El PSOE celebraba la semana pasada un comité federal acaparado por los críticos a la financiación catalana. En medio de las llamas que dispersaban barones como Emiliano García-Page y Javier Lambán en su entrada y salida de Ferraz, pasó desapercibida una frase de Pedro Sánchez pronunciada en su primera intervención en aquel cónclave socialista. "Avanzaremos con determinación en esta agenda", manifestó después de enumerar medidas sociales para la ciudadanía, "con o sin el apoyo de la oposición, con o sin el concurso de un poder legislativo que necesariamente tiene que ser más constructivo y menos restrictivo". El PP ya se ha lanzado al cuello del presidente del Gobierno. Porque su frase significa, lisa y llanamente, que se abre a eludir el Congreso de los Diputados. El líder socialista, además, no se ha retractado de su frase; en una semana en que el PNV ha tenido un affaire con el PP en la aritmética congresista y Junts ha vuelto a presionar a Pedro Sánchez en materia de inmigración y presupuestos.

Fue el miércoles de madrugada, en una rueda de prensa desde China, cuando Sánchez tuvo la oportunidad de matizar sus palabras. No lo hizo. Recordó, sencillamente, que el PSOE ya "ha sacado adelante reformas" gracias a "tender puentes con el resto de grupos parlamentarios". "Pero el Gobierno no renunciará a su hoja de ruta", añadió en referencia a la agenda social y la política exterior. Delante de los micrófonos, el presidente del Gobierno no explica cuál es el significado de aquella frase. Sí que lo hacen ministros de la alta jerarquía del ejecutivo que preside el líder socialista cuando se apagan las cámaras: "Quiere decir que está obstinado a agotar la legislatura, sea como sea". En privado, señalan que hay "muchas maneras" de seguir gobernando si cada vez que visitas el Congreso de los Diputados te llevas porrazos por parte de tus supuestos socios parlamentarios. Y ponen sobre la mesa el decreto ley; Sánchez ya es, de hecho, el presidente español que más ha recurrido a este mecanismo reservado a los asuntos de urgencia.

El caso es, también, que Sánchez se marchó y ha vuelto de vacaciones con porrazos parlamentarios. El pasado 23 de julio, el PSOE celebraba el primer aniversario del 23-J con una exhibición de debilidad en el Congreso de los Diputados. Junts per Catalunya y PP votaban en contra de la reforma de la ley de extranjería y también de la senda de déficit. Y este pasado miércoles los populares consiguieron que, en contra del criterio del Gobierno, el Congreso se pronunciara a favor del reconocimiento del líder opositor venezolano, Edmundo González Urrutia, como presidente electo del país sudamericano. El PP consiguió sumar al PNV, socio de Sánchez en la cámara baja, a su pinza con Vox. El PSOE acumula ya, desde el inicio de la legislatura, 34 derrotas parlamentarias.

 

La tensión PSOE-Junts

Y mientras Esquerra Republicana está en proceso de refundación (o no, en caso de que se imponga la candidatura de Oriol Junqueras), la tensión con Junts no decrece. Míriam Nogueras advertía el miércoles a la vicepresidenta María Jesús Montero que su formación no ha cambiado de opinión respecto del techo de gasto que ya tumbó el pasado mes de julio. "Si quiere resultados diferentes, haga cosas diferentes", avisaba la líder de los juntaires en Madrid; aparte de disparar contra la financiación singular para Catalunya pactado entre PSC y ERC, porque "no es un concierto ni es tener la llave de la caja". El voto de Junts, al fin y al cabo, es indispensable para cualquier reforma de financiación que tenga que pasar por el Congreso.

La estrategia de la Moncloa en este sentido es ahora amenazar a Junts per Catalunya y PP de presentar a toda costa los presupuestos generales del Estado para 2025, ya sea habiendo tejido todos los acuerdos necesarios previamente o ya sea con una nueva senda de déficit aprobada o tumbada. "Ahora tendrán que ser los alcaldes de Junts los que convenzan al partido", apuntan desde el Ministerio de Hacienda; insisten en que la senda propuesta por el Gobierno beneficia a los ayuntamientos y las comunidades.

Por mucho que Sánchez se haya abierto a gobernar "con o sin el concurso del legislativo", su equipo hace esfuerzos para que no se acentúen las grietas con sus socios. El miércoles, por los pasillos del Congreso corría como la pólvora una reunión de Míriam Nogueras y Félix Bolaños entre las bambalinas de la cámara baja. Y al día siguiente, el mismo ministro comía en Madrid con la cúpula del PNV, después de la aventura de los nacionalistas vascos con los diputados de Alberto Núñez Feijóo.

Inmigración

El jueves, sin embargo, Carles Puigdemont volvía a marcar distancias con Pedro Sánchez. Aparecían publicadas algunas informaciones que apuntaban a un principio de entendimiento entre PSOE y Junts de cara a la delegación de competencias en inmigración. El presidente en el exilio lo desmentía y aseguraba que no se dejaría "engañar" a través de "filtraciones interesadas". Exigía, nuevamente, que la delegación de competencias en esta materia tiene que ser "integral": "Es lo que acordamos".

Junts lleva al Congreso una reforma contra la reincidencia

Precisamente esta próxima semana, Junts llevará al Congreso su reforma del Código Penal y Ley de Enjuiciamiento Criminal. El objetivo es frenar la multirreincidencia. Proponen, por ejemplo, que robar móviles pueda penarse con hasta tres años de prisión. Se trata de uno de los caballos de batalla del PP. De hecho, la cámara baja tiene actualmente en tramitación parlamentaria una reforma del Código Penal impulsada por los populares que fue tomada en consideración también por el PSOE.