidente", ha lanzado. Así, ha querido echar pelotas fuera y recordar que no es el ejecutivo español quien planea las actuaciones del Centro Nacional de Inteligencia. "El presidente y los miembros del Gobierno reciben informes. El Gobierno marca prioridades en materia de seguridad, pero ni conoce ni decide sobre las decisiones operativas de los servicios de inteligencia". En esta línea, ha responsabilizado únicamente las autoridades de cualquier espionaje que haya podido afectar a los líderes independentistas.
Siguiendo los pasos de Robles
Pedro Sánchez no se ha quedado aquí, sino que ha querido seguir los pasos de su ministra de Defensa, Margarita Robles, y justificar sin escrúpulos el CatalanGate. Robles ya se ocupó de hacerlo hace unas semanas, cuando se preguntó "qué debe hacer el Estado cuando alguien declaraba la independencia", una afirmación que ya levantó la ira de los partidos independentistas por atreverse a aceptar el espionaje contra un movimiento democrático y legítimo. Pero pese a estos antecedentes, al presidente español no le ha temblado la mano y ha optado por esta misma vía. "Es evidente que entre 2015 y 2020, con la declaración unilateral de independencia en el Parlament el 2017 y los sabotajes provocados en varios puntos de Catalunya y los incendios en Barcelona en 2019 después de la sentencia a los líderes del procés, esta crisis fue una enorme preocupación para la seguridad nacional". Ha avisado.
"Es por eso que, en el marco de la directiva de inteligencia, los servicios que se ocupaban de esta propusieron, y el juez acordó, las medidas oportunas. Pero el Gobierno ni conoce ni decide sobre las acciones operativas de los servicios de inteligencia", ha reiterado, con la intención de deshacerse de las responsabilidades. Y no se ha quedado aquí, sino que también ha querido lanzar un dardo hacia sus predecesores del Partido Popular, y alzarse como una alternativa mejorada. "Esto ha podido pasar en otro momento con otro gobierno, pero nunca ha pasado desde que yo soy presidente y les garantizo que nunca pasará".
"No 65 espiados, sino que 18"
Y no solo eso, sino que también ha querido desprestigiar el informe que reveló todo el caso del CatalanGate, publicado por CitizenLab, así como quitar importancia al espionaje que ha llevado a cabo el CNI. Por una parte, ha querido enfatizar que el documento elaborado por el laboratorio canadiense centrado en la ciberseguridad le provoca "dudas razonables" por la metodología utilizada, a pesar de los años de experiencia que tiene el centro de investigación y los numerosos casos que ya ha destapado, así como la valoración positiva que hizo Amnistía Internacional. Y por otra parte, también ha querido reiterar que, según se informó, el Estado solo es responsable de una parte de los casos destapados. "El CNI solicitó al magistrado del Tribunal Supremo competente la autorización para intervenir las comunicaciones de 18 de las personas eludidas. No 65, sino que 18", ha afirmado Sánchez.
Ahora bien, a pesar de no dar explicaciones sobre un tema tan importante para los independentistas como es el espionaje del CatalanGate, ha querido mostrarse como un aliado del movimiento reivindicando la vía de la negociación. "Comparto mi compromiso rotundo con el diálogo como la única vía, y lamento que los sucesos ocurridos hayan minado la confianza política y el impulso del diálogo que tan buenos resultados está dando", ha afirmado, a pesar de que la mesa entre Generalitat y Estado no se reúne desde septiembre y no se prevé que se retome pronto. "La mesa de diálogo ha sido siempre la respuesta, para dar a la política. Es mi apuesta personal y rotunda para construir la concordia y la convivencia", ha explicado.
Dos únicas medidas
Más allá del espionaje al independentismo, Sánchez ha subrayado que su gobierno, y él mismo, también han sido víctimas de las escuchas ilegales por parte de autoridades extranjeras, sacando peso así al CatalanGate y reivindicando la importancia de potenciar la ciberseguridad. Como respuesta a todo ello, solo dos iniciativas para actualizar los servicios de inteligencia frente a estas amenazas: una reforma del control interno del CNI y una nueva ley de secretos oficiales que permita actualizar la actual, que fecha del año 1968. Con esto, Sánchez ha remarcado la necesidad de aprobar "adelantos normativos" acompañados de "compromisos presupuestarios más grandes".