Pedro Sánchez vuelve este miércoles al Congreso de los Diputados a renovar su confianza. Allí pedirá una quinta prórroga del estado de alarma por el coronavirus, que pretende ser la última. A menos de 48 horas del inicio del pleno, sin embargo, todavía no cuenta con los votos necesarios. Es por eso que se verá más obligado que nunca a negociar los términos concretas. Si bien La Moncloa trabaja con una prórroga hasta el 5 de julio, que se vaya levantando allí donde se superen las fases del estado de alarma, estos términos se podrían ver alterados si busca un pacto con Ciudadanos, que reclama que sea incluso inferior a un mes. Lo mismo pasará con los términos de la "cogobernanza" si con quien quiere llegar a un entendimiento es con el independentismo.
El PSOE quería evitar la situación de la última prórroga, ahora hace quince días, cuando estuvo con la incertidumbre hasta el último minuto. Por eso, ya desde la semana pasada empezó varias negociaciones. Uno de los principales objetivos era rehacer los puentes con ERC y mantener la mayoría que hizo posible la investidura para evitar caer en la inestabilidad de la geometría variable. En los últimos días los dos partidos han acercado posiciones, pero todavía no hay frutos. También ha habido un acercamiento con JxCat y Cs. La Moncloa ha abierto conversas con los dos partido, pero, por ahora, ninguno de ellos ha dicho amén a Sánchez. A dos días de la votación, los números siguen sin salir.
"Si el Gobierno quiere que cambiemos de posición, se tendrán que esforzar más", así lo afirmaba este mediodía la portavoz de los republicanos, Marta Vilalta. A estas alturas los republicanos mantienen el voto contrario a la prórroga, pero siguen negociando con el PSOE y están abiertos a cambiar el voto si se dan "las condiciones". A lo largo de la semana pasada se produjeron tres reuniones telemáticas entre los equipos de negociación de la investidura, la última este domingo por la noche, así como algunos contactos al máximo nivel, y se espera que haya más entre este lunes y martes. Los republicanos están a la espera de recibir el borrador del estado de alarma del gobierno de Sánchez para evaluarlo y preparan varias enmiendas.
El partido dirigido por Oriol Junqueras exige que en la fase de desescalada "la Generalitat recupere el poder de decidir y se acabe el mando único". Este es el punto más importante de la negociación: ERC avisa que Catalunya no puede ser "una gestoría" y no estar pendiente semanalmente de los "exámenes" del ministerio para cambiar de fases. También exigen que se permita a los ayuntamientos gastar los superávits acumulados por finalidades sociales y que haya un permiso laboral retribuido para las familias que tengan menores o personas mayores a cargo. Según fuentes del partido, los socialistas están abiertos a permitir el uso del superávit, sin embargo, de momento, no coinciden en el permiso de conciliación.
Además piden retomar la mesa de diálogo sobre el conflicto político a medida que avancen las fases de desescalda. En este punto, sin embargo, no son tajantes y, a pesar de pedir poner fecha y que no se alargue a después del verano, no lo ponen como condición sine qua non para cambiar el voto del estado de alarma.
JxCat también ha entrado en negociaciones con el Gobierno. Como adelantaban fuentes de la formación a ElNacional.cat, este domingo hubo una conversación –que no es la primera de estos días– entre Laura Borràs y la vicepresidenta Carmen Calvo. Borràs le trasladó sus cinco peticiones. La principal, que el presidente Torra sea nombrado "autoridad competente" en el marco del nuevo estado de alarma. También reclaman que los ayuntamientos puedan utilizar su superávit, una nueva moratoria de impuestos, mecanismos para asegurar los avales del ICO y las prestaciones de los ERTE o ayudas a las que no pueden trabajar porque tienen personas dependientes a su cargo. "Si el nuevo decreto recoge nuestras peticiones, estamos abiertos a cambiar el no", señalan desde JxCat.
Por ahora, Pedro Sánchez ya ha simplificado las autoridades competentes, dejando sólo al ministro de Sanidad, Salvador Illa, y devolviendo las competencias llenas en Interior o Transportes. Por otra parte, después de reunir a sus barones autonómicos este lunes, el PSOE ha prometido dar "más margen de decisión" a las comunidades, sin embargo "compartiendo" las decisiones. El independentismo está a la expectativa de ver como se concreta todo eso en las negociaciones, si hay un compromiso firme o son palabras que se llevarán el viento.
Ciudadanos y el independentismo, aliados excluyentes
Con la baja por maternidad de Inés Arrimadas, al frente del partido ha quedado Edmundo Bal, el exabogado del Estado que quería condenar a los presos políticos por rebelión y que acabó siendo apartado de la causa del 1-O en el Tribunal Supremo. En su primera comparecencia después de la ejecutiva de los lunes, ha dejado claro cuál es su postura: por mucho giro estratégico, no los verán en una fotografía donde también haya ERC o Junts per Catalunya. "Sánchez tiene que escoger", ha sintetizado al portavoz de la formación: o ellos o los independentistas.
Sus diez diputados del Congreso tienen una línea roja: no se puede pactar la reactivación de la mesa de diálogo, que desde que antes de que se constituyera ya denunciaban. En segundo lugar, menos importante, tampoco ven una prórroga de un mes, cuando se comprometieron con La Moncloa a levantarlo tan pronto como fuera posible. Como decía Bal, Sánchez tendrá que escoger entre unos u otros, porque las condiciones de los dos potenciales socios son excluyentes.