El Gobierno iniciará los trámites para llevar al ejecutivo madrileño de Isabel Díaz Ayuso ante el Tribunal Constitucional. El motivo es que la presidenta de la Comunidad de Madrid se opone a colocar una placa sobre memoria democrática en su sede de gobierno, el edificio que preside la plaza de la Puerta del Sol. Se trata del edificio de la Real Casa de Correos, un inmueble que durante la dictadura era la Dirección General de Seguridad. Ante su negativa, la Moncloa había propuesto al gobierno autonómico de Madrid activar una mesa negociadora. Ayuso también lo ha rechazado y ha sido entonces cuando este jueves el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha anunciado que el ejecutivo de Pedro Sánchez solicitará un informe al Consejo de Estado para que el Consejo de Ministros eleve el caso al Tribunal Constitucional.
Ayuso había enviado una carta al Gobierno en la que mostraba su "indignación" por una decisión, según su opinión, "insólita". El ministro Torres, en una declaración ante los periodistas en el Congreso de los Diputados, ha recordado que la ley de memoria democrática fue aprobada en la cámara baja y que es una norma plenamente constitucional en tanto que ni siquiera el PP ha presentado un recurso ante el tribunal de garantías. También ha respondido a una de las peticiones de Ayuso, que era la de hacer lo mismo con los aeropuertos canarios y el parlamento del archipiélago norteafricano. Torres ha reconocido que sí que se puede hacer lo mismo con esta institución, en tanto que durante la dictadura también fue una sede de condenas injustas. "Y haremos lo mismo con el centro de reclusos para homosexuales de Fuerteventura", ha añadido con el fin de animar a la lideresa madrileña a no tener inconveniente para hacer lo mismo con su sede de gobierno.
El pasado mes de octubre, la Dirección General de Atención a las Víctimas y Promoción de la Memoria Democrática empezó los trámites por declarar Lugar de Memoria Democrática el edificio que fue Dirección General de Seguridad durante el franquismo alegando que fue un "símbolo de la represión, donde miles de personas fueron detenidas, interrogadas y sometidas a tortura por motivos políticos e ideológicos". "Asumió un papel fundamental en la vigilancia, control y represión", actuando como "policía política al servicio del régimen" y convirtiendo "la tortura en los sótanos del edificio en una práctica habitual con la que se buscaba atemorizar y desmoralizar a los detenidos".
La Comunidad de Madrid se opuso y presentó alegaciones para frenarlo denunciando, entre otras cosas, una "importante y grave injerencia y perturbación en el derecho de propiedad y en la posesión de la Comunidad de Madrid sobre la Real Casa de Correos y en el ejercicio de sus facultades dominicales", así como una "vulneración de las atribuciones y facultades de la Comunidad de Madrid en materia de defensa de la libertad, la justicia y la igualdad de los ciudadanos madrileños".