Los principales barones del PSOE han dado luz verde a la moción de censura presentada por el secretario general Pedro Sánchez contra el presidente Mariano Rajoy, bajo la condición de que no pacte ni ofrezca concesiones a los partidos independentistas catalanes. Así se han pronunciado dos de sus máximos críticos, como son la presidenta andaluza, Susana Díaz, y el dirigente castellano-manchego, Emiliano García-Page, durante el comité federal celebrado este lunes en Ferraz a las 17h de la tarde, donde ha asistido casi el partido en pleno, unos 260 miembros y han tomado la palabra 22 de ellos.

Díaz había sido especialmente clara a la entrada del cónclave, donde apelado a no hacer "concesiones ni acuerdos" con ERC y PDeCAT. Fuentes socialistas han informado de que ha sido la primera al intervenir y acto seguido se ha marchado para poder volver a Sevilla, aunque sus palabras se han repetido en esta línea en el interior de la reunión. Lo mismo ha dicho García- Page, quien ha asegurado que no sólo no se contaba con los independentistas para gobernar sino que no aceptaría un gobierno de España "dependiente de los independentistas," ha exigido el presidente autonómico.

El hecho es que la demanda de estos dos pesos pesados llega después de las críticas del Partido Popular y del propio Rajoy, insinuando que Sánchez ya buscaría un acuerdo con el president Quim Torra y Carles Puigdemont para sacar adelante la moción. "No sabemos qué quiere hacer. Estará tratando de llegar a algún acuerdo, tendrá que explicarlo él, qué está dispuesto a hacer a cambio, no lo puedo saber" había cargado el jefe del ejecutivo fuertemente este viernes, en su comparecencia pública en la Moncloa. Desde el PP, incluso, acusaban al socialista "de enemigo" del Estado de Derecho.

El propio primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha lamentado que "sólo los muy deshonestos" podrían atribuir al dirigente del PSOE "cualquier interés de hacer un pacto encubierto con los independentistas". "Hay que ser muy deshonestos, hacía tiempo que no veía tanta bajeza moral, tanto robo, sí, pero bajeza moral, no", ha insistido Iceta a puerta cerrada, según fuentes socialistas. El político catalán también ha avalado la moción, por "obligación de higiene democrática", así como una "palanca de cambio" que "les interesaría" a todos. "Sólo los inmovilistas pueden mirar a otro lado, votando en contra o absteniéndose" ha dicho sobre Ciudadanos.

Sánchez, sin embargo, no ha concretado sus apoyos, pero ha avisado a los barones y la oposición sobre que la sentencia que condena al Partido Popular a "título lucrativo" era la "primera de muchas otras", de que permitirían "insinuar el grado de responsabilidad política del PP". El socialista ha apelado, en consecuencia, a la "responsabilidad" de los 350 diputados del Congreso, tres días antes de la moción de censura a Rajoy, ya que todavía quedarían "siete piezas más" del caso, en que pondrían en riesgo la "confianza" de los ciudadanos en las instituciones, ha denunciado. También, ha pedido a los suyos rechazar las críticas sobre aceptar los votos de ERC y PDeCAT.

"En efecto, queda acreditada la caja B" ha dicho Sánchez, quién ha recordado otros casos donde personalidades del PP se han visto implicadas, como "la Lezo, Brugal, los discos duros de Bárcenas, la visita del Santo Pontífice en Valencia," entre otros. "La ciudadanía a la cual se pidieron sacrificios con la crisis, ha visto una cascada de sentencias de hipotéticos casos de corrupción" ha vuelto. Por ese motivo, ha apelado a agotar el tiempo del Ejecutivo. "La democracia española no se puede verse encadenada a la corrupción de un gobierno bunkerizado, que se niega a reconocer la verdad" ha denunciado.

En consecuencia, ha propuesto la moción como un plebiscito de "sí o no" a Rajoy. "¿Merece seguir después de la sentencia de la Gürtel"? ha insistido. Por eso, ha criticado duramente los reproches del Gobierno sobre que quisiera pactar con Torra o Puigdemont. "Nos dicen, o ellos o el caos. No es así: censura, estabilidad y elecciones para que los españoles decidan" es su programa. Así, ha avisado varias veces que garantizaría "el orden constitucional y la convivencia constitucional" para hacer frente a una "emergencia institucional" que a su parecer ha generado el PP, con un gobierno "más preocupado de defenderse ante los tribunales, que a los españoles."