El drama de la vivienda sigue golpeando Catalunya. Ayer mismo, un hombre se suicidó en Barcelona cuando estaba a punto de ser desahuciado de su casa. En este contexto, a pesar de todo, el Gobierno presentará un recurso contra la ley catalana de vivienda, que regula los precios del alquiler. Así lo ha aprobado el Consejo de Ministros en su reunión de este martes. Mientras tanto, ni rastro de la prometida ley de vivienda estatal, que sigue bloqueada por las fuertes discrepancias entre los ministros José Luis Ábalos e Ione Belarra, que lideran las negociaciones.

Tal como se anunció ayer, el Gobierno ha presentado recurso porque, en base al dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias, consideran que no es "constitucional". No obstante, no han pedido la suspensión automática de la norma, una prerrogativa que tiene el ejecutivo central cuando presenta recursos ante el Tribunal Constitucional. Se mantendrá vigente mientras los magistrados valoran su constitucionalidad.

De hecho, según fuentes conocedoras de las conversaciones, el portavoz de ERC en Madrid, Gabriel Rufián, se puso en contacto el viernes pasado tanto con la vicepresidenta Carmen Calvo como con la portavoz socialista Adriana Lastra. Acordaron que, de momento, no se suspendiera. Los socialistas lo han vendido como un "gesto importante".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz María Jesús Montero ha justificado que no se pide la suspensión porque "en paralelo" se tramitará la ley de vivienda estatal que "incorpora muchos de los elementos" impugnados por vulneración de competencias estatales. Ha insistido que durante seis meses ha habido varios intentos de llegar a un acuerdo con la Generalitat a través de la comisión bilateral.

La ley en cuestión se aprobó el pasado mes de septiembre en el Parlament y contempla que, en los municipios de más de 20.000 habitantes, el precio del alquiler no puede ser superior con respecto al fijado en un contrato anterior y que tampoco podrá sobrepasar el índice de precios fijado por la Generalitat. Sólo queda al margen la obra nueva. En el caso de incumplir la normativa, las sanciones oscilan de los 3.000 a los 90.000 euros.

Críticas del independentismo

Desde el independentismo se ha criticado el recurso, a pesar de que con tonos diferentes. En nombre de ERC, Gabriel Rufián ha lamentado que el Gobierno "incumpla un pacto" llevándolo al TC, pero ha valorado que su grupo haya conseguido que no se suspenda cautelarmente. En cambio, Míriam Nogueras, de Junts, ha denunciado que "todos los gobiernos del Estado, sea PP, PSOE o PSOE y Podemos tienen la mala costumbre de solucionar lo que no ganan en las urnas en los tribunales y ni ellos se creen el estado de las autonomías". En la misma línea, la cupera Mireia Vehí ha cargado contra ERC y comunes, por ver como una "victoria política" la no suspensión.