En el paquete fiscal que se aprobó hace unas semanas en el Congreso de los Diputados y que, en principio, acabará aprobado de forma definitiva este jueves en esta misma cámara no estaba incluido un impuesto a las empresas energéticas a causa de la negativa de Junts per Catalunya y de PNV. A causa de eso, Esquerra Republicana, Bildu y BNG acordaron con el Gobierno el compromiso de aprobar un decreto ley que prorrogue durante un año más el impuesto a las energéticas que todavía está vigente y que caducará el próximo 31 de diciembre. Podemos fue unos centímetros más allá y pactó con la Moncloa que, aparte de eso, también se creara una mesa entre los partidos que votaron a favor de la investidura de Pedro Sánchez para acordar una proposición de ley que haga el impuesto a las energéticas permanente.

La primera reunión de esta mesa de partidos se produjo el miércoles de la semana pasada. Pero Junts per Catalunya y PNV, que son contrarios a este impuesto, no se presentaron a ella. El resultado de aquel encuentro fue que, ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo entre las formaciones de la investidura, el Ministerio de Hacienda afianzaba su compromiso de sacar adelante el decreto ley. PSOE, Sumar, Podemos, ERC, Bildu y BNG acordaron reunirse una semana más tarde. Este miércoles, sin embargo, Podemos ha decidido no presentarse a la reunión ante el hecho de que tampoco irían Junts y PNV. El resultado del encuentro, según informan republicanos y abertzales en un comunicado, es que el Gobierno afianza su compromiso de aprobar este decreto ley en la reunión del Consejo de Ministros antes de que suenen las campanadas de Fin de Año; la única manera para que el gravamen esté en vigor el 1 de enero del 2025.

El caso es que nada hace pensar que este impuesto esté vigente durante un año más. Porque este decreto ley tendría que ser convalidado en el Congreso de los Diputados al cabo de unas semanas, y todo indica que PNV y Junts lo tumbarán. Habrá que ver si en la prórroga de este decreto ley se incluyen algunos matices que puedan seducir a estas dos formaciones. Los independentistas catalanes, por ejemplo, siempre han sido contrarios a gravar a aquellas empresas que contribuyan a la descarbonización. De hecho, es un compromiso adquirido con el Gobierno; así lo defiende el ejecutivo. Los jeltzales, por su parte, ya advirtieron el pasado noviembre que tumbarán cualquier decreto ley que incluya un impuesto que eluda el sistema del concierto económico.

El Gobierno entiende que su compromiso con Podemos es, sencillamente, intentarlo

Paralelamente, el entorno de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sostiene que el único compromiso adquirido con Podemos es prorrogar el impuesto a las energéticas por la vía del decreto ley; no que después el Congreso lo convalide al cabo de unas semanas. Este mismo miércoles, fuentes de la alta jerarquía del Gobierno insistían en que los socialistas no pueden comprometer el sentido del voto de terceras formaciones cuando negocian con grupos del arco parlamentario.