Los horizontes temporales han ido pasando sin que se cumplan las expectativas. Los presos políticos independentistas sigue entre rejas, en Lledoners, sin que el Gobierno haya movido un solo dedo. Ahora, además, sin el tercer grado penitenciario, que les han vuelto a revocar. Los indultos siguen en fase de tramitación, bloqueados por La Moncloa. Han pasado las elecciones catalanas y nada se ha movido. El ministro Miquel Iceta asegura que "no es una pieza en un cronograma político", que "es una obligación que tiene el Gobierno de tramitar una solicitud y dar respuesta". Pero el 4 de mayo hay elecciones madrileñas a la vista y "tampoco es el momento" de mover nada.

¿Qué pasa con los indultos? Este martes por la mañana, fuentes del Ministerio de Justicia aseguran que no tienen "nueva información" sobre esta carpeta. A pesar de todo, el Tribunal Supremo en estos momentos está a la espera de recibir el último informe, el de la Abogacía del Estado, que depende del Ministerio de Justicia. Según fuentes judiciales, la Abogacía ya recibió hace diez días la documentación que requirió al Tribunal de Cuentas sobre el abono de las fianzas. Aun así, desde el departamento dirigido por Juan Carlos Campo se desentienden y afirman que "no saben cuándo saldrá el informe de la Abogacía". Una vez la sala segunda del Supremo tenga este informe, emitirá un veredicto no vinculante y entonces ya podrá ser elevado a la mesa del Consejo de Ministros. Pero el informe sigue retenido por La Moncloa.

Una cosa similar pasa con la reforma de los delitos de rebelión y sedición en el Código Penal, que rebajaría las penas y permitiría la salida en libertad de los presos. El ministro Campo fijó un primer plazo: antes de acabar el año pasado tenía que llegar a la mesa del Consejo de Ministros e iniciar su trámite parlamentario. Pero nada de esto pasó y ahora fuentes del Ministerio dicen que "todavía no saben" cuándo se elevará al Consejo de Ministros. La reforma de la sedición se ha enmarcado finalmente en una modificación más amplia del Código Penal, hecho que lo ralentiza todavía más.

El calendario político sólo lo envenena todo. Es una evidencia que el plazo del 31 de diciembre no se ha cumplido, y el ambiente electoral no ha ayudado nada. En un primer momento, desde el Gobierno preferían esperar a que pasaran las elecciones catalanas. Ahora hay un nuevo obstáculo en el camino, las elecciones madrileñas del 4 de mayo, que congelan cualquier maniobra que se pueda pagar cara en las urnas. Las investiduras fallidas de Pere Aragonès, por falta de acuerdo con Junts, también son un factor de inestabilidad que juega en contra. Hoy por hoy, una repetición electoral sigue siendo plausible en Catalunya.

Desde Unidas Podemos han seguido presionando, sin mucho éxito. Hace dos semanas, en una entrevista en TV3, Jaume Asens exigía al PSOE que no aplazara más la reforma de la sedición del Código Penal, tal como se comprometió. Aseguró que desde su formación seguirían apretando al Ministerio de Justicia para que las elecciones en Madrid no influyan en la cuestión catalana. "No puede ser que para que haya comicios se haga esto. Nosotros seguiremos. Somos muy testarudos", advertía.

La ley de amnistía, tumbada por el PSOE

Había una tercera posibilidad, la ley de amnistía, pero ha sido el mismo PSOE quien ha cerrado la puerta a esta vía. Aferrándose al informe contrario de los servicios jurídicos del Congreso, los socialistas unieron sus votos al PP y la extrema derecha de Vox la semana pasada en la Mesa de la cámara baja. La iniciativa registrada por las cuatro fuerzas independentistas, con el apoyo de entidades de la sociedad civil, no fue admitida a trámite. Ni siquiera ha podido ser debatida en el pleno del Parlamento español. Hay temas que son tabú en Madrid, como la monarquía y ahora también la amnistía.