Junts consigue que Pedro Sánchez acepte la tramitación en el Congreso de la proposición no de ley en la que reclaman que el presidente español se someta a una cuestión de confianza. El pasado mes de diciembre, el presidente de Junts, Carles Puigdemont, anunció desde Bruselas que, ante los incumplimientos del Gobierno, las conversaciones con los socialistas quedaban interrumpidas hasta que Sánchez aceptara someterse a una cuestión de confianza. Sin embargo, el PSOE ha impedido hasta ahora que la proposición se tramite en la Cámara, y a mediados de enero Puigdemont dio también por rotas las negociaciones sectoriales. En el marco de las conversaciones para pactar el decreto con las medidas sociales, los socialistas han aceptado la petición y Junts se ha comprometido a reanudar las negociaciones.
Al ser interrogado sobre este punto, Sánchez ha asegurado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros que el acuerdo incluye lo que dice la Constitución, es decir, "que la decisión de someterse a una cuestión de confianza es competencia exclusiva del presidente del gobierno previa deliberación del Consejo de Ministros". "Y ya les avanzo que este gobierno no ve necesidad de hacerlo", ha remachado.
Después de días de tensión y reproches entre el gobierno del PSOE y Junts per Catalunya tras el rechazo del decreto ómnibus, las dos partes han conseguido cerrar in extremis un acuerdo para la aprobación de un nuevo decreto con las medidas sociales, que incluya la actualización de las pensiones y las ayudas a los transportes públicos, así como medidas sobre desahucios y la cesión al PNV del palacete de París arrebatado por la dictadura franquista.
En el marco de este acuerdo, el PSOE ha aceptado la tramitación de la proposición no de ley, que estaba encallada en la Mesa desde el mes de diciembre después de que los socialistas la hubieran bloqueado dos veces. En un primer momento, el PSOE argumentó que los letrados se oponían a tramitar la iniciativa con el argumento de que el debate de la proposición era en sí misma una cuestión de confianza encubierta y que la decisión de someterse a esta votación es una prerrogativa exclusiva del presidente del gobierno. No obstante, los letrados dieron luz verde a tramitar la iniciativa y dejaron en manos de PSOE y Sumar la decisión.
A mediados de enero, sin embargo, una nueva reunión de la Mesa volvió a aplazar la decisión sobre la tramitación de la proposición no de ley. Fue justo la víspera de la reunión que Puigdemont había convocado en Bruselas con la comisión permanente de su partido y donde anunció la decisión de congelar las conversaciones sectoriales con el PSOE, lo cual hacía inviable, entre otras cuestiones, la aprobación de los presupuestos del Estado.